El ministro Eugenio Jiménez Rolón solicitó el inicio de una auditoría del expediente en el que se denuncia que un imputado por abuso sexual en niños fue beneficiado con arresto domiciliario por tener una hermana fiscal.

La jueza de garantías Carmen Román se encuentra en el ojo de la tormenta por conceder una medida menos gravosa a una persona imputada por, supuestamente, haber vulnerado a su propio hijo.

El abuso sexual en niños es considerado un crimen, y la expectativa de pena podría alcanzar hasta los 30 años, con el agravante de que el sospechoso del hecho es el padre biológico de la víctima.

La madre del niño ha denunciado los privilegios que ha obtenido el procesado desde el inicio del proceso penal, ya que ni siquiera cumplió con la prisión preventiva decretada en su momento: no estuvo recluido en Tacumbú, sino en Viñas Cue.

Se menciona que existe un privilegio real hacia el imputado, y se pide que se cumplan los mandatos de la justicia, porque no se persigue venganza, sino justicia para el niño de solo seis años.

Se alega que, incluso por las chicanas procesales, no se ha podido practicar la declaración del niño en Cámara Gesell, una prueba que se considera de vital importancia para evitar la revictimización del menor y en la que podrían plasmarse los abusos de los que fue víctima.

La hija del diputado Eulalio “Lalo” Gómez sospecha que su padre fue asesinado con el objetivo de apropiarse de sus bienes, incluso de aquellos adquiridos mucho antes del período que puede abarcar la investigación penal.

Este lunes, la familia del diputado mantuvo una reunión con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, a fin de avanzar con la pretensión de solicitar el juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

La hija del legislador sostuvo que la justicia en nuestro país actúa de manera “muy descarada”, al reclamar bienes que no podrían formar parte de las sospechas que pesan sobre los integrantes de su familia. Lamentó que esta situación esté ocurriendo, ya que según dijo los más afectados son los trabajadores.

Agregó que no le sorprende que no se quiera investigar la muerte de su padre, ya que sería un caso más que se busca dejar en la impunidad.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gómez, Alexandre Rodrigues Gómez, Óscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona por lavado de dinero procedente del tráfico internacional de drogas.

Tanto el fallecido diputado Eulalio Gómez como su hijo Alexandre estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão.

Conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa del Brasil y colectada durante la investigación de la causa “Pavo Real II”, existe una secuencia de correos entre ambos y los hijos de Jarvis, en la que se detallan transacciones de compra y venta de inmuebles ubicados en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y que habría sido adquirido de manera irregular por el fallecido diputado y su hijo.

Se trata de un caso de legítima defensa, según el propio relato del Ministerio Público, menciona el magistrado, quien se opuso a iniciar el proceso penal contra el trabajador y ordenó su inmediata libertad.

El juez de garantías penales de Capital, Rolando Duarte, ordenó la libertad del repartidor Carlos Alberto Garcete Calastra y devolvió la imputación en su contra al Ministerio Público, al considerar que la teoría fiscal sobre el homicidio doloso carece de claridad.

Para el magistrado, la imputación presentada por la agente fiscal Laura Finestra no reúne el presupuesto legal del hecho punible de homicidio doloso, según el relato del propio Ministerio Público.

El juez menciona en su resolución que el Ministerio Público realiza una descripción incompleta en su imputación, omitiendo circunstancias esenciales para conformar la hipótesis fáctica del hecho punible, cuya expectativa de pena podría alcanzar los 30 años de prisión.

Según explica el juez, no queda clara la teoría del caso presentada por el Ministerio Público respecto a la conducta atribuida a Carlos Alberto Garcete Calastra, ya que no contiene todos los elementos constitutivos del tipo penal descrito.

“En este sentido, en todo momento la representante del Ministerio Público hace referencia al relato de los hechos ocurridos, pero no acompaña fundamentación jurídica para sustentar los elementos de la calificación como hecho punible de homicidio doloso. Esta situación, a criterio del juzgado, no se configura, al menos no en la forma planteada por la fiscal. Salvo que existan otros elementos no presentados ante el juzgado y que obren en el cuaderno de investigación fiscal, prima facie se vislumbran elementos que podrían corresponder a una legítima defensa, en el caso hipotético de que no se demuestren otras circunstancias que modifiquen el curso de la presente investigación”, menciona el juez Rolando Duarte.

