El ministro Víctor Ríos alertó sobre la trágica situación que afecta a los casos relacionados con el medio ambiente. Esta situación podría deberse al desconocimiento de la ley o a la existencia de una complicidad entre magistrados y fiscales que son flexibles ante casos alevosos de daño ambiental.
 
La autoridad lamentó que se busquen salidas procesales benignas para conductas tan dañinas con el medio ambiente. Denunció que existe un patrón común entre los agentes fiscales que llevan estos procesos por hechos punibles contra el medio ambiente, los cuales terminan sin un castigo ejemplar.
 
Añadió que los fiscales llegan a la audiencia preliminar y, ante un planteamiento de la defensa, cambian la calificación jurídica sin ningún sustento, con el fin de favorecer a los procesados por estos hechos punibles que impactan en la vida presente y futura de las personas.
 
Alertó sobre esta situación, que considera sumamente grave, y pidió a sus colegas adoptar las medidas correctivas del caso, no solo respecto a los jueces que ya soportan una investigación de la Corte, sino también respecto a los fiscales que desconocen la ley o que directamente son cómplices del daño ambiental latente en nuestro país.
 
Dijo que los casos de deforestación masiva son los procesos más infestados por este patrón de conducta de fiscales y jueces permisivos con la violación de la norma ambiental, generando un daño irreparable que se pretende solucionar con «regalitos».
 
“Se observa un patrón de comportamiento en una infinidad de casos, que vamos a presentar aquí. En un caso reciente en el Chaco, Miguel Antonio Bibolini Barriocanal y Nicole Bibolini protagonizaron una deforestación de 3.000 hectáreas, y se repitió el mismo modus operandi: se modificó la acusación para otorgar la suspensión condicional del procedimiento.
 
Hay casos muy alevosos. Ya no se trata de la autonomía interna del magistrado: o es ignorancia de la ley, claramente, o es complicidad. Están destruyendo al Paraguay a cambio de regalitos en escuelas o multas, penas irrisorias”, subrayó el ministro.
 
Otro aspecto importante y agravante es que los magistrados designan a los propios acusados como asesores de prueba, para que controlen el cumplimiento de lo que el procesado se ha comprometido a hacer.

Ríos dijo que es una burla la forma en que los operadores de justicia están manejando los procesos penales ambientales, con un gran impacto en la vida y la salud de las personas.
 
Como una de las medidas, la Corte urge establecer una mesa de trabajo con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien necesariamente debe trabajar con sus fiscales en mejorar la política criminal relacionada con los casos de medio ambiente, que terminan con la impune destrucción del entorno natural.

El juez de Garantías Miguel Palacios convocó para el 8 de mayo, a las 8:15, la audiencia preliminar para Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y los demás acusados por el caso Berilo.

Han transcurrido más de siete años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso.

Sumado a que el Ministerio Público, presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación.

«Cucho» Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.

El juez Julio César Alfonso, confirmó a Judiciales Net, que la defensa debe contestar la apelación especial planteada por el Ministerio Público. El plazo para que la defensa responda la apelación le vence en seis días más, es decir, el 8 de mayo próximo.
 
Este caso ha generado una gran indignación por el contenido de los mensajes entre el docente acusado y su alumna, una niña de solo 11 años. Para el tribunal de sentencia los mensajes agregados por el agente fiscal en el juicio, no constituye hecho punible y aseguró que la negligencia fiscal hizo que el caso quede sin castigo.
 
El fiscal del caso Rodrigo Velázquez, busca que alzada cometa a revisión el caso, anule el fallo y devuelva a otro tribunal de sentencia para iniciar un nuevo juzgamiento del docente cuya figura se encuentra sumamente comprometida por escribir con una niña.
 
El presidente del tribunal Julio César Alfonso, aseguró que él personalmente se encargó de la redactar la sentencia absolutoria del docente, y, que el fallo se emitió en base al relato fiscal y las pruebas presentadas por el agente fiscal Rodrigo Vázquez que fueron producidos durante el juicio oral, que, el tribunal se vio imposibilitado de emitir una sentencia diferente a la absolución.
 
