Recientemente, el agente fiscal Óscar Delfino imputó a la contadora Analia Zaya Martínez por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa y apropiación agravada, por presuntamente valerse de su cargo para quedarse con el dinero de tres contribuyentes por más de 4.470 millones de guaraníes, que debía destinarse al pago de impuestos, según la fiscalía.
El relato del Ministerio Público menciona que Analia Zaya Martínez se desempeñaba como contadora pública de tres contribuyentes vinculados entre sí: Coperxin S.A., Distribuidora Farmacéutica Belvedere y Luis Evaly Battilana, principal accionista de Coperxin.
La contabilidad de los contribuyentes era llevada por la hoy imputada Zaya Martínez, quien facturaba por separado a los tres y tenía acceso exclusivo al sistema Marangatu de la Dirección de Ingresos Tributarios para realizar las presentaciones pertinentes desde 2019 hasta 2024.
Supuestamente, la contadora asignaba montos aleatorios en las boletas de pago de los tres contribuyentes, las cuales eran presentadas posteriormente a la administración de Coperxin como respaldo de compromisos tributarios pendientes. Sobre esa base, solicitaba la emisión de cheques, dinero que no era utilizado para cancelar las cuentas con Tributación; sin embargo, presentaba a la administración de Coperxin S.A. el duplicado con un sello adulterado de pago.
El esquema de fraude, según la fiscalía, fue descubierto por el directorio de Coperxin tras un descuido de la procesada, quien asignó un número y conceptos que no coincidían con el dinero solicitado a la firma. Esto generó una alerta, por lo que el directorio encargó una auditoría impositiva-contable correspondiente al periodo 2019–2024, la cual concluyó que los fondos retirados de Coperxin para el pago de impuestos no fueron utilizados para ese fin.
“De los elementos colectados surge que la imputada no destinó la totalidad de los fondos retirados para el pago de impuestos, alzándose con la significativa diferencia en beneficio propio”, señala en la imputación el fiscal Delfino.
Agrega que, en base a la gravedad del hecho, el monto del perjuicio patrimonial, el peligro de fuga y el concurso de hechos punibles —que eleva la expectativa de pena a la que podría ser condenada—, era necesario aplicar la prisión preventiva a la imputada. Sin embargo, el juez del caso, Francisco Acevedo, le concedió libertad ambulatoria bajo caución juratoria y una fianza personal de solo G 400 millones, ofrecida por un tercero.