Según el relato del Ministerio Público, el 24 de abril, a las 11:00 de la mañana, Carlos Garcete y su ayudante, Daniel Martínez, se encontraban realizando el reparto de mercaderías en el barrio Santa Ana. Al llegar al comercio denominado Despensa Panadería, situado en las calles 41 Proyectadas y Antequera, donde Janeth Aramí estaba recepcionando las mercaderías, fueron interceptados por dos sujetos de sexo masculino, uno de ellos identificado como Jonatan Ariel Franco. Ante esta situación, Janeth corrió y se dirigió al interior del comercio.

Seguidamente, ambos sujetos, quienes portaban armas de fuego con las cuales habrían apuntado y amenazado a las víctimas del asalto, lograron sustraer 150.000 guaraníes. En ese instante, Carlos Alberto Garcete se percató de lo ocurrido, tomó un arma de fuego calibre .38 de la marca Rossi, que tenía en el habitáculo de su vehículo, y descendió con el arma en mano. Al dirigirse por detrás del camión repartidor, se encontró, por el lado izquierdo, con los asaltantes, quienes le apuntaron y gatillaron sus armas, que no dispararon. Garcete se agachó, giró la cabeza y realizó un disparo al aire, sin mirar hacia dónde, luego subió al vehículo en compañía de su ayudante y se retiró del lugar. El disparo impactó en Jonatan Franco.

Para el magistrado, esto es determinante para señalar que, según el mismo relato fiscal, se trató de una legítima defensa por parte del trabajador, quien fue apuntado por los delincuentes, pero no fue herido únicamente porque las armas de estos no se dispararon. Por ello, dispuso devolver la imputación y otorgar la libertad al imputado.

El Ministerio de justicia informó que, tras la verificación de la situación procesal de personas privadas de libertad en el penal de San Pedro, se constató que 39 de ellas ya cumplieron la pena mínima.

La Unidad Especializada de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia realizó una nueva jornada de trabajo en la Penitenciaría Regional de San Pedro, lo que permitió que ocho reos recuperaran su libertad de forma inmediata, y que otros 39 estén en vías de lograrlo.

Este penal se encuentra actualmente con cierre temporal para la recepción de nuevos reclusos, con el objetivo de combatir el hacinamiento penitenciario.

Durante la actividad se llevó a cabo un exhaustivo análisis de 704 causas. Se constató que este penal alberga a 41 reclusos que contaban con órdenes de captura, otras 27 causas fueron derivadas para la verificación de legajos, y, como ya se había adelantado, se confirmó que otros 39 PPL también cumplieron su pena mínima.

Estuvieron presentes el director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol; el director del penal, Carlos Silva; y el jefe de seguridad, Alberto Parede

Así lo dispuso el Ministerio del Interior de España, al ratificar lo resuelto por el Consejo de Ministros de enviar a nuestro país a la esposa del prófugo de la justicia, el narcotraficante Sebastián Marset.

Gianina García Troche es requerida por nuestro país por sus vínculos con la organización criminal transnacional liderada por su esposo, Sebastián Marset, una estructura desmantelada con el operativo A Ultranza PY.

Según la investigación fiscal, Gianina García habría constituido una sociedad y abierto cuentas bancarias para justificar ingresos ilícitos provenientes del tráfico de drogas del esquema liderado por su esposo, el uruguayo Sebastián Marset.

El Ministerio Público sostiene que el grupo criminal estaba liderado principalmente por Sebastián Marset. Por otra parte, existía un núcleo encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, conformado por integrantes de su familia y personas de su confianza.

Finalmente, se encontraba una facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, que se encargaba de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay la sustancia estupefaciente, consistente en clorhidrato de cocaína.

Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfrán contaron con la participación de varias personas físicas, así como de distintas empresas con perfiles adecuados que no despertaran sospechas de riesgo por parte de la administración de Aduanas. Estas empresas estaban dedicadas al comercio internacional, y sus encargados eran también integrantes de la organización criminal.

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación A Ultranza PY, se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.

Ante una mayor disponibilidad de tobilleras electrónicas, se propone ampliar su uso a la circunscripción de Central, donde existe el mayor número de casos de violencia familiar. Por ello, se solicita que este mecanismo de control a distancia se implemente en esta zona.

La ministra Carolina Llanes explicó que se ha aumentado a 100 el número de dispositivos electrónicos; por lo tanto, se requiere que también sean utilizados en la zona de mayor afectación por estos hechos de violencia hacia la mujer.

