La defensora pública, abogada Carla Mazzo, quien representa a la enfermera jubilada Luciana Bernadet Torres, ha solicitado una medida cautelar para retener los fondos depositados en la cuenta judicial correspondiente al juicio iniciado contra su clienta por una deuda ya cancelada.

Mazzo explica que su clienta es una de las afectadas por el conocido esquema de la mafia de pagarés, por lo que solicita al juzgado adoptar una pronta medida para poner fin al despojo injusto de la jubilación de su asistida.

Menciona que la persona que impulsa el juicio contra la jubilada está imputada por el equipo fiscal que lleva el cúmulo principal de casos, y que su clienta también forma parte del mismo modus operandi de víctimas estafadas por esta red criminal.

“Consta en autos que la misma ya abonó la deuda a AMUCLIN, conforme se desprende de la constancia presentada en fecha 23 de febrero de 2024, sin haberse enterado del presente juicio y mucho menos de que este continuaba sin su participación, todo ello debido a las notificaciones irregulares diligenciadas en el Hospital de Clínicas, cuando ya se encontraba jubilada.

Debe tenerse en cuenta que la parte actora, Lourdes Aranda, ya se encuentra imputada por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción: Abgs. Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero”, señala parte del escrito presentado.

Agrega que su representada, Luciana Bernadet, ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público contra Lourdes Aranda quien pretende el doble cobro del capital ya pagado en su totalidad más los millonarios intereses, y que la misma se encuentra en plena investigación en sede penal.

Igualmente, la profesional de la Defensa Pública expone los hechos notorios que el juzgado debe considerar para adoptar la medida requerida en favor de su clienta, para lo cual pone a consideración del juzgado publicaciones periodísticas de medios masivos de comunicación y de Judiciales Net.

Recordemos que la Defensa Pública, habilitó dos líneas telefónicas directas que permitirán a personas de escasos recursos económicos iniciar de forma rápida y sencilla el proceso para acceder a un defensor público en juicios ejecutivos tramitados ante los Juzgados de Paz.

Las líneas son atendidas por funcionarios de la Defensoría Adjunta Civil, quienes reciben las solicitudes y derivan cada caso al defensor público correspondiente: Leandro Rolón: 0971 744020 y Adán Fariña: 0981 553286.

Parte del escrito presentado por la abogada pública:

Ante la negativa de tribunales inferiores de entregar un informe a la familia Pecci Albertini vía auxilio judicial, se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con la misma finalidad.

La familia espera que, a través del Poder Judicial, se les autorice a recibir la información contenida en la carpeta fiscal, la cual hasta la fecha les ha sido negada.

Reclaman el acceso a datos que les permitan conocer el grado de avance de la investigación en lo relativo a la autoría moral o intelectual de quienes ordenaron el asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.

La Fiscalía General del Estado y los fiscales intervinientes han negado hasta el momento el acceso a esa información, lo que impide a la familia conocer el estado actual de la causa, los cursos de acción posibles, los obstáculos existentes —si los hubiera— y las medidas adoptadas para superar las dificultades que entorpecen el progreso de la investigación. Estos son los puntos centrales que la familia busca esclarecer tras la brutal muerte de su ser querido.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado durante su luna de miel en Barú, Colombia, el 10 de mayo de 2022, en presencia de su esposa, Claudia Aguilera.

La familia sigue exigiendo respuestas de la justicia sobre los autores intelectuales del crimen, es decir, aquellos que dieron la orden de matar a Pecci, ya que los autores materiales están, en su mayoría, condenados y en prisión en Colombia. Sin embargo, en nuestro país, no se conocen avances respecto a los mandantes del atentado contra el fiscal.

El equipo fiscal integrado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardo Guerrero pidió al Juzgado de Villa Hayes que se rechace el incidente de nulidad absoluta presentado por la defensa de la abogada Zully Ortiz, imputada por estafa.

