El docente y abogado penalista José Fernández Zacur, en conversación con Judiciales Net, lamentó la falta de preparación de los operadores del sistema, quienes tienen exigencias mínimas para ser designados como fiscales o jueces. Dijo que este es uno de los principales problemas que enfrentan los abogados al litigar en los tribunales.
Mencionó que existe una justicia imprevisible, y que la respuesta a cada planteamiento ante el sistema judicial es un misterio, cuando en realidad los magistrados debieran sentar jurisprudencia al emitir sus decisiones.
Agregó que a esto se suma la sobrecarga laboral, que impide a los jueces fundamentar debidamente sus fallos.
Señaló que muchos no analizan en profundidad los incidentes planteados por los abogados porque ya están pensando en la siguiente audiencia, una situación recurrente en las audiencias orales.
Reconoció que se ha avanzado mucho en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, pero que estos avances resultan insuficientes, ya que no van de la mano con las exigencias que imponen los nuevos tiempos.
“Siguen los mismos vicios de siempre. Se nota que hay voluntad por parte de las cabezas, pero una voluntad que, lastimosamente, no puede avanzar conforme avanza la necesidad del sistema real de justicia. Se acabaron aquellas épocas de los grandes magistrados en quienes uno ponía su total confianza y de quienes no se desconfiaba ni un milímetro de lo que decían; bien o mal, era producto de su conciencia. Eso ya no existe más: cualquiera es juez, cualquiera es fiscal, salvando las honrosas excepciones”, señaló Fernández Zacur.
Agregó que la precariedad no permite avanzar, ya que el presupuesto asignado a ambas instituciones no permite elevar la calidad de justicia ni brindar una adecuada respuesta al justiciable, para quien afrontar un proceso penal es una tortura: agobiante, estigmatizante, largo y penoso.
Reiteró que la precariedad es visible no solo en la formación de los operadores del sistema, sino también en la infraestructura y los recursos humanos, ya que existen juzgados con una sola secretaria, un oficial de justicia y un dactilógrafo, que deben tramitar entre 2.000 y 3.000 expedientes.
Por último, el abogado manifestó que lo que más preocupa a las personas procesadas que recurren a su despacho es el temor ante la incertidumbre de su situación: “Estar procesado en nuestro país es tan agobiante cómo estar condenado. Hay muchos clientes que te dicen: ‘Yo quiero que esto termine nomás ya, y saber si me van a condenar y cuánto, pero quiero terminar el proceso’”, aseguró.