Se aguarda que la Policía Nacional informe si cuenta con los mecanismos necesarios para monitorear estos casos en Central, a fin de hacer efectiva su implementación, con lo que se iniciaría la ampliación gradual de su uso.

La aplicación del dispositivo pasó por ciertos inconvenientes en un caso correspondiente a un proceso de Central. Posteriormente, la Corte emitió un comunicado aclarando a los jueces que, en principio, este mecanismo solo será utilizado en la Capital, para luego extender su uso a otras zonas del país.

El plan piloto contempló inicialmente solo 20 tobilleras, que fueron utilizadas dentro de la ciudad de Asunción. Ahora, con la ampliación de la disponibilidad de esta herramienta, su uso podría extenderse al departamento Central, a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.

La empresa adjudicada proveerá el servicio de hasta 1.000 dispositivos. Cada uno tiene un costo estimado de entre 2.009.000 y 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios de esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, según adelantaron las autoridades.

La aplicación de las tobilleras quedará a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, en el cual se verifican las señales de GPRS y de radio —ambas utilizadas por los dispositivos—, así como los perímetros de movimiento.

La máxima instancia aprobó en su momento la Acordada 1.779, que establece el protocolo de aplicación de las tobilleras electrónicas en los procesos relacionados con violencia familiar. Entre otras disposiciones, el juez de garantías debe considerar la opinión de la víctima antes de conceder el beneficio.

Se aclara igualmente que el protocolo busca ser un manual para los jueces de garantías de Capital, quienes deben ceñirse estrictamente a lo establecido, a fin de asegurar la protección de las víctimas de violencia familiar y respetar las garantías del procesado.

Queda a cargo de cada juez de garantías valorar el momento en que puede utilizarse el dispositivo de control, la gravedad del hecho punible, el historial delictivo del posible beneficiario, los antecedentes del imputado o imputada, la necesidad de proteger a la víctima, así como el riesgo y la opinión de esta.

Igualmente, los jueces están obligados a asentar en sus resoluciones el tiempo que debe durar el uso del dispositivo, a fin de evitar un uso excesivo o indefinido del aparato de control.
 

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Lourdes Garcete, entregó a las partes la sentencia íntegra por la cual se condena a 24 años de prisión al policía Gustavo Florentín por el asesinato de Rodrigo Quintana.

El fallo, de 123 páginas, fue puesto a disposición de las partes, a quienes, a partir de ahora, les corre el plazo para apelar la sentencia, producto de un fallo unánime.

El crimen, según el Tribunal de Sentencia, ocurrió en la madrugada del 1 de abril de 2017, cuando agentes policiales, entre ellos Florentín, ingresaron violentamente al local del PLRA tras forzar y derribar la puerta.

Durante el operativo, Rodrigo Quintana intentó escapar junto a su amigo Diego Garcete, pero Florentín, armado con una escopeta, disparó balas de plomo que impactaron fatalmente en Quintana, causándole la muerte minutos después.

Menciona el fallo que la conducta del condenado fue dolosa y agravante, al disparar hacia un grupo de personas, poniendo en peligro no solo la vida de Rodrigo Quintana, sino también la de las demás personas presentes en un espacio pequeño como el pasillo de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El tribunal consideró incluso la actitud del condenado tras efectuar el disparo letal hacia Rodrigo Quintana: al verlo tendido en el piso, no realizó ningún acto de auxilio para socorrer a la víctima; muy por el contrario, posó su pie sobre el joven a la altura del omóplato y continuó realizando detenciones después.

Gustavo Florentín “sabía que tenía una escopeta cargada con munición letal; sabía que, al disparar contra un grupo de personas en un espacio cerrado, a mediana distancia, con seguridad podría causar la muerte de ellas, o cuando menos poner en peligro sus vidas”, señala parte de la extensa explicación que realiza el Tribunal de Sentencia.

Para el tribunal fueron determinantes pruebas como videos, la declaración de los testigos y otros elementos que señalan sin lugar a dudas a Gustavo Florentín como el tirador, el que ejecutó el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.

Diversas pruebas clave consideró el tribunal, incluyendo registros de cámaras de seguridad que mostraban a Florentín portando la escopeta en el lugar de los hechos, así como cruces de llamadas que confirmaban su presencia. Además, el testimonio de Diego Garcete, amigo de la víctima, fue considerado coherente y fundamental para esclarecer lo ocurrido. Peritajes balísticos determinaron que las balas utilizadas eran de plomo y no de goma, un factor que reforzó la acusación contra el oficial.