Ortiz está sospechada, según el Ministerio Público, de haber impulsado juicios en perjuicio de la señora Ángela Zárate por cuentas ya canceladas, y en más de una ocasión la demandó judicialmente para reclamar pagos que ya habían sido realizados. La procesada busca dejar sin efecto la imputación en su contra.

Según el relato fiscal, la víctima de este esquema y denunciante, Ángela Zárate, accedió a un préstamo en octubre de 2013 y firmó pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados. En total, obtuvo dos créditos por G. 3.360.000 y G. 3.840.000, los cuales le fueron descontados vía débito automático y habrían sido abonados en su totalidad.

Pese a ello, los representantes legales de Vanessa y Asociados S.A., Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva, habrían entregado los pagarés a la abogada hoy imputada, Zully Ortiz, en representación de la firma. En 2020, se promovió una acción preparatoria de juicio ejecutivo y luego un juicio por cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia.

Como resultado, el juzgado dictó el embargo ejecutivo de la cuenta de la denunciante y, una vez cobrada la totalidad de la suma reclamada con costas, en octubre de 2021 se dio por finiquitado el caso.

Indica el Ministerio Público que, pese a la cancelación administrativa y judicial de la deuda de la señora Zárate, el 5 de agosto de 2022 la abogada Zully Ortiz volvió a promover un juicio de reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes contra la misma, “con el conocimiento de que los pagarés ya habían sido ejecutados previamente, volvió a presentar los mismos pagarés que ya habían sido cobrados”, señalan los fiscales.

La imputación atribuida a los dueños de Vanessa y Asociados, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, sostiene que, a sabiendas de que la cuenta de la señora Ángela Zárate fue cancelada en su totalidad, se habrían valido de la abogada Ortiz para demandar nuevamente a la víctima.

La conducta tanto de los dueños de Vanessa y Asociados como de la abogada Zully Ortiz estaría seriamente comprometida al haber impulsado juicios sobre deudas ya canceladas, incluso cobradas judicialmente de manera indebida.

El equipo fiscal requirió un plazo de seis meses para concluir la investigación del caso.
La señora Ángela Zárate es representada por la abogada Noelia Núñez, quien lleva adelante numerosos casos relacionados con la mafia de pagarés, en la cual su propio hermano resultó víctima del esquema. La misma profesional ya había solicitado a la Corte Suprema de Justicia la cancelación de la matrícula de la abogada imputada.

Óscar Tuma, en representación de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, presentó este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández.

Tras conocerse el dictamen del Ministerio Público que resolvió archivar la denuncia por la muerte del diputado Lalo Gómes, la familia decidió impulsar un juicio político contra el fiscal general por mal desempeño de sus funciones, inacción sistemática y tolerancia ante las irregularidades cometidas por fiscales bajo su jerarquía.

Según el documento sometido a consideración de los diputados, la familia deposita su esperanza en que estos analicen formalmente la acusación presentada contra el fiscal general.

“Esta iniciativa refleja el profundo clamor de justicia de una familia y de una ciudadanía cada vez más consciente, que no puede permanecer indiferente ante la impunidad sistemática que atraviesa el sistema de persecución penal”, señala parte del documento presentado ante el Congreso.

El 19 de agosto de 2024, el Ministerio Público y la Policía Nacional encabezaron el operativo “Pavo Real II”, en el que falleció el diputado Eulalio “Lalo” Gómes. Su hijo, Alexandre Rodrigues Gómes, fue detenido en otro de los allanamientos. Ambos fueron imputados por vínculos con el esquema criminal de Jarvis Chimenes Pavão.

La orden de allanamiento fue firmada por el magistrado especializado Osmar Legal el 16 de agosto y ejecutada en la madrugada del 19 por fiscales y agentes de inteligencia policial.

