El oficial de policía Gustavo Florentín fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Rodrigo Quintana, ocurrido el 1 de abril de 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
 
El fallo fue unánime. El uniformado no irá a prisión por este caso hasta que la sentencia quede firme, al considerar que no existe peligro de fuga y ya compurgó la pena mínima en prisión preventiva.
 
El crimen, según el tribunal de sentencia, ocurrió en la madrugada del 1 de abril del 2017, cuando agentes policiales, entre ellos Florentín, ingresaron violentamente al local del PLRA tras forzar y derribar la puerta.
 
Durante el operativo, Rodrigo Quintana intentó escapar junto a su amigo Diego Garcete, pero Florentín, armado con una escopeta, disparó balas de plomo que impactaron fatalmente en Quintana, causándole la muerte minutos después.
 
El tribunal basó su fallo en diversas pruebas clave, incluyendo registros de cámaras de seguridad que mostraban a Florentín portando la escopeta en el lugar de los hechos, así como cruces de llamadas que confirmaban su presencia. Además, el testimonio de Diego Garcete, amigo de la víctima, fue considerado coherente y fundamental para esclarecer lo ocurrido. Peritajes balísticos determinaron que las balas utilizadas eran de plomo y no de goma, un factor que reforzó la acusación contra el oficial.
 
A pesar de que no se documentó oficialmente la entrega de la escopeta a Florentín, el tribunal consideró probado que este tenía pleno conocimiento del uso del arma y del tipo de municiones empleadas.También se destacó el uso desmedido de la fuerza policial durante el operativo, calificándolo de injustificado.
 
No se probó desde que escopeta se disparó y el tribunal ordenó la entrega del arma a la Policía Nacional. Tampoco se pudo determinar quién dio la orden a Florentín para salir de la Comandancia. No obstante, se aclaró que en las imágenes se ve al acusado disparando contra el joven Rodrigo Quintana.
 
El tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Lourdes Garcete, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado.
 

El Ministerio Público pidió 25 años de prisión para el único efectivo policial acusado por el crimen de Rodrigo Quintana.

El fiscal Hernán Galeano señaló que existen pruebas contundentes, producidas en el juicio oral y público, que demuestran que fue el acusado Gustavo Florentín quien ingresó al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y disparó hacia la multitud.

Aclaró que no solicitaron la pena máxima de 30 años porque consideraron la juventud del acusado y el hecho de que tiene una familia, situación que analizaron para atenuar el pedido de pena, a pesar de que la conducta del acusado es reprochable por el nivel de estudio táctico que posee.

La Fiscalía reiteró que Gustavo Florentín no recibió la orden de ningún superior para acudir al local del PLRA.

Por su parte, el acusado manifestó durante su declaración ante el tribunal ser inocente y afirmó que incluso su entonces superior, Lorenzo Lezcano, le ofreció dinero para asumir la culpa por la muerte del joven Rodrigo Quintana.

Rodrigo Quintana fue asesinado en la madrugada del 1 de abril de 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.

El tribunal de sentencia que juzga la conducta del único acusado por el crimen del joven Rodrigo Quintana está presidido por la magistrada Lourdes Garcete, e integrado por los jueces Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.

El abogado Rodrigo Yódice, uno de los profesionales que ejerce la defensa de la jueza de Paz de La Encarnación, Analia Cibils, afirmó que la imputación del Ministerio Público no menciona cuáles son las normas supuestamente mal aplicadas por su defendida.

La jueza Analia Cibils fue imputada por prevaricato en calidad de autora, además de otros hechos punibles en calidad de cómplice, por su presunta participación en el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

Según la defensa, la imputación fiscal carece de los aspectos formales y legales necesarios para ser admitida. Por ello, han presentado un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la admisión de la imputación en las condiciones actuales.

Yódice asegura que el relato fiscal cercena el derecho a la defensa y les impide ejercer una representación adecuada de la magistrada, sospechada de haber cometido prevaricato.

“El acta no contiene un relato sucinto de los hechos. Es genérica, imprecisa, vaga y abstracta. Se atribuye a la jueza haber dictado resoluciones, sin especificar cuáles son, qué naturaleza tienen, si son providencias, autos interlocutorios o sentencias definitivas; si están firmes o no; qué normas jurídicas sustantivas o procesales fueron mal aplicadas, en beneficio de quién y en perjuicio de quién”.

“La falta de especificación de los hechos, sumada a la indefinición sobre qué resoluciones, efectos y normas fueron inobservadas, no permite ejercer adecuadamente la defensa. Incluso, podría dar lugar a una acusación final por hechos que no guarden congruencia con la imputación abstracta y genérica”, señaló el defensor.

Agregó que se viola el derecho a la defensa y del debido proceso, ya que el Ministerio Público no precisa de forma pormenorizada los hechos concretos, como el lugar, el tiempo y el modo de comisión de los actos atribuidos a la jueza.

Finalmente, el abogado sostuvo que, en los juicios tramitados ante el juzgado de Paz a cargo de Analia Cibils, las personas demandadas sabían que se les estaban realizando descuentos. Afirmó que, si fueron afectadas por un proceso irregular, debieron plantear incidentes de nulidad para revertir los descuentos, ya que los jueces civiles no tienen facultades oficiosas y solo actúan a instancia de parte.
 

Pablo Benegas, está acusado por el Ministerio Público por presumiblemente drogar y abusar sexualmente de una niña y una adolescente en situación de vulnerabilidad.