El Tribunal de Sentencia, además de Lourdes Garcete (presidenta), estuvo integrado por los jueces Manuel Aguirre y Rossana Maldonado.

El expediente continúa en fueros inferiores mientras se busca al último integrante necesario para completar los nueve miembros y, así, someter a estudio la expulsión de Kattya González del Senado.

El último en apartarse del caso fue el camarista Linneo Infrán, quien alegó prejuzgamiento, por lo que la búsqueda del noveno miembro de la Sala Constitucional ampliada continuará.

La exlegisladora presentó recientemente un nuevo urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que se trate la acción de inconstitucionalidad presentada contra la decisión del Senado que le retiró la investidura y la excluyó del Congreso.

Kattya González ya presentó su noveno urgimiento ante la Sala Constitucional, a fin de que se acelere el tratamiento de su acción de inconstitucionalidad, cuyo objetivo es recuperar su banca en la Cámara Alta.

El expediente sigue en instancias inferiores debido a la falta de un miembro que complete los nueve necesarios para conformar la Sala y permitir el estudio de la expulsión de la recurrente del Senado.

González busca que la máxima instancia judicial del país le restituya su curul, declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.

El 14 de febrero de 2024, la senadora Kattya González fue despojada de su investidura parlamentaria por supuestas irregularidades, pero estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.

La Fiscalía dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora, ya que se habrían violado preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

La exfiscal adjunta Artemisa Marchuk emitió el dictamen en representación de la Fiscalía General del Estado, en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la Resolución N.º 431 del 14 de febrero de 2024, por la cual se resolvió su pérdida de investidura.

Para la Fiscalía General queda claro que se vulneraron principios constitucionales, al no respetarse el reglamento interno del Senado, que establece claramente un plazo de siete días hábiles para que la persona afectada en este caso, Kattya González pueda presentar su defensa por escrito. Tampoco se habría respetado la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.

Falta solo un integrante para completar el pleno de la Corte Suprema de Justicia y así iniciar el estudio de la acción de inconstitucionalidad.
 

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por varios abogados defensores en la causa abierta contra exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, por la supuesta filtración de información confidencial relacionada con Horacio Cartes.

La Corte entiende que los argumentos esgrimidos por los defensores no constituyen motivos válidos para separar de la causa al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Los abogados alegan una supuesta falta de objetividad por parte del titular del Ministerio Público y, por ello, solicitaban apartarlo del caso.

En esta causa, el Ministerio Público acusó a los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez por cuatro hechos punibles, relacionados con la presunta revelación de información confidencial sobre el expresidente Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester formularon acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen María Pereira, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene, por los tipos penales de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Se solicita a la jueza de garantías que lleva el caso elevar el proceso a la siguiente etapa de juicio oral y admitir todas las pruebas ofrecidas. En cuanto a las sanciones para los procesados, estas serán formuladas en la etapa procesal correspondiente, según expresan los fiscales firmantes del dictamen.

El relato del Ministerio Público sostiene que, durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, se habría gestado un esquema con el objetivo de generar investigaciones penales contra figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña), a fin de debilitar sus posiciones en los ámbitos económico y, principalmente, electoral.

Se indica que supuestamente Carlos Arregui fue quien filtró el informe de inteligencia entre los meses de diciembre de 2021 y mayo de 2022, liderando así la asociación criminal.

“Se tiene que Carlos Arregui, como ministro secretario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto con los otros acusados, conformaron un grupo compuesto por ministros del gabinete del entonces presidente Mario Abdo Benítez y funcionarios de la SEPRELAD. Todos con tareas específicas que debían realizar desde los cargos que ocupaban, con el fin de lograr que se inicien acciones penales contra el expresidente Horacio Cartes”, reza una parte de la acusación fiscal.

Los tipos penales imputados a los exministros son: asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester son quienes finalmente firmaron el dictamen conclusivo en la causa abierta por la supuesta filtración de información confidencial, relacionada con un pedido de cooperación de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes, con lo que, según el Ministerio Público, se habría perpetrado el delito de revelación de secretos de servicio.

información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes, con lo que perpetraron la conducta de revelación de secretos de servicio los acusados, según la fiscalía.