La abogada Alejandra Peralta Merlo, quien ejerce la representación de un padre sordo en un juicio de venia judicial con fines de radicación, denunció que el tribunal de la Niñez de Caacupé presidido por la camarista Rosa Yambay dio trámite a una apelación presentada fuera del plazo de ley.
 
La letrada cuestionó que el tribunal, alegando el principio de doble conforme, declare inoficiosa una apelación, pero dicte la nulidad, aunque la recurrente no haya fundamentado dicha nulidad. Que, además de ello, dentro de un juicio de venia judicial se resolvió un régimen de relacionamiento.
 
Agregó que el fallo viola el debido proceso al haberse tramitado una apelación que se presentó fuera de tiempo y que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia ya que nunca debió ser tratada.
 
“El tribunal dicta una sentencia injusta. En un juicio de venia con fines de radicación, pero hace lugar parcialmente, modificando como un régimen de convivencia compartida, siendo que el juicio de convivencia es un juicio diferente. Lo más grave de todo es que hayan dado trámite a un recurso de apelación planteado fuera del plazo, alegando el derecho a recurrir fallos, pero olvidando que ese derecho debe hacerse dentro del plazo legal. Violar ese principio es una violación a las garantías del debido proceso. La apelación nunca debió ser tratada”, señaló la abogada, sobre el caso que involucra a dos niños cuya madre se encuentra radicada en España.
 
En su decisión, el tribunal reconoce que ambos padres ejercen con dedicación la paternidad. La controversia judicial inició luego de que la madre solicitara que los niños pudieran viajar con ella a España, y el padre de los niños también reclama la convivencia con ellos, haciendo especial mención de que su hija con sordera hereditaria se vería afectada por el entorno en el extranjero, fuera de su círculo familiar, en el que se maneja en lengua de señas desde que nació.
 
“Entiendo que, considerando la escolaridad de los niños, el entorno lingüístico de Ainara y las necesidades de ambos niños de estar con sus padres, responde al interés superior de los niños Ainara y Markel. Principio al que considera ajustado determinar la convivencia de los niños con su padre en la temporada escolar en Paraguay, desde la última semana de febrero hasta fines de noviembre, que culmina el año escolar, y con la madre, desde este tiempo hasta el inicio del año escolar siguiente, es decir, desde la segunda quincena de noviembre (cierre de año escolar) hasta la tercera semana de febrero, a partir del presente año”, dice el voto de la preopinante Rosa Yambay, al que se adhirieron sus colegas Ramón Martínez y Víctor Alfonso Fretes.



La exlegisladora volvió a presentar un urgimiento a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que traten la acción de inconstitucionalidad que había presentado contra la decisión del Senado que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.
 


Kattya González, presentó su noveno urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que aceleren el tratamiento de su acción de inconstitucionalidad que tiene como objetivo su vuelta a cámara alta.
 


El expediente se encuentra en fueros inferiores en la búsqueda del último integrante que falta para completar los nueve miembros y así someter a estudio la expulsión de la recurrente del Senado.
 
De momento, el expediente se encuentra con el camarista Lineo Infrán para saber si acepta entender el caso como integrante de la Sala Constitucional ampliada.

Kattya González, busca que la máxima instancia le devuelva su curul declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.
 
El 14 de febrero del 2024 la senadora Kattya González fue arrebatada de su investidura de parlamentaria por supuestas irregularidades, pero, estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.
 


La fiscalía dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora ya que se violaron preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.
 
La exfiscal adjunta Artemisa Marchuk, fue quien emitió el dictamen en representación de la fiscalía general del Estado en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la resolución 431 del 14 de febrero de 2024 por la cual se resolvió la pérdida de su investidura.
 


Para la fiscalía general queda claro que se han vulnerado preceptos constitucionales, al no respetar la cámara su propio reglamento que claramente establece los siete días hábiles que se le debe conceder a la persona afectada en este caso Kattya González, para presentar su defensa por escrito y tampoco se respetó la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.
 
Falta solo un integrante para completar el pleno de la Corte Suprema de Justicia y así iniciar el estudio de la acción.

El magistrado Rodrigo Estigarribia estableció una fianza de G. 1.390 millones (valor de un inmueble) a su colega Víctor Nilo Rodríguez, imputado por su presunta participación en un esquema de fraude con pagarés.

Además de la caución, también se le prohíbe salir del país, cambiar de domicilio y número de teléfono sin comunicarlo al juzgado, y debe comparecer trimestralmente ante el juzgado para la firma del libro de asistencia.

El juez Víctor Nilo Rodríguez se presentó este lunes ante el juez de su causa para la audiencia de imposición de medidas, en el marco de la imputación que soporta por su presunta participación en el esquema conocido como la mafia de pagarés.

La defensa, a cargo del abogado Secundino Méndez, aseguró que ha decidido poner a disposición a su cliente para demostrar su buena predisposición desde el inicio de la investigación, y que, pese a haber sido el primero en ponerse a disposición de la justicia, aún no fue llamado por el Ministerio Público para ejercer su defensa material sobre el hecho de prevaricato que se le imputa.

El defensor señaló que han ofrecido como caución real la suma de G. 1.390 millones, correspondiente al valor de un inmueble que pertenece a la madre del juez imputado, y que, por una estrategia procesal, no recurrirán la ratificación de la admisión de la imputación, la cual, según afirman, no corresponde por ser genérica y no permitir ejercer debidamente su rol como defensor.

Reiteró que la imputación no reúne los requisitos de la Acordada 1071, que es pura conjetura y que no saben de qué deben defenderse. “No tenemos la descripción de la conducta, no tenemos hechos, no tenemos determinación de tiempo. La Fiscalía tiene la obligación de presentar imputaciones coherentes: qué ocurrió, quién lo hizo, cuándo, dónde y por qué. Eso no nos responde la imputación”, dijo.

La Justicia rechazó el pedido de revisión de la prisión preventiva de Walter Acosta, el abogado que abofeteó a una funcionaria del INTN.

El juez de Santa Rita, Bernardo Silva, ratificó la prisión preventiva del imputado, al considerar que aún persiste el peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación, por lo que ha resuelto confirmar la prisión preventiva.

El 18 de marzo pasado, preso de la ira ante una posible multa por parte de funcionarios del INTN, Walter Acosta agredió a los intervinientes.

Según el relato fiscal, Walter Acosta, luego de propinar patadas a los funcionarios, continuó con sus agresiones verbales y físicas, empujando a la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas, quien cayó al suelo de espaldas. Tras ser auxiliada por sus compañeros, intentó abordar la camioneta, momento en el que nuevamente fue agredida, recibiendo un fuerte golpe en la cara por parte del abogado.

El Ministerio Público imputó a Walter Acosta por los tipos penales de coacción, coacción grave y resistencia, por haber agredido a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) durante la inspección a una estación de servicios.