Este jueves, la defensa del acusado a cargo del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, repuso el rechazo de los incidentes presentados al inicio del juicio oral.

El Ministerio Público acusó a Pablo Benegas por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños, proxenetismo, coacción sexual y violación. Resultaron víctimas dos niñas en estado de vulnerabilidad.

La fiscalía, sostiene que, durante el periodo investigativo se pudo colectar numerosas evidencias entre ellas las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, pericias informáticas, declaración de testigos y otros medios de prueba que confirman que Pablo Benegas drogó y abuso de ambas víctimas.

Durante el desarrollo de la Cámara Gesell, las víctimas realizaron un detallado relato de lo ocurrido en la casa del acusado el 9 y 10 de noviembre del 2023. Este caso tuvo una gran trascendencia, luego de que las niñas llegaran hasta un Hospital público con un cuadro de aparente intoxicación y rasgos de haber sido abusadas y señalaron como responsable al músico hoy enjuiciado.

Según el relato de la fiscalía, el 9 de noviembre del 2023 Pablo Benegas habría llevado a su vivienda a las dos hermanitas una niña de 11 y una adolescente de 16, ambas en condiciones de vulnerabilidad. El hombre, bajo engaño les dio de comer y tomar gaseosa, ambos contenían cocaína y Benzodiacepina, le dio G 500.000 a la de 16 años y se aprovechó de la condición de las víctimas y las agredió sexualmente.

Ambas niñas consumieron la comida y la gaseosa y a la más pequeña afectó gravemente, por lo que fue asistida horas después en el Hospital de Barrio Obrero, donde ambas permanecieron por diez días hasta que se les dio su alta médica.

El acusado no solo dopó a las niñas y abusó de ellas, también las filmó y le hizo ver a la adolescente videos de tinte sexual en la que el acusado mantenía relaciones sexuales con otras mujeres con el mismo atuendo que le hizo vestir a las niñas, relata el Ministerio Público en la acusación que hoy defiende ante el tribunal de sentencia.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por la jueza Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.

La Corte Suprema de Justicia, ha emitido un largo pronunciamiento ante el pedido de los miles de afectados por el esquema criminal de la mafia de la pagarés y aclara que los ministros no pueden realizar una anulación genérica de los juicios.

El documento menciona que, la ley no les permite suspender o revocar decisiones jurisdiccionales de manera generalizada a través de una decisión administrativa. Igualmente, menciona que están impedidos de realizar cualquier acto que implique una intromisión en los juicios tramitados.

Aclaran que, solo el magistrado que ha decretado estos embargos o descuentos compulsivos son los que está facultado a tomar alguna decisión de suspender esa medida, sino está ajustada a derecho.

Por medio de este pronunciamiento, también la CSJ, exhorta a los afectados presentar los juicios de nulidad en sus casos para impedir que los descuentos se sigan ejecutando.

A continuación de tejamos gran parte del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia:

Es fundamental precisar que, conforme con la normativa paraguaya, no resulta jurídicamente viable disponer la suspensión o revocar, de manera generalizada, por medio de una disposición administrativa, alguna medida cautelar que haya sido trabada en el marco de algún proceso judicial.

Del mismo modo, tampoco es posible anular la tramitación de juicios ejecutivos de forma indiscriminada o genérica, ya sea por disposición de la Corte Suprema de Justicia o por autoridades externas al Poder Judicial.

De procederse de la manera indicada, ello implicaría una clara transgresión a normativa constitucional que rige la vida en nuestro país.

En tal sentido, debe recordarse lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución de la República que, de manera categórica, dispone que en ningún caso los miembros de los otros Poderes del Estado, ni otros funcionarios, pueden arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir de cualquier modo en los juicios que se tramitan en el Poder Judicial.

Es un principio fundamental la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad en la administración de justicia, la que se da a través del debido proceso, con intervención de las partes y el dictado de las correspondientes resoluciones judiciales las que pueden ser revisadas por los órganos de alzada pertinentes, en ejercicio de las normas procesales vigentes.

Asimismo, no puede soslayarse que, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil, las medidas cautelares y las medidas de ejecución dictadas en el marco de un juicio ejecutivo, como los embargos preventivos y ejecutivos, sólo pueden ser levantadas por el mismo magistrado que las dispuso, a través de los mecanismos procesales previstos por la ley y tras el análisis de las circunstancias particulares de cada caso puntual y concreto.

Por otro lado,  si bien se reconoce y valora las potestades constitucionales de la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de los ciudadanos, resulta primordial señalar que las acciones para abordar las presuntas irregularidades en cuestión deben llevarse a cabo de manera individualizada, analizando cada uno de los juicios en los que se hayan trabado embargos y en los que se identifiquen vicios o vulneraciones al debido proceso, para lo cual cada afectado deberá arbitrar las defensas y peticiones, las que deberán ser formuladas en cada juicio puntualmente y en donde se formulen las reclamaciones según las peculiaridades de cada caso concreto.

Las vías legales existentes permiten a las partes afectadas plantear las defensas correspondientes en cada caso, ya sea a través de incidentes -entre ellos los de nulidad-, excepciones, recursos u otras herramientas procesales, demostrando las irregularidades específicas que se haya podido incurrir.

Se exhorta a las personas que se consideren afectadas por supuestas irregularidades en juicios ejecutivos -o de cualquier otro tipo- a recurrir a los mecanismos legales existentes y a buscar el asesoramiento de la Defensoría Pública o de abogados particulares para analizar su situación específica y ejercer sus derechos de manera adecuada.