El especialista en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona destacó que no todas las medidas cautelares tienen el mismo impacto sobre los derechos de las personas. Señaló que la prisión preventiva exige un análisis especialmente riguroso por las consecuencias que puede generar una decisión equivocada.
En la jornada de cierre del I Seminario Internacional de Formación Continua sobre Razonamiento Probatorio, el especialista español Jordi Ferrer, de la Universidad de Girona, puso el foco en uno de los aspectos más sensibles de la actividad jurisdiccional: la aplicación de las medidas cautelares y los estándares de prueba necesarios para justificarlas.
Durante su exposición, Ferrer planteó que la magistratura no puede analizar las distintas medidas cautelares como si todas produjeran las mismas consecuencias. A su criterio, el nivel de exigencia debe guardar relación directa con la importancia del bien jurídico que puede resultar afectado en caso de una decisión equivocada.
“¿Por qué va a ser lo mismo la retirada del pasaporte que una prisión preventiva?”, cuestionó el académico, al remarcar que el análisis debe considerar qué está en juego en cada caso.
En esa línea, sostuvo que “la gravedad de lo que está en juego si nos equivocamos” constituye un elemento fundamental para determinar cómo debe abordarse una medida cautelar.
El costo de una decisión equivocada
Ferrer explicó que los errores judiciales no tienen siempre las mismas consecuencias. Una decisión que limite temporalmente determinados derechos puede generar un perjuicio, pero ese impacto puede ser sustancialmente diferente cuando la medida implica privar a una persona de su libertad.
“Es muy distinto equivocarse retirándole el pasaporte a alguien que equivocarse metiéndolo en la cárcel”, afirmó.
El especialista insistió en que una prisión preventiva puede ocasionar un daño considerablemente mayor que otras medidas cautelares, por lo que la evaluación judicial debe ser proporcional a la afectación que puede producir.
También puso como ejemplo una orden de alejamiento. Si bien reconoció que este tipo de decisión limita la movilidad de una persona y puede incluso obligarla a abandonar su vivienda, sostuvo que tampoco resulta comparable con una privación de libertad.
“No es lo mismo que meterlo en la cárcel”, enfatizó.
Para Ferrer, esta diferencia obliga a que los jueces tengan presente que “la importancia del bien jurídico afectado es muy variable en función del tipo de medida cautelar”, al igual que el grado de afectación de esos derechos.
No todas las cautelares requieren el mismo análisis
El académico extendió su reflexión más allá del ámbito penal y recordó que las medidas cautelares también tienen características diferentes en los procesos civiles y laborales.
Como ejemplo, mencionó las medidas de carácter económico, como la anotación preventiva de embargo en un proceso civil. En estos casos, explicó, el objetivo es evitar que una persona disponga de determinados bienes mientras se garantiza una eventual responsabilidad patrimonial.
“No le estamos sacando el bien, no lo estamos sacando de su casa donde vive, solo estamos impidiendo que disponga de ella”, explicó, haciendo referencia a la diferencia entre impedir la venta o donación de un bien y privar a una persona de su libertad.
Ferrer señaló además que en este tipo de medidas pueden existir mecanismos destinados a compensar eventuales perjuicios, como las contracautelas, cauciones o fianzas, que permiten asegurar los posibles daños derivados de una decisión cautelar.
La proporcionalidad como eje de la decisión judicial
La exposición de Ferrer dejó como uno de sus principales mensajes la necesidad de que la magistratura analice las medidas cautelares desde una perspectiva proporcional, atendiendo a las consecuencias concretas que puede generar cada decisión.
Desde esta perspectiva, el razonamiento probatorio no debe limitarse a determinar si existen elementos que permitan justificar una medida, sino que también debe considerar qué derechos están en juego, cuál sería el impacto de una equivocación y qué tan grave sería el perjuicio ocasionado.
La reflexión adquiere especial relevancia en materia de prisión preventiva, donde una decisión errónea puede afectar directamente uno de los derechos fundamentales de mayor importancia: la libertad personal.
El planteamiento de Ferrer durante el seminario apunta así en el que el análisis de la prueba y la valoración de sus consecuencias estén estrechamente vinculados, de modo que a mayor gravedad del daño potencial, mayor debe ser el rigor en la justificación de la decisión judicial.