Comentó que, en ningún momento el agente fiscal pidió al tribunal ampliar la acusación, ni presentó los mensajes de texto que circulan en línea, que pudieron servir para una sentencia diferente a la ya emitida.
 
 Subrayó, que los jueces están obligados a cumplir la ley por lo que han resuelto absolver al docente acusado en este caso, al no configurar su conducta un hecho punible en base a los elementos presentados por la fiscalía. Que en ningún momento tanto él como sus colegas buscaron favorecer al docente hoy absuelto.
 
“El relato fáctico del Ministerio Público señala que se configuraría el abuso por medios tecnológicos. El fiscal Rodrigo Vázquez relata en su acusación que, desde el mes de mayo del 2022 hasta agosto del 2022, el acusado enviaba mensajes de texto a la niña por WhatsApp, en dichos mensajes, el profesor le decía a la menor, que le quería, que estaba linda, que era hermosa, mi amor, mi princesa, vení a mi casa situación que nunca se concretó, ellos no tuvieron contacto físico, allí termina la plataforma fáctica, nosotros concluimos que estos mensajes no configuran hecho punible”.
 
La norma nos exige en el 135 b, que solicitar o exigir a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual constituye abuso por medios tecnológicos, en este caso, según las pruebas, ella nunca le envió fotos íntimas ni el profesor le pidió fotos íntimas a ella y tampoco le pidió actos sexuales”, señaló el juez.
 
El magistrado dijo que, el cómo ocurrió el hecho fue totalmente incompleto, que los mensajes de texto que están acaparando las redes no formaron parte de la producción de pruebas en el juicio, porque no se agregó nunca a la acusación fiscal, que tampoco el fiscal pidió que se agregue estos mensajes como prueba durante el debate oral y que es por ello que el tribunal votó por la absolución.
 
Mencionó que debe existir una certeza absoluta para que un tribunal aplique una condena a un ciudadano. Que el colegiado explicará a la ciudadanía este fallo porque está elaborado en base a lo que dicta la ley, que como jueces son hombres de derecho y están obligados a emitir fallos fundados como lo es este caso.
 
Por último, Julio César Alfonso, señaló que la conducta del docente al escribir con su alumna, una niña, son actos impropios y es repudiable desde el punto de vista, pero, que no cumple con la exigencia de la norma para ser condenado por este hecho.

El juicio oral y público por la trágica muerte de Sol Chávez la joven fallecida por una sobredosis de flúor recetada por su odontóloga inició este miércoles, a fin de que un tribunal establezca una nueva pena para las procesadas.

El tribunal de sentencia, presidido por el juez Juan Francisco Ortiz, inició el juzgamiento público por tercera vez respecto a Lilia Espinoza y Sandra Hermosa, en esta oportunidad con el único efecto de modificar la pena.

Los antecedentes refieren que la víctima era paciente de Lilia Espinoza, quien le recetó 2 gramos de flúor en comprimidos. El 9 de abril de 2021, a las 15:00 h aproximadamente, la joven ingirió el primer comprimido y, minutos después, comenzó a sentirse mal de forma progresiva.

A las 17:00 h tuvo que ser internada de urgencia en un sanatorio privado, donde le realizaron un lavado gástrico. La joven sufrió un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con flúor y falleció a las 22:00 h de ese mismo día.

Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración de cápsulas con una dosis de 500 mg cada una. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, reza parte de la acusación del Ministerio Público.

Las acusadas ya fueron declaradas culpables en un juicio oral anterior y el tribunal tendrá a su cargo fijar una nueva condena para las acusadas del homicidio culposo de la joven Sol Chávez.

Esta vez, el tribunal de sentencia está integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado.

El Jurado de enjuiciamiento de Magistrados (JEM), resolvió levantar la inmunidad del juez Víctor Nilo Rodríguez quien soporta una segunda imputación por el hecho punible de prevaricato y otros.
 
Según la nueva imputación que pesa sobre el juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, por prevaricato y otros hechos punibles, tanto él como sus funcionarios serían cómplices directos de las casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés fraguados.
Se relata que, en estos juicios tramitados ante el juez, también se habrían simulado las notificaciones a los funcionarios demandados del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), quienes fueron víctimas de esta dañina mafia de pagarés.

