Un Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado de la Capital resolvió acumular los tres procesos abiertos en la causa conocida como A Ultranza Py, para llevar adelante un solo juicio oral respecto a los hermanos Insfrán y otros acusados.

La acumulación de los procesos se decidió por tratarse de un mismo objeto procesal. Por lo tanto, tanto Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias «Tío Rico» (considerado el líder del esquema), su hermano el pastor José Alberto Insfrán Galeano, como los acusados Conrado Ramón Insfrán Villar, Luis Fernando Severiano González, José Enrique Gamarra Villalba, Juan Carlos Ozorio Godoy, Alexis Vidal González Zárate, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Fátima Irene Koube Ayala, Alberto Koube Ayala, María Noelia Colmán Alarcón, Magno Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, Joceline Odorico Evangelista, Marina Nathalia Aranda Odorico, Luis Iván Estigarribia Alderete, María Virginia Araki y Rodrigo Emilio Montalva Agüero serán juzgados en un solo juicio oral y público.

El tribunal considera que la acumulación de los tres procesos facilitará la realización de un único juicio oral y público para todos los procesados, con lo que se evitará el retardo judicial.

El tribunal ha arbitrado los medios necesarios para notificar a los procesados y preparar este juicio oral de gran envergadura que se llevará a cabo próximamente. El tribunal está integrado por los jueces Dina Marchuk, Federico Rojas y María Luz Martínez.

Según la acusación fiscal, Miguel Ángel Insfrán Galeano lideraba uno de los núcleos del narcotráfico conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza. Por otro lado, estaba el núcleo liderado por el uruguayo Sebastián Marset y, por último, se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfrán contaron con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal”, relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de la mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos para facilitar la carga y posterior salida del país de la droga.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la policía de Uruguay, de la Europol y de la SENAD, con lo que el Ministerio Público pudo cerrar el caso.
Actualmente, Miguel Insfrán se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.
 
 

Este lunes se inició la audiencia preliminar para la exfiscal de San Lorenzo, acusada de haber montado un esquema de fraude en su propia unidad fiscal para extorsionar a los procesados.

Según el Ministerio Público, la acusada supuestamente lideraba un esquema para pedir dinero a cambio de salidas alternativas al juicio oral o bien formular imputaciones. El Ministerio Público sostiene que Girala llegó a pedir incluso vía WhatsApp, para equipar su quincho.

Además de Ana Girala, también fueron acusadas en esta causa sus funcionarias: Christi Magalí Ortega, Griselda Beatriz Acha, Liz Elena Martínez, Nélida Vicenta Alcaraz y Marcos Aurelio Velázquez.

La acusación revela el esquema delictivo montado en la misma unidad fiscal de San Lorenzo, donde supuestamente estaban involucrados la agente fiscal, las funcionarias y los abogados, según la fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp, y no se limitaron a un solo caso en el que negociaron salidas procesales.

El escrito de acusación menciona que este caso no fue un hecho aislado, sino uno de los varios que cayeron víctimas del esquema y que participaron activamente y de manera continua en el hecho investigado.

Este proceso investigativo se inició con la denuncia de una persona a quien le solicitaron G. 25.000.000 a cambio de una salida procesal. Sin embargo, esta persona optó por denunciar el acto de corrupción, lo que permitió desmantelar este esquema gracias a la denuncia y la intervención de la fiscalía en una entrega vigilada.

La agente fiscal fue acusada por persecución de inocentes, coima, extorsión y asociación criminal. La audiencia se inició con las cuestiones incidentales, en las que las defensas han cuestionado la acusación del Ministerio Público.

El tribunal de sentencia lo preside la jueza Yolanda Morel y lo integran Ana Rodríguez y Karina Cáceres.

El Ministerio Público acusó y solicitó juicio oral y público para Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

La agente fiscal de Caacupé, Zulma Benítez, acusó en su momento a Eugenio María Sanabria Vierci por los hechos punibles de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Familiares de las víctimas de este trágico accidente lamentaron la posición del Ministerio Público al no acusar a Sanabria Vierci por dolo eventual para aumentar los años de cárcel, como lo esperaban. “Ya sabemos que el Ministerio Público no busca una condena ejemplar para este criminal”, señaló Nancy Jaquet, hermana de una de las víctimas.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 12:25 horas, en la vía pública, sobre la denominada Eco-vía que une las ciudades de San Bernardino y Luque. El vehículo guiado por Sanabria Vierci, en una curva, habría ingresado al carril contrario, colisionando de manera frontal y violenta contra el automóvil Kia Picanto, de color rojo, en el que viajaba una familia. Tres de los cuatro ocupantes del rodado fallecieron, mientras que una niña resultó con lesiones.
Así también estuvo involucrado en el percance un automóvil de la marca Hyundai HB20, de color gris, en el que viajaban tres personas. Una de ellas falleció y los demás fueron derivados a centros asistenciales.

