El juez penal de garantías, Yoan Paul López, declaró la prescripción de los hechos y sobreseyó definitivamente al exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola, quien enfrentaba acusaciones por lesión de confianza.

Filizzola compareció en tribunales para su audiencia preliminar, donde se puso fin a un proceso judicial que se extendió durante 12 años. La causa investigaba presuntos hechos de corrupción vinculados a la licitación de 1.200 millones de guaraníes para la reparación de comisarías en Asunción.

El abogado de Filizzola, Guillermo Duarte Cacavelos, argumentó que el prolongado proceso se debió a múltiples recusaciones impulsadas por el Ministerio Público. Según Duarte Cacavelos, los fiscales Aldo Cantero, Federico Espinosa e Igor Cáceres interpusieron hasta cinco recusaciones, afectando incluso a ministros de la Corte Suprema como Miguel Oscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay. Este último fue recusado en dos ocasiones, y la jueza Alicia Pedrozo también fue objeto de recusación.

Con esta actitud, el propio Ministerio Público, encargado de la persecución penal, hizo que el caso llegara a la etapa de prescripción por el transcurso del tiempo sin que exista sentencia.

«Con todas estas recusaciones, fueron ellos los que trabaron y permitieron el transcurso del plazo de duración de la prescripción de la sanción penal, que ahora fue declarada por el magistrado Yoan Paul López», explicó el abogado.

Duarte Cacavelos calificó la actuación del Ministerio Público como una «inconducta procesal» y aseguró que la decisión del juez estaba ajustada a derecho. Además, destacó que este caso es inédito en cuanto a la estrategia de recusación utilizada por los fiscales adjuntos.

Agregó que los fiscales no presentaron ni un solo urgimiento a la Corte Suprema de Justicia para impulsar el proceso en el que buscaban la condena del exministro del Interior.

Este sobreseimiento definitivo marca el cierre de un capítulo judicial que generó debate sobre el manejo del sistema de justicia y los mecanismos de recusación utilizados en procesos de alta relevancia política, donde, como se observa, es un caso más donde se ha montado un proceso judicial con argumentos no jurídicos y con otra finalidad.

El juez Humberto Otazú, a pedido del fiscal, decretó medidas alternativas a la prisión para cuatro abogados de empresas de cobranzas imputados en el proceso que investiga la mafia de los pagarés.

El magistrado estableció una fianza de 200 millones de guaraníes para cada abogado imputado, la prohibición de salir del país y la firma de un libro ante el juzgado. Los procesados no podrán cambiar de domicilio sin autorización judicial.

Los afectados por las medidas son los abogados: Félix Oscar Gill Stumpfs y Ángel Aníbal Cino Isnardi, de la empresa NEXO, de Cobranzas Eficientes y Oportunas S.A.; Eliana Marcela Rodríguez Paredes, de la firma CARSA; y Mario Gabriel Rojas Ayala, de la Cooperativa San Cristóbal.

Todos enfrentan cargos por uso de documentos públicos de contenido falso e instigación al delito de prevaricato. Los abogados procesados forman parte del primer grupo de imputados que lleva adelante el equipo fiscal.

Los fiscales asignados en esta causa, además de Belinda Bobadilla, son Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes investigan la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de la Capital.

La denuncia menciona que se creó un esquema criminal para despojar de sus haberes a profesionales jubilados o activos por cuentas ya canceladas y con documentos que no cumplen con las mínimas exigencias para ser ejecutados; sin embargo, ya sirvieron para los descuentos compulsivos.

También se señala la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz. Con el allanamiento realizado en el lujoso departamento ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se comprobó esta situación.

La Corte Suprema de Justicia emitió una nueva resolución en el marco de la implementación del expediente electrónico en los juzgados de Paz de La Recoleta y Villa Morra. Se recomienda notificar por cédula en el domicilio real a los demandados para asegurar que los mismos sepan de sus demandas y puedan gestionar sus usuarios.

A semanas de haberse implementado el expediente judicial electrónico en estos juzgados, la máxima instancia hace una nueva indicación a los jueces para fortalecer los controles contra la conocida mafia de los pagarés.

En ese sentido, se sugiere a los jueces que ya operan con el EJE poner una leyenda en la primera resolución emitida al iniciar el proceso de demanda con la siguiente inscripción: “Se comunica a las partes intervinientes que tienen asignado un usuario personal para acceder al sistema electrónico de procesos judiciales, debiendo acudir ante la Dirección General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones, dirigiéndose con la documentación requerida al correo electrónico asistencia@pj.gov.py o de forma personal, para la recepción de la contraseña asignada al usuario. Hasta tanto no se retiren las credenciales, todas las notificaciones electrónicas se generarán válidamente en el usuario asignado al abogado interviniente, independientemente del rol de patrocinante o apoderado que ostente, de conformidad a la Acordada N.º 1798/2025 de la Corte Suprema de Justicia.”

