El juez penal de garantías, Yoan Paul López, declaró la prescripción de los hechos y sobreseyó definitivamente al exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola, quien enfrentaba acusaciones por lesión de confianza.
Filizzola compareció en tribunales para su audiencia preliminar, donde se puso fin a un proceso judicial que se extendió durante 12 años. La causa investigaba presuntos hechos de corrupción vinculados a la licitación de 1.200 millones de guaraníes para la reparación de comisarías en Asunción.
El abogado de Filizzola, Guillermo Duarte Cacavelos, argumentó que el prolongado proceso se debió a múltiples recusaciones impulsadas por el Ministerio Público. Según Duarte Cacavelos, los fiscales Aldo Cantero, Federico Espinosa e Igor Cáceres interpusieron hasta cinco recusaciones, afectando incluso a ministros de la Corte Suprema como Miguel Oscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay. Este último fue recusado en dos ocasiones, y la jueza Alicia Pedrozo también fue objeto de recusación.
Con esta actitud, el propio Ministerio Público, encargado de la persecución penal, hizo que el caso llegara a la etapa de prescripción por el transcurso del tiempo sin que exista sentencia.
«Con todas estas recusaciones, fueron ellos los que trabaron y permitieron el transcurso del plazo de duración de la prescripción de la sanción penal, que ahora fue declarada por el magistrado Yoan Paul López», explicó el abogado.
Duarte Cacavelos calificó la actuación del Ministerio Público como una «inconducta procesal» y aseguró que la decisión del juez estaba ajustada a derecho. Además, destacó que este caso es inédito en cuanto a la estrategia de recusación utilizada por los fiscales adjuntos.
Agregó que los fiscales no presentaron ni un solo urgimiento a la Corte Suprema de Justicia para impulsar el proceso en el que buscaban la condena del exministro del Interior.
Este sobreseimiento definitivo marca el cierre de un capítulo judicial que generó debate sobre el manejo del sistema de justicia y los mecanismos de recusación utilizados en procesos de alta relevancia política, donde, como se observa, es un caso más donde se ha montado un proceso judicial con argumentos no jurídicos y con otra finalidad.