Los fallecidos fueron identificados como: Osvaldo Darío Jaquet Valdez, de 39 años de edad; su esposa Kristin María Blumenröther, de nacionalidad alemana; y el hijo pequeño de ambos. La hija que también iba a bordo resultó con lesiones. La otra víctima fatal es Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años.

La prueba de alcotest realizada al conductor del automóvil Hyundai HB20 arrojó resultado de 0,000 mg/l. Sin embargo, la prueba de Eugenio Sanabria Vierci resultó positiva con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.

El juez de la causa deberá fijar fecha de audiencia preliminar para el acusado, quien se encuentra en arresto domiciliario, aguardando la diligencia donde se discutirá la elevación del caso para el debate oral.

La jueza Cynthia Lovera ha citado para el 9 de junio a Luis Augusto Montanaro Bedoya para su audiencia preliminar, quien enfrenta acusaciones por la amenaza a la agente fiscal Ruth Benítez y a la denunciante en su causa «Duck Sex Games».

Según la acusación, fue el propio Montanaro quien se acercó a una florería, desde donde se habrían enviado los ramos con los escritos de amenaza. Las imágenes de circuito cerrado, en las que se observa al imputado, lo comprometen aún más.
Montanaro habría buscado con este “mensaje” amedrentar a la agente fiscal y a la denunciante de su primer caso principal, cuyas imágenes habría publicado sin autorización.

Montanaro Bedoya está indiciado por haber compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso que ya fueron sometidas a pericia, entre ellas el teléfono celular del imputado, que ofreció para la búsqueda de elementos que corroboren la sospecha que pesa sobre el empresario, quien sostiene su inocencia. Sin embargo, hoy cuenta con otra causa por coacción contra la fiscal que lleva su caso.
 

Este viernes, la agente fiscal Karina Caballero allanó las oficinas donde opera la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) para retirar evidencias.

El Ministerio Público logró incautar diversos documentos y computadoras que serán sometidas a pericia en el marco del proceso abierto contra directivos de esta entidad, presuntamente involucrados en la mafia de los pagarés.

Este caso también involucra al juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, imputado por prevaricato y otros hechos punibles. Tanto él como sus funcionarios serían cómplices directos de las casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés falsificados.

Se ha informado que, en estos juicios tramitados ante el juez, también se habrían simulado las notificaciones a los funcionarios demandados del SNPP, quienes fueron víctimas de esta perjudicial mafia de los pagarés.

El Ministerio Público sostiene que estos procesos ejecutivos, iniciados en el Juzgado de Paz de la Recoleta, habrían sido promovidos y tramitados en evidente connivencia entre los representantes legales de las casas de crédito y ciertos funcionarios judiciales del mismo juzgado.

Según el detallado relato de la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022, directivos de las casas de crédito SERFIN S.A. y PRESTO S.A. habrían adulterado fechas de emisión y vencimiento de pagarés ya cancelados para utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez.

La imputación señala que las actuarias del juez, Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, habrían incurrido en graves irregularidades procesales en el marco de juicios de preparación de acción ejecutiva promovidos contra asociados de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, al tramitar pagarés adulterados por cuentas íntegramente canceladas, sin notificar debidamente a los afectados.

“A pesar de que muchos de estos créditos ya se encontraban íntegramente cancelados según los registros de descuentos salariales, las casas de crédito iniciaron acciones judiciales contra los asociados, y no contra la Asociación.

Por otra parte, se ha detectado que las notificaciones cursadas a los demandados no cumplían con los requisitos formales establecidos en el ordenamiento procesal vigente. Por el contrario, constituían lo que comúnmente se denomina ‘notificaciones voladoras’, es decir, diligencias que simulan cumplir con las formalidades legales pero que, en la práctica, no garantizan el efectivo conocimiento del proceso por parte de los demandados”, señala la imputación de la agente fiscal Karina Caballero.