Igualmente, se sugiere que esta primera resolución sea notificada personalmente o por cédula en formato papel en el domicilio real de las partes, a fin de que estas tomen conocimiento efectivo de la posibilidad de acceder a su usuario personal.
Con la figura del usuario parte en todos los juicios tramitados en los juzgados del país, especialmente en los juzgados de Paz, la idea es dar participación directa e inmediata al ciudadano afectado desde el inicio del juicio.

La Corte Suprema de Justicia ha aprobado una acordada por la cual se implementa el usuario parte, un mecanismo que tiene como propósito impedir que los juicios continúen sin que el afectado haya sido notificado o informado sobre su proceso.

El objetivo principal es que el usuario tenga acceso directo al expediente de forma remota desde su celular y conozca de primera mano todos los detalles del caso desde el inicio del proceso, para evitar que las notificaciones lleguen solo al abogado o, en algunos casos, no lleguen al afectado por ninguna vía, como se sospecha que ocurrió en la causa denominada “mafia de los pagarés”.

La Corte destaca la implementación de esta herramienta en plena etapa de investigación penal que salpica a los juzgados de Paz de la Capital, los cuales atraviesan por una crisis tras descubrirse un esquema de estafa serial con pagarés.
 

Después de varios meses de espera, la justicia española finalmente aprobó la extradición de Gianina García Troche, detenida en julio de 2024 en España por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico, en el caso conocido como A Ultranza Py.

García, es la esposa del narcotraficante más buscado en los últimos tiempos, el uruguayo prófugo Sebastián Marset, considerado líder de una estructura internacional vinculada al crimen organizado.

Su posible arribo a nuestro país fue confirmado por la jueza especializada en el fuero de crimen organizado, Rosarito Montanía. Su traslado está previsto para el 20 de mayo, si no existen más contratiempos.
La magistrada Montanía explicó que el proceso de extradición ya está coordinado, con agentes de Interpol Paraguay que serán los encargados de ir hasta España y traerla al país.

La seguridad del traslado de la procesada estará a cargo de las autoridades policiales de España hasta el aeropuerto. Posteriormente, será entregada a los agentes policiales de Interpol Paraguay, quienes la escoltarán hasta su llegada al país, donde quedará a disposición del Ministerio Público y del Juzgado.

«En el aeropuerto estaremos representantes del juzgado, Ministerio Público, Policía Nacional y personal médico acreditado por la Corte Suprema de Justicia. Luego convocaremos a la procesada para su audiencia de imposición de medidas, donde se decidirá sobre su medida cautelar. Los gastos del pasaje van por cuenta de la justicia paraguaya», explicó la jueza Rosarito Montanía.

El vuelo será directo y sin escalas, asegurando un traslado eficiente. Con su llegada, García Troche deberá enfrentarse a la justicia paraguaya y al proceso en su contra por lavado de dinero, vinculación con el narcotráfico y otros delitos financieros.

La abogada Alejandra Peralta Merlo, quien representa al empresario Christian Chena y a su medio de comunicación RDN, presentó el primer urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema en el marco de la acción planteada contra la decisión del JEM que absolvió a la jueza de Paz Gloria Machuca.

Peralta Merlo señaló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe tomar una pronta decisión, ya que está obligada a cumplir con los plazos procesales y a evitar que los casos queden archivados en los cajones de los ministros de la máxima instancia.

Agregó que la Corte debe sentar un precedente en este caso, relacionado con la censura previa aplicada al medio de comunicación RDN y a su propietario, Christian Chena, a quienes se les impidió realizar cualquier tipo de comunicación respecto a un hecho de interés público.

La acción de inconstitucionalidad fue entablada contra la decisión del Jurado, que resolvió rechazar “in limine” —es decir, sin estudio de fondo— la acusación presentada por Chena contra la jueza, quien le impuso una prohibición amparada en la Ley de Protección Integral a las Mujeres para censurarlo a él y a su medio de comunicación.

La profesional recordó que, en este caso, han recusado a los ministros Manuel Ramírez Candia y César Diesel, quienes integran el JEM como representantes de la CSJ. Uno de ellos había declarado que no se había violado la libertad de expresión al censurar al medio de comunicación RDN, por lo que solicitan que se aparten del caso.

El 17 de febrero pasado, tanto Christian Chena como su abogada fueron notificados de la sentencia absolutoria emitida por el Jurado en el marco de la denuncia realizada contra la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, por haber impuesto censura contra el medio RDN y el empresario.

