Este miércoles, en sesión plenaria, se propusieron dos acordadas para frenar el avance de la red de estafa serial conocida como la mafia de pagarés. Por un lado, se plantea una acordada que regule el sellado de los pagarés, y por otro, la creación de un portal de denuncias para auditar los casos reportados por los afectados.
Ambas iniciativas pretenden ser aprobadas con el fin de poner un alto a este esquema operado en los juzgados de Paz de la capital, que se encuentran entre los más comprometidos, con cuatro jueces y una exjueza imputados por el Ministerio Público.
La propuesta fue presentada por el ministro Víctor Ríos, quien aclaró que la redacción fue elaborada de manera conjunta con su colega Manuel Ramírez Candia, también está la propuesta del ministro Gustavo Santander que fue presentado con anterioridad, son ideas formuladas mientras se adoptan las medidas legislativas pertinentes para proteger a la ciudadanía de estas redes criminales.
Ríos explicó que, por el momento, un juzgado de Paz está impedido de saber si un pagaré ya fue reclamado judicialmente, debido a cómo está montado el sistema actual. Por ende, se busca una medida primaria de protección mediante el sellado de los pagarés, y que la ciudadanía pueda denunciar directamente los casos a la Corte, como un mecanismo administrativo inicial de solución a esta problemática que compromete severamente la imagen del Poder Judicial.
Sellando los pagarés, se pretende evitar que estos documentos, utilizados de manera irregular en más de un juicio, sigan circulando como si nunca se hubieran cancelado, perjudicando gravemente a las personas que son requeridas por profesionales de la estafa.
El sellado busca funcionar como un filtro y un mecanismo de control sobre jueces y funcionarios que permiten el cobro de deudas ya saldadas, convirtiendo a supuestos morosos en víctimas de un esquema criminal.
“Lo que se garantiza con el sello de los pagarés es que no sean utilizados en otros procesos, aunque sí puedan seguir circulando en el ámbito comercial”, señaló Ríos.
El Poder Judicial está obligado a esclarecer la grave denuncia que salpica su estructura. La justicia no puede seguir siendo una herramienta de despojo para el ciudadano común, incluso cuando no haya retirado sus pagarés tras cancelar sus deudas.
La máxima instancia no puede desentenderse de una situación tan grave, que compromete no solo la imagen del Poder Judicial, sino también la de los propios ministros que administran justicia, quienes tienen la obligación, como superintendentes, de velar por el correcto desempeño de jueces y funcionarios, para evitar retrocesos en los esfuerzos de lucha contra la corrupción y por la transparencia en la gestión judicial.
Jajaaaa,, el zorro que quiere vomitar la gallina que se tragó,, andá Cagá VÍCTOR RÍOS y tus gavillas,, prostituta justicia administrada por USTEDES,, malditos miserables le tienen décadas a las gentes detrás de sus expediente,, inútiles ladrones, mal nacido,, deben irse de allí pero ya…! Que venga otras gentes que se divorcie de la politiquería,, que aplican ahí,
Nrecesitamos nuevos abogados expertos en leyes jurídica, NO POLÍTICOS qué solo sabe manipular y robar sentados allí desde un cómodo sillón percibiendo alto salarios,, váyanse yaaaaaa
La CSJ debería dictar otra Acordada y lanzando un programa de solución al problema falta de Abogados que representen a las víctimas, (que a sugerencia del Ministro Jiménez Rolon que esa representación, debería ser asumida por Abg en calidad de pro bono)
Si bien es cierto que el Código de Ética establece oblugstoriedad de la abogacía en pro bono, esa «obligatoriedad de litigar probono» no opera porque es contraria a la máxima de «La gratuidad del trabajo no se presume» en Paraguay, prevista en el artículo 12 del Código del Trabajo.
En ése mismo sentido, el Art 13 CT establece que:
«Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución de autoridad competente fundada en Ley; ni obligado a prestar servicios personales, sin su pleno consentimiento y una justa retribución.»
Ahora, la cuestión es: cuál de estas leyes: CE/CL tiene preeminencia?
A mi modo ver, el CT tiene supremacía
Por eso, yo creo que procederia que los Abg hagamos llegar a la CSJ- atraves del CAP- una sugerencia de solución del problema.
En efecto, dado que «la mafia de los pagarés» surgió y operó por causa de la debilidad de la administracion de la CSJ. Por lo que, la humilde sugerencia es que CSJ lance una convocatoria para todos los Abogados habilitados para postularse para asumir la representación de las víctimas de la MP con una remuneración (monto fijo especial) fijada por la CSJ.
Destacar que, tratándose de un evento «sui géneris» excepcional, la remuneracion por los honorarios debe ser especial, en ese marci:
– Que CSJ dicte una Acordada por la cual se regiría el programa y/o lanzamiento, decretsndo:
– Que, los honorarios tenga un monto fijo;
– Que, sea menor (ej. 50%) de lo establecido por la ley de aranceles,
– Que, se pagaría por cada caso, y debería ser cubierto por el PRESUPUESTO del PODER JUDICIAL.