Los intervinientes fueron recibidos con disparos por parte del diputado Gómez. Los efectivos policiales respondieron y, en ese cruce de fuego, el legislador resultó herido, dijeron.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gómez, Alexandre Rodrigues Gómes, Óscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona, por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

Tanto el fallecido diputado como su hijo estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão. Según información compartida por autoridades de la República Federativa del Brasil y recolectada durante la investigación de la causa “Pavo Real”, existe una serie de correos entre ambos y los hijos de Pavão, donde se evidencian transacciones de compra y venta de inmuebles en territorio paraguayo. Dicho patrimonio formaría parte del esquema criminal y habría sido adquirido de manera irregular por el diputado y su hijo.
 

Según la nueva imputación que pesa sobre el juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, por prevaricato y otros hechos punibles, tanto él como sus funcionarios serían cómplices directos de las casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés fraguados.

Se relata que, en estos juicios tramitados ante el juez, también se habrían simulado las notificaciones a los funcionarios demandados del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), quienes fueron víctimas de esta dañina mafia de pagarés.

El Ministerio Público sostiene que estos procesos ejecutivos, iniciados en el Juzgado de Paz de la Recoleta, habrían sido promovidos y tramitados en evidente connivencia entre los representantes legales de las casas de crédito y ciertos funcionarios judiciales del mismo juzgado.

Según el detallado relato de la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022, directivos de las casas de crédito SERFIN S.A. y PRESTO S.A. habrían adulterado fechas de emisión y vencimiento de pagarés ya cancelados, para utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez.

La imputación señala que las actuarias del juez, Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, habrían incurrido en graves irregularidades procesales en el marco de juicios de preparación de acción ejecutiva promovidos contra asociados de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, al tramitar pagarés adulterados por cuentas íntegramente canceladas, sin notificar debidamente a los afectados.

“A pesar de que muchos de estos créditos ya se encontraban íntegramente cancelados según los registros de descuentos salariales, las casas de crédito iniciaron acciones judiciales contra los asociados, y no contra la Asociación.

Por otra parte, se ha detectado que las notificaciones cursadas a los demandados no cumplían con los requisitos formales establecidos en el ordenamiento procesal vigente. Por el contrario, constituían lo que comúnmente se denomina ‘notificaciones voladoras’, es decir, diligencias que simulan cumplir con las formalidades legales pero que, en la práctica, no garantizan el efectivo conocimiento del proceso por parte de los demandados”, señala la imputación de la agente fiscal Karina Caballero.

Sigue diciendo la Fiscalía que todo indica que esta forma de conducción procesal habría sido deliberadamente diseñada para impedir la comparecencia oportuna de los demandados, con la finalidad de obtener, en su ausencia, embargos ejecutivos sobre sus haberes.

Además de Víctor Nilo Rodríguez y sus funcionarios, fueron imputados Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes (presidente de la firma Presto), y María Belén Cartes (directora titular de la misma firma). La lista de imputados continúa con Gloria Isabel Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano.

En 296 páginas, el Ministerio Público relata la conducta de los implicados en este nuevo proceso abierto contra el juez Víctor Nilo Rodríguez y otros imputados, así como la conducta delictiva de los directivos de la Asociación de Funcionarios del SNPP, por otros hechos irregulares en su administración.

El juez Rodrigo Estigarribia resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión respecto a la exjueza Liliana González de Bristot, imputada por prevaricato y otros ilícitos dentro del proceso abierto en la causa conocida como la mafia de los pagarés.

Las medidas impuestas a la imputada son: prohibición de cambiar de domicilio, prohibición de cambiar el número de celular, comparecencia trimestral para la firma del libro y prohibición de salida del país.

Igualmente, se le intima a la procesada a presentar, en un plazo de 20 días, una fianza real que cubra la suma de G 200 millones, así como las condiciones de dominio del inmueble ofrecido como garantía dentro del proceso.
Liliana González de Bristot llegó a firmar resoluciones en fechas inhábiles, dictó resoluciones judiciales sin número ni fecha, e inició juicios ejecutivos sin cumplir con las exigencias mínimas.