Sigue diciendo la Fiscalía que todo indica que esta forma de conducción procesal habría sido deliberadamente diseñada para impedir la comparecencia oportuna de los demandados, con la finalidad de obtener, en su ausencia, embargos ejecutivos sobre sus haberes.

Además de Víctor Nilo Rodríguez y sus funcionarios, fueron imputados Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes (presidente de la firma Presto), y María Belén Cartes (directora titular de la misma firma). La lista de imputados continúa con Gloria Isabel Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano.

En 296 páginas, el Ministerio Público relata la conducta de los implicados en este nuevo proceso abierto contra el juez Víctor Nilo Rodríguez y otros imputados, así como la conducta delictiva de los directivos de la Asociación de Funcionarios del SNPP, por otros hechos irregulares en su administración.

Las víctimas del esquema, a través de su vocera Blanca Mello, pidieron al Poder Judicial acelerar los trámites para detener los descuentos compulsivos que persisten en perjuicio de los funcionarios del SNPP.
 
 

Recientemente, la Cámara de Apelaciones habilitó al juez para revocar las medidas y ordenar la prisión de aquellas personas que están dilatando exageradamente el proceso penal abierto por narcotráfico y lavado de activos.

Tras esta decisión, el juez Miguel Palacios vuelve a citar a los acusados Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña, Ulises Quintana y otros imputados para el próximo 22 de mayo, con el objetivo de llevar adelante la audiencia preliminar que lleva años en esta etapa.

Han transcurrido más de siete años y, hasta ahora, no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso.

Además, el Ministerio Público presentó la acusación, pero esta fue considerada no presentada debido a que no se acompañaron las evidencias requeridas. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación fue presentada fuera de plazo y remitió el expediente a la Fiscalía General para su nueva acusación.
«Cucho» Cabaña fue acusado por la Fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos del Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunas, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.
 

La defensora pública de la ciudad de Lambaré, Claudia Vázquez, expresó su sorpresa ante la denuncia de una atención deficiente, señalando que la víctima fue atendida fuera del horario laboral. Además, mencionó que ya se han planteado acciones ante el juzgado para asistirla en su caso.

Vázquez destacó que su equipo está altamente comprometido con su trabajo, al igual que ella, y que los requisitos solicitados a las personas víctimas de este esquema son los mismos que exige el Ministerio Público.

Aclaró que, aunque se solicitó a la docente jubilada Laura Mercedes Benítez el certificado de vida y residencia, no significaba que ella debía regresar desde Villarrica para este efecto, ya que se le comunicó que su colega en esa zona le acercaría el documento para evitarle molestias.

Comentó que en todo momento se le explicó a la víctima los trámites para iniciar el proceso de levantamiento de los embargos y que ellos se encargarían de todo, siendo necesario documentar absolutamente todo para evitar contratiempos a la hora de litigar.

Lamentó que desde la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado no se explique a las víctimas que el levantamiento de los embargos no se logra de inmediato. Indicó que se debe hacer la presentación con todos los documentos requeridos, como la copia de cédula de la víctima, de sus testigos, del origen del expediente y qué comercial o negocio es el reclamante, así como el certificado de vida y residencia (por exigencia del Ministerio Público).

“Me sorprendió la denuncia porque todo se le hizo a ella, se le atendió bien y preparamos los escritos; se le hizo completar la ficha de atención, hicimos el escrito para pedir la copia al juzgado, también el escrito para tomar intervención en el expediente y el escrito para litigar sin gastos. Ella vino alterada y yo la entiendo, pero vienen con un discurso del Senado; coincidentemente, las tres personas que vinieron de la Comisión, vinieron con un discurso de cualquier cosa y denunciaron a la prensa. Lastimosamente, en el Senado, de manera maliciosa, le instan a la gente a denunciar sin explicarles cómo es el proceso, como si nosotros en un día ya tuviéramos que solucionarles el embargo, eso lleva su tiempo y no depende solo de nosotros”, sostuvo la defensora.

Por último, dijo que explicó lo mismo a quienes auditan su oficina ante la denuncia de la docente y reiteró que lleva 17 años en la Defensa Pública y que nunca tuvo un inconveniente de maltrato a ningún usuario. Añadió que ha solicitado incluso que, si es mejor parecer de sus superiores, la aparten del caso, pero que ella tiene toda la predisposición de ayudar a quienes acuden a la Defensa Pública.