El Ministerio Público sostiene que estos procesos ejecutivos, iniciados en el Juzgado de Paz de la Recoleta, habrían sido promovidos y tramitados en evidente connivencia entre los representantes legales de las casas de crédito y ciertos funcionarios judiciales del mismo juzgado.

Según el detallado relato de la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022, directivos de las casas de crédito SERFIN S.A. y PRESTO S.A. habrían adulterado fechas de emisión y vencimiento de pagarés ya cancelados, para utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez.

La imputación señala que las actuarias del juez, Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, habrían incurrido en graves irregularidades procesales en el marco de juicios de preparación de acción ejecutiva promovidos contra asociados de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, al tramitar pagarés adulterados por cuentas íntegramente canceladas, sin notificar debidamente a los afectados.

“A pesar de que muchos de estos créditos ya se encontraban íntegramente cancelados según los registros de descuentos salariales, las casas de crédito iniciaron acciones judiciales contra los asociados, y no contra la Asociación.

Por otra parte, se ha detectado que las notificaciones cursadas a los demandados no cumplían con los requisitos formales establecidos en el ordenamiento procesal vigente. Por el contrario, constituían lo que comúnmente se denomina ‘notificaciones voladoras’, es decir, diligencias que simulan cumplir con las formalidades legales pero que, en la práctica, no garantizan el efectivo conocimiento del proceso por parte de los demandados”, señala la imputación de la agente fiscal Karina Caballero.

Sigue diciendo la Fiscalía que todo indica que esta forma de conducción procesal habría sido deliberadamente diseñada para impedir la comparecencia oportuna de los demandados, con la finalidad de obtener, en su ausencia, embargos ejecutivos sobre sus haberes.

Además de Víctor Nilo Rodríguez y sus funcionarios, fueron imputados Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes (presidente de la firma Presto), y María Belén Cartes (directora titular de la misma firma). La lista de imputados continúa con Gloria Isabel Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano.
 

El juez Humberto Otazú resolvió posponer, por recarga laboral, la audiencia de imposición de medidas respecto a la jueza de Paz Nathalia Garcete, para el próximo 28 de mayo.

La jueza está imputada por prevaricato, en calidad de autora, dentro del esquema conocido como la mafia de los pagarés. La procesada se encuentra suspendida en sus funciones, al igual que otros colegas imputados en el caso.

Según el relato fiscal, Garcete habría dictado 97 resoluciones basadas en informes falsos de notificación a los afectados, como en la mayoría de los casos, cuando en realidad nunca se hizo partícipe al afectado de la demanda en su contra.

Se sospecha que la magistrada formaba parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos con pagarés, incluso por cuentas ya canceladas, y en algunos casos, con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos para ser ejecutados.

La lista de imputados por el Ministerio Público llega a aproximadamente 70 personas, que integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial, donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados con juicios ejecutivos por parte de jueces de Paz hoy imputados, quienes habrían permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas.

Los fiscales buscan confirmar la sospecha sobre cómo fueron tramitadas las causas en los juzgados de Paz de la Capital, y si las actuaciones de los intervinientes jueces, funcionarios y abogados se ajustaron a derecho, para así corroborar la forma en que avanzaron estos casos. Según el propio Jurado, que también los investiga, existen resoluciones sin fecha ni número, entre otras graves anomalías en el desarrollo de estos procesos, como la falta de notificación al afectado, lo que constituye una violación del debido proceso.

De momento, son cinco los magistrados y exmagistrados imputados por el Ministerio Público: los jueces de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez; San Roque, Liliana González de Bristot; La Encarnación, Carmen Analia Cibils; Catedral, primer turno, Gustavo Villalba Báez; y Catedral, segundo turno, Nathalia Garcete Aquino.

Los fiscales asignados a esta causa, además de Belinda Bobadilla, son Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes investigan la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de la Capital.

La denuncia menciona que fue creado un esquema criminal para despojar de sus haberes a profesionales jubilados o activos, por cuentas ya canceladas y con documentos que no cumplen con las mínimas exigencias para ser ejecutados. Sin embargo, ya sirvieron para descuentos compulsivos en más de un juicio.