La especialista en derechos humanos, Alejandra Peralta Merlo, solicitó a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que establezca un precedente en la causa que involucra al medio de comunicación RDN y al empresario Christian Chena, recordando a los jueces que está prohibida la censura previa.

Peralta destacó la relevancia de que la Corte proteja el derecho a la libertad de expresión y subrayó la necesidad de enviar un mensaje claro a los magistrados para evitar decisiones arbitrarias que puedan silenciar a la prensa.

“Si realmente la máxima instancia quiere dar un mensaje claro sobre la censura previa, esta es la oportunidad”, afirmó la abogada, quien busca la nulidad de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que absolvió a la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca.

Peralta comentó que, una vez anulado el fallo del JEM, este órgano debería someter a un análisis más profundo las pruebas presentadas, en las que se evidencia una censura previa tanto al medio de comunicación como a su propietario, Christian Chena.

La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta contra la decisión del JEM, que resolvió rechazar “in limine”, es decir, sin estudiar la acusación presentada por Chena contra la jueza, quien le impuso una prohibición amparada en la Ley de Protección Integral a las Mujeres para censurarlo a él y a su medio de comunicación.

Peralta recordó que, en este caso, han recusado a los ministros Manuel Ramírez Candia y César Garay, quienes integraron el JEM como representantes de la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos había declarado que no se había violado la libertad de expresión al censurar al medio de comunicación RDN, por lo que solicitan que se aparten del caso.

El 17 de febrero pasado, tanto Christian Chena como su abogada fueron notificados de la sentencia absolutoria emitida por el JEM en el marco de la denuncia realizada contra la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, por haber impuesto censura contra el medio RDN y el empresario.

El 12 de enero de 2024, la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, censuró al empresario Christian Chena y a su medio digital RDN tras la publicación de un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). La medida, dictada al amparo de la Ley N.º 5.777/16 de Protección Integral a la Mujer, prohibió durante 365 días cualquier comentario que involucrara a Giselle Mousques, esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, quien fue aludida como presunta recaudadora de porcentajes en licitaciones.

El video en cuestión hacía referencia a supuestas prácticas corruptas, lo que motivó a Mousques a denunciar a Chena y a RDN, alegando que la publicación constituía “violencia contra la mujer”. Sin embargo, el contenido replicado tenía un evidente interés público, relacionado con denuncias de corrupción, afirmó la abogada.

La jueza Gloria Machuca, en su fallo inicial, ordenó a Chena y a RDN abstenerse de realizar publicaciones sobre Mousques en redes sociales y medios digitales. Esta medida fue revocada en apelación por la jueza de Primera Instancia Rossana Frutos Olguín, quien argumentó que la resolución de Machuca constituía una censura previa, prohibida en un sistema democrático.

Frutos Olguín enfatizó que el material difundido por Chena y RDN estaba protegido por la libertad de expresión y que el Estado debe evitar imponer restricciones indebidas a la difusión de información de interés público. Sin embargo, Mousques promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución, que aún no ha sido resuelta por la Sala Constitucional.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación planteada por el suspendido juez Amado Yururam Díaz contra los integrantes de la Cámara de Apelación integrada por Rosana Ortiz, Denis Maccorito y Ricardo Gosling.

Con esto, los camaristas están habilitados a resolver los incidentes pendientes en la causa, los cuales impiden que hasta la fecha se desarrolle la audiencia preliminar al magistrado, acusado de supuestamente haber acosado a una limpiadora.

El Ministerio Público acusó al juez de Sentencia de Boquerón, Amado Arsenio Yururam Díaz, por acoso sexual. Asegura que, con los elementos colectados, se probó que el juez acosó a la funcionaria del juzgado, abrazándola y besándola sin su consentimiento.

El Ministerio Público sostiene que cuenta con suficiente material probatorio, como el video de circuito cerrado, informes, la denuncia formulada por el ministro César Garay, entre otros elementos, y solicita al juzgado que los admita para un eventual juicio oral.

El juez se encuentra suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la presunta comisión de un hecho punible. En varias oportunidades, la CSJ ha ratificado la suspensión del magistrado, quien también recibió una sanción disciplinaria de arresto por indisciplina en el ejercicio de su propia defensa.

La docente jubilada Laura Mercedes Benítez, una de las tantas víctimas del esquema criminal de la mafia de pagarés, recurrió al Ministerio de la Defensa Pública en busca de una solución a sus procesos de embargo. Sin embargo, según denunció, le pusieron trabas para no asistirla.

El viernes 9 de mayo viajó desde Villarrica hasta la Cámara de Senadores en busca de asistencia de la Comisión Antimafia de Pagarés, donde fue atendida y orientada sobre sus juicios de embargo.

Posteriormente, acudió al Ministerio de la Defensa Pública en Lambaré, ya que tiene embargos en el Juzgado de Paz correspondiente a esa circunscripción. No obstante, denunció una pésima atención por parte de los funcionarios, y especialmente de la defensora pública Claudia Vázquez.

La víctima lamentó que nuevamente tenga que peregrinar por instituciones que han ofrecido públicamente ayuda a las víctimas, pero que en la práctica obstaculizan el ejercicio de la representación legal, expresó la docente.

Agregó que incluso le solicitaron algunos requisitos, como el certificado de vida y residencia, para que pueda ser asistida por la Defensa Pública, lo cual la obligaría a volver a su ciudad para tramitar el documento y regresar nuevamente a Lambaré.

La atención prioritaria a las personas de la tercera edad, quienes se encuentran como víctimas de esta descomunal estafa, debe ser una prioridad para el Ministerio de la Defensa Pública, que articula reuniones, pero cuyos defensores no actúan con la diligencia debida, lo que hace que estas personas sufran en carne propia el desinterés institucional.

La violencia institucional no debe permitirse de ninguna manera. Si realmente existe un interés por parte de la Defensa Pública en ayudar a las víctimas, debe evitar cualquier barrera que implique una dificultad para quienes buscan su asistencia, a fin de evitar que sigan sufriendo los injustos descuentos que padecen.

La Cámara de Apelación Penal, integrada por los camaristas Arnulfo Arias, Digno Arnaldo Fleitas y José Waldir Servín, recomienda al juez Miguel Palacios revocar las medidas otorgadas a los procesados que dilatan el proceso e impiden que la audiencia preliminar se desarrolle.

Asimismo, la alzada recuerda al magistrado el poder disciplinario que posee para sancionar a los abogados que abusan de los recursos legales para dificultar la realización de la audiencia preliminar.

Por lo tanto, recomiendan al juez Miguel Palacios adoptar las medidas correctivas necesarias para continuar con la diligencia, que por años se encuentra en la etapa preliminar sin poder avanzar.

“La dificultad en la realización de la audiencia preliminar en esta causa se refleja en la utilización indiscriminada de los recursos procesales, bajo el pretexto de errores, que han servido para entorpecer el trámite normal del juicio, sin sanción a quienes han abusado de sus prerrogativas legales evitando el juzgamiento de la presente causa, vicio que el juez debe corregir”, advierte la Cámara de Apelaciones.

La pregunta que queda es la siguiente: ¿por qué se es tan permisivo con los planteamientos sucesivos e ilegales? ¿Por qué se permite que tanto los procesados como los abogados sigan incidentando el proceso?

Han transcurrido más de siete años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso.

Sumado a que el Ministerio Público presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la Fiscalía General para su acusación.

Reinaldo “Cucho” Cabaña fue acusado por la Fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.