La jueza de Garantías de Capital, Clara Ruiz Díaz, resolvió imponer una fianza personal de G. 200 millones a la exagente fiscal Stella Mary Cano, quien enfrenta un proceso penal por el supuesto hecho punible de persecución de inocentes, una causa impulsada por la fiscala de Derechos Humanos, Sonia Sanguinés.
La procesada estuvo acompañada por su abogado el doctor Daniel Lobo, quien ejerce su defensa en el marco de este proceso penal.
La medida fue dispuesta durante la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada en el marco de la investigación que busca esclarecer la actuación de la exrepresentante del Ministerio Público en un procedimiento que tuvo como protagonista al ciudadano italiano Ciro Panniello.
Según la hipótesis sostenida por la Fiscalía, Cano habría intervenido presuntamente de manera irregular mientras Panniello se encontraba privado de libertad. La investigación señala que, en esas circunstancias, la entonces fiscal habría ejercido presión para que el extranjero firmara un acuerdo conciliatorio mediante el cual debía transferir los bienes de la peluquería Diva Divini 2 a favor de su socia.
A raíz de esta situación, surgieron denuncias que derivaron en una pesquisa penal por presunta persecución de inocentes, figura que castiga actuaciones indebidas de funcionarios encargados de la persecución penal cuando estas afectan a personas sin fundamentos legales suficientes.
La fiscala Sonia Sanguinés sostiene que existen elementos que ameritan profundizar la investigación para determinar si hubo un uso irregular de las atribuciones y si durante el procedimiento fueron vulneradas garantías fundamentales del afectado.
El caso ha despertado interés debido a la trayectoria de la exagente fiscal, cuya gestión estuvo marcada por cuestionamientos en distintas actuaciones desarrolladas durante su permanencia en el Ministerio Público.
Actualmente, Stella Mary Cano ya no integra la institución fiscal, tras haber presentado su renuncia para acogerse a la jubilación. No obstante, la salida del cargo no impide la prosecución de la causa penal en su contra.
Con la imposición de la fianza de G. 200 millones, así como otras medidas, la magistrada resolvió las medidas cautelares que regirán para la procesada mientras continúan las diligencias investigativas.
