La Corte Suprema de Justicia, ha emitido un largo pronunciamiento ante el pedido de los miles de afectados por el esquema criminal de la mafia de la pagarés y aclara que los ministros no pueden realizar una anulación genérica de los juicios.

El documento menciona que, la ley no les permite suspender o revocar decisiones jurisdiccionales de manera generalizada a través de una decisión administrativa. Igualmente, menciona que están impedidos de realizar cualquier acto que implique una intromisión en los juicios tramitados.

Aclaran que, solo el magistrado que ha decretado estos embargos o descuentos compulsivos son los que está facultado a tomar alguna decisión de suspender esa medida, sino está ajustada a derecho.

Por medio de este pronunciamiento, también la CSJ, exhorta a los afectados presentar los juicios de nulidad en sus casos para impedir que los descuentos se sigan ejecutando.

A continuación de tejamos gran parte del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia:

Es fundamental precisar que, conforme con la normativa paraguaya, no resulta jurídicamente viable disponer la suspensión o revocar, de manera generalizada, por medio de una disposición administrativa, alguna medida cautelar que haya sido trabada en el marco de algún proceso judicial.

Del mismo modo, tampoco es posible anular la tramitación de juicios ejecutivos de forma indiscriminada o genérica, ya sea por disposición de la Corte Suprema de Justicia o por autoridades externas al Poder Judicial.

De procederse de la manera indicada, ello implicaría una clara transgresión a normativa constitucional que rige la vida en nuestro país.

En tal sentido, debe recordarse lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución de la República que, de manera categórica, dispone que en ningún caso los miembros de los otros Poderes del Estado, ni otros funcionarios, pueden arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir de cualquier modo en los juicios que se tramitan en el Poder Judicial.

Es un principio fundamental la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad en la administración de justicia, la que se da a través del debido proceso, con intervención de las partes y el dictado de las correspondientes resoluciones judiciales las que pueden ser revisadas por los órganos de alzada pertinentes, en ejercicio de las normas procesales vigentes.

Asimismo, no puede soslayarse que, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil, las medidas cautelares y las medidas de ejecución dictadas en el marco de un juicio ejecutivo, como los embargos preventivos y ejecutivos, sólo pueden ser levantadas por el mismo magistrado que las dispuso, a través de los mecanismos procesales previstos por la ley y tras el análisis de las circunstancias particulares de cada caso puntual y concreto.

Por otro lado,  si bien se reconoce y valora las potestades constitucionales de la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de los ciudadanos, resulta primordial señalar que las acciones para abordar las presuntas irregularidades en cuestión deben llevarse a cabo de manera individualizada, analizando cada uno de los juicios en los que se hayan trabado embargos y en los que se identifiquen vicios o vulneraciones al debido proceso, para lo cual cada afectado deberá arbitrar las defensas y peticiones, las que deberán ser formuladas en cada juicio puntualmente y en donde se formulen las reclamaciones según las peculiaridades de cada caso concreto.

Las vías legales existentes permiten a las partes afectadas plantear las defensas correspondientes en cada caso, ya sea a través de incidentes -entre ellos los de nulidad-, excepciones, recursos u otras herramientas procesales, demostrando las irregularidades específicas que se haya podido incurrir.

Se exhorta a las personas que se consideren afectadas por supuestas irregularidades en juicios ejecutivos -o de cualquier otro tipo- a recurrir a los mecanismos legales existentes y a buscar el asesoramiento de la Defensoría Pública o de abogados particulares para analizar su situación específica y ejercer sus derechos de manera adecuada.

El presidente del tribunal de sentencia, Julio César Alfonso, explicó a Judiciales Net, la razón del por qué el colegiado absolvió a un docente acusado por haber mensajeado con su alumna, una niña de 11 años.
 
Señaló que, el agente fiscal del caso Rodrigo Vázquez no presentó al tribunal los mensajes de texto que circulan por las redes sociales. Que, en el relato fiscal solo se plasmó mensajes que no configuran hecho punible alguno.
 
Alfonso, aseguró que él personalmente redactó la sentencia absolutoria del docente, y, que el fallo se emitió en base al relato fiscal y las pruebas presentadas por el agente fiscal Rodrigo Vázquez que fueron producidos durante el juicio oral, que, el tribunal se vio imposibilitado de emitir una sentencia diferente a la absolución.
 
Comentó que, en ningún momento el agente fiscal pidió al tribunal ampliar la acusación, ni presentó los mensajes de texto que circulan en línea, que pudieron servir para una sentencia diferente a la ya emitida.
 
 Subrayó, que los jueces están obligados a cumplir la ley por lo que han resuelto absolver al docente acusado en este caso, al no configurar su conducta un hecho punible en base a los elementos presentados por la fiscalía. Que en ningún momento tanto él como sus colegas buscaron favorecer al docente hoy absuelto.
 
“El relato fáctico del Ministerio Público señala que se configuraría el abuso por medios tecnológicos. El fiscal Rodrigo Vázquez relata en su acusación que, desde el mes de mayo del 2022 hasta agosto del 2022, el acusado enviaba mensajes de texto a la niña por WhatsApp, en dichos mensajes, el profesor le decía a la menor, que le quería, que estaba linda, que era hermosa, mi amor, mi princesa, vení a mi casa situación que nunca se concretó, ellos no tuvieron contacto físico, allí termina la plataforma fáctica, nosotros concluimos que estos mensajes no configuran hecho punible”.
 
La norma nos exige en el 135b, que solicitar o exigir a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual constituye abuso por medios tecnológicos, en este caso, según las pruebas, ella nunca le envió fotos íntimas ni el profesor le pidió fotos íntimas a ella y tampoco le pidió actos sexuales”, señaló el juez.
 
El magistrado dijo que, el cómo ocurrió el hecho fue totalmente incompleto, que los mensajes de texto que están acaparando las redes no formaron parte de la producción de pruebas en el juicio, porque no se agregó nunca a la acusación fiscal, que tampoco el fiscal pidió que se agregue estos mensajes como prueba durante el debate