El 12 de enero de 2024, la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, censuró al empresario Christian Chena y a su medio digital RDN tras la publicación de un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). La medida, dictada al amparo de la Ley N.º 5.777/16 de Protección Integral a la Mujer, prohibió durante 365 días cualquier comentario que involucrara a Gisele Mousques, esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, quien fue señalada como presunta recaudadora de porcentajes en licitaciones.

El video en cuestión hacía referencia a supuestas prácticas corruptas, lo que motivó a Mousques a denunciar a Chena y a RDN, alegando que la publicación constituía “violencia contra la mujer”. Sin embargo, el contenido replicado tenía un evidente interés público, relacionado con denuncias de corrupción, afirmó la abogada.

La jueza Gloria Machuca, en su fallo inicial, ordenó a Chena y a RDN abstenerse de realizar publicaciones sobre Mousques en redes sociales y medios digitales. Esta medida fue revocada en apelación por la jueza de Primera Instancia Rosanna Frutos Olguín, quien argumentó que la resolución de Machuca constituía una censura previa, prohibida en un sistema democrático.

Frutos Olguín enfatizó que el material difundido por Chena y RDN estaba protegido por la libertad de expresión y que el Estado debe evitar imponer restricciones indebidas a la difusión de información de interés público. Sin embargo, Mousques promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución, que aún no ha sido resuelta por la Sala Constitucional.

La abogada Noelia Núñez, quien representa a numerosas víctimas del esquema, señaló que participa de la audiencia pública con el fin de ejercer una representación real de las víctimas y de que las leyes brinden seguridad jurídica no solo a los afectados, sino también al país.

Mencionó que es clave emitir leyes que sean aplicables y que contemplen todas las aristas, sin lagunas, para su correcta aplicación como mecanismo de protección a las víctimas de esquemas como la mafia de pagarés.

Dijo que en la Cámara de Diputados se elabora un proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, y que fue invitada para brindar su criterio jurídico sobre la cuestión.

Comentó que la iniciativa en particular busca modificar el Código Procesal Civil y aplicar sanciones a quienes impulsan procesos fraudulentos, como ha ocurrido con la mafia de pagarés, que tiene sus raíces en el propio sistema de justicia.

“Esta desnaturalización del derecho, la inseguridad jurídica y la falta de credibilidad que ha generado este caso en el sistema, esta corrupción que imperó, puede ser reivindicada con normativas y modificaciones que sirvan para llevar adelante procesos ajustados a la ley y no en detrimento de los más vulnerables”, acotó la profesional.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Diputados con el fin de abordar una iniciativa con 23 artículos, que busca regular y estandarizar el registro de pagarés o títulos de crédito, con el fin de proteger estos documentos y evitar su doble utilización con fines ilícitos.

El equipo fiscal asignado a la investigación de un esquema montado con la complicidad de los propios jueces de Paz de la Capital ha formulado imputación contra los jueces Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot. La imputación también alcanza a actuarios, ujieres y abogados litigantes en los juzgados afectados.

Los jueces fueron imputados en calidad de autores por prevaricato y, en calidad de cómplices, por uso de documentos públicos de contenido falso. Se sospecha que los magistrados, suspendidos en sus funciones, formaban parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos mediante pagarés por cuentas ya canceladas y, en algunos casos, con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos legales para ser ejecutados.

La lista de imputados por el Ministerio Público asciende a 70 personas, quienes integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial, donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados con juicios ejecutivos por parte de los jueces de Paz hoy imputados, que han permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas con absoluto descaro, y que trabajadores humildes terminen gravemente perjudicados en sus ingresos por los descuentos compulsivos.
 

El Ministerio de Justicia continúa buscando acuerdos con el fin de lograr que la mayor cantidad posible de personas privadas de libertad accedan al beneficio de la reinserción social.

Con ese objetivo, ha firmado un acuerdo con la Unión Industrial del Paraguay (UIP) y la Asociación de Gráficas del Paraguay, que permitirá generar oportunidades laborales dignas para los internos condenados dentro del sistema penitenciario.

En una mesa de trabajo celebrada recientemente, representantes de las tres organizaciones ultimaron detalles para la firma del convenio, destacando el compromiso del sector privado en contribuir a la rehabilitación y reintegración social de las personas privadas de libertad.

Entre los participantes de este encuentro estuvieron Jean Paolo Barchini, presidente de la Asociación de Gráficas del Paraguay; Lorena Méndez, vicepresidenta de la Unión Industrial del Paraguay; Guido González Cárdenas, jefe del Departamento de Producción; y Omar Safuán, jefe del Departamento de Gestión Penitenciaria.

Este convenio representa una oportunidad para fortalecer la integración laboral y fomentar la capacitación de los internos, contribuyendo a su preparación para la vida fuera del sistema penitenciario.

La Corte Suprema de Justicia aprobó el uso de dispositivos electrónicos en el fuero penal especializado en delitos económicos, a propuesta de la Oficina Técnica Penal (OTP).

Se aclara que estos mecanismos de control serán implementados en delitos específicos, con un listado del que dispondrán los jueces de Capital y Central, quienes están habilitados para utilizar esta herramienta con el fin de asegurar el sometimiento del imputado al proceso.

Actualmente, hay disponibles unas 100 tobilleras electrónicas para su uso en procesos penales recientemente iniciados. El dispositivo será utilizado no solo en casos de violencia familiar, sino también en delitos económicos.

El plan piloto contempló inicialmente solo 20 tobilleras, que fueron utilizadas dentro de la ciudad de Asunción. Ahora, con la ampliación de la disponibilidad de esta herramienta, su uso podría extenderse al departamento Central, a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.

La empresa adjudicada proveerá el servicio de hasta 1.000 dispositivos. Cada uno tiene un costo estimado de entre 2.009.000 y 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios de esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, según adelantaron las autoridades.

La aplicación de las tobilleras quedará a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará un estudio de factibilidad, en el cual se verifican las señales de GPS y de radio —ambas utilizadas por los dispositivos—, así como los perímetros de movimiento.

La máxima instancia aprobó en su momento la Acordada 1.779, que establece el protocolo de aplicación de las tobilleras electrónicas en los procesos relacionados con violencia familiar. Entre otras disposiciones, el juez de garantías debe considerar la opinión de la víctima antes de conceder el beneficio.

Se aclara igualmente que el protocolo busca servir como manual para los jueces de garantías de Capital, quienes deben ceñirse estrictamente a lo establecido, a fin de asegurar la protección de las víctimas de violencia familiar y respetar las garantías del procesado.

Queda a cargo de cada juez de garantías valorar el momento en que puede utilizarse el dispositivo de control, la gravedad del hecho punible, el historial delictivo del posible beneficiario, los antecedentes del imputado o imputada, la necesidad de proteger a la víctima, así como el riesgo y la opinión de esta.

Asimismo, los jueces están obligados a establecer en sus resoluciones el tiempo que debe durar el uso del dispositivo, a fin de evitar un uso excesivo o indefinido del aparato de control.

El juez penal de garantías de la capital, Mirko Valinotti, concedió arresto domiciliario a Arnaldo David Ginés González, imputado por el Ministerio Público por haber defraudado a un banco de plaza utilizando su cargo de confianza.

Pese a que el Ministerio Público y la querella alertaron al magistrado sobre el peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación, este decidió conceder el arresto domiciliario al imputado por lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos, apropiación y lavado de dinero.

Para el Ministerio Público, la elevada expectativa de pena a la que podría ser condenado el procesado no permite que acceda al beneficio de una medida menos gravosa como el arresto domiciliario. Sin embargo, el magistrado Mirko Valinotti, pese a esta oposición, concedió dicha medida al imputado bajo la promesa de presentar una garantía real en un plazo de 72 horas, hasta cubrir la suma de 1.400 millones de guaraníes.

La Fiscalía sostiene que el indiciado, Arnaldo David Ginés González, valiéndose de su usuario en el sistema online banking de las empresas del Banco Continental S.A.E.C.A., “cargaba montos superiores a los que correspondían en concepto de reposición de giros abonados el día anterior, presentando dichas sumas como si coincidieran con los registros del sistema de MORE MONEY TRANSFERS S.A., cuando en realidad solo reflejaban los valores consignados en una planilla interna alterada y elaborada por él mismo. Al desviar parte del dinero destinado a la reposición de giros, modificó ilícitamente su destino original y lo utilizó para concretar operaciones de compra de divisas a su favor, sin conocimiento ni autorización de la empresa”, reza parte de la imputación fiscal.

Agrega que, con esta maniobra, el procesado obtenía, bajo engaño, la autorización para ejecutar transferencias con el único objetivo de apropiarse de la diferencia entre los montos que cargaba.

Por su parte, para el abogado José Fernández Zacur, quien actúa como querellante en el caso, resulta sumamente suspicaz la decisión del magistrado, considerando lo sensible que resulta para el sistema financiero y la imagen país los casos relacionados con el lavado de activos.

Lo llamativo del caso es que el juez ya había decretado la prisión preventiva del imputado días atrás, pero posteriormente cambió de criterio y sustituyó la prisión por el arresto domiciliario, alegando que esta medida será suficiente para garantizar su sujeción al proceso. Aseguró que no existe peligro de fuga ni posibilidad de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, contrariamente a lo que sostiene la fiscalía.