La abogada Alejandra Peralta advirtió sobre un presunto “nuevo modus operandi” que, según afirmó, estaría tomando fuerza en los juzgados de Paz a través de denuncias de violencia doméstica utilizadas para desplazar a adultos mayores de sus propias viviendas.
Peralta sostuvo que en varios casos mujeres que mantienen relaciones con personas de la tercera edad presentan denuncias principalmente por supuesta violencia psicológica y, como consecuencia, los jueces ordenan la exclusión del hogar del denunciado. De acuerdo con la jurista, esto deriva en que el propietario del inmueble quede fuera de su casa mientras la denunciante permanece en la vivienda durante meses, hasta que la medida sea revertida judicialmente.
“La persona mayor termina prácticamente en situación de calle, excluida de su propia propiedad, mientras se tramita un juicio de desalojo o una apelación”, expresó.
La profesional también señaló que existen situaciones similares impulsadas por familiares de los adultos mayores. Según indicó, hijos o nietos recurrirían al mismo mecanismo con el objetivo de apropiarse de inmuebles pertenecientes a abuelos o familiares ancianos.
En ese contexto, Peralta cuestionó la aplicación de la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia. Aclaró que la normativa no es el problema en sí, sino la manera en que algunos jueces de paz estarían aplicando las medidas cautelares.
“La naturaleza de la Ley 5777 era proteger a la mujer contra toda forma de violencia, no violar el derecho a la propiedad privada ni legitimar invasiones de inmuebles mediante resoluciones judiciales de exclusión del hogar”, afirmó.
La abogada alertó además sobre el riesgo de decisiones judiciales apresuradas en casos donde no existiría un análisis profundo de las pruebas o del contexto de los involucrados, especialmente cuando se trata de adultos mayores, considerados sujetos de protección especial por parte del Estado.
Como ejemplo, mencionó que una “pareja circunstancial” podría denunciar violencia al día siguiente de haber compartido una noche con otra persona, logrando eventualmente que el propietario sea apartado temporalmente de su departamento por orden judicial.
Finalmente, Peralta insistió en que el problema radica en la “aplicación sin criterio” de las medidas de exclusión del hogar y pidió mayor responsabilidad por parte de los operadores de justicia al momento de resolver denuncias de violencia doméstica vinculadas a personas adultas mayores.