Tampoco controló las notificaciones irregulares realizadas por sus funcionarios. Según la imputación fiscal, existen actuaciones irregulares en más de 100 expedientes.

Tras su imputación, la magistrada optó por renunciar al cargo y quedar sin fueros para enfrentar su proceso. Su defensa está a cargo del abogado Mario Elizeche, quien la puso a disposición de la Fiscalía incluso antes de ser imputada.

El juez Miguel Palacios resolvió dividir la audiencia preliminar, que se encuentra desde hace años en esta etapa sin avanzar.

El magistrado separó a 11 acusados en la causa y los citó para su audiencia preliminar el próximo jueves 24 de abril, con el fin de avanzar respecto a ellos en este proceso, que también lleva años abierto sin que exista una sentencia.

La medida se adopta luego de una serie de dilaciones planteadas en la causa, que impiden la realización de la diligencia respecto al principal acusado, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, al diputado Ulises Quintana y a otros procesados por narcotráfico y lavado de dinero.

Han transcurrido casi siete años y, hasta ahora, no se ha superado la etapa de garantías debido a incidentes y recusaciones presentadas contra los distintos jueces que han intervenido en el caso. A esto se suma que el Ministerio Público presentó la acusación, pero se dio por no presentada, ya que no fue acompañada de las evidencias requeridas. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirmó que la acusación fue presentada fuera de plazo y remitió el expediente a la Fiscalía General para una nueva acusación.

Desde entonces, el proceso ha pasado por numerosos magistrados de garantías y, hasta el momento, la causa no ha podido ser elevada a la siguiente etapa de juicio oral, como lo requiere el Ministerio Público.

En esta causa, “Cucho” Cabaña fue acusado por la Fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue imputado por lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos del departamento de Alto Paraná, en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en septiembre de 2018. En su momento, fueron detenidas más de 30 personas, aunque posteriormente se descartó la participación de algunas, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y una importante suma de dinero en efectivo.
 

El nivel de saturación de los procesos penales en los tribunales de sentencia sigue siendo un problema que no se ha podido resolver con el tiempo. Esta situación mantiene saturadas a dichas instancias y compromete seriamente tanto el tiempo como la calidad de las defensas en juicio.

Solo para este lunes se han agendado 31 juicios orales. Las audiencias se desarrollan durante escasos minutos para que los tribunales puedan ingresar a los otros juicios fijados, con el objetivo de cumplir con las partes citadas para estas diligencias.

Desde hace años, la saturación de los procesos en esta etapa genera inconvenientes no solo para los tribunales colegiados, sino también para los abogados litigantes —públicos o privados— que deben participar en múltiples juicios, muchas veces por breves lapsos, para luego acudir a otras diligencias. Lo mismo ocurre con los fiscales que intervienen en estos casos.

La inmensa cantidad de procesos por hechos considerados bagatelarios sigue siendo el principal inconveniente para los tribunales, que deben iniciar estos juicios y llevarlos adelante junto con otros casos que sí tienen relevancia penal y que deberían contar con toda la atención del tribunal.

Si bien la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha llevado adelante numerosas iniciativas para reducir la elevación a juicio de casos que podrían resolverse mediante otras salidas procesales, esto no ha logrado disminuir la cantidad de causas que llegan a esta etapa. A ello se suma la escasa cantidad de tribunales colegiados, que no dan abasto para responder a la gran cantidad de procesos que se elevan.

La criminalidad ha aumentado, pero la cantidad de tribunales de sentencia designados para esta etapa no ha crecido en proporción al número de causas, que se han incrementado exponencialmente en los últimos tiempos. Esto genera una sobrecarga laboral para todas las partes de un proceso penal.

Si bien existen tribunales que respetan cabalmente la labor de los abogados, también hay otros que no dudan en declarar el abandono de la defensa por no esperar cinco o diez minutos a que el abogado llegue de su primera audiencia —que corresponde a la continuación de un juicio— a otra que debe iniciar o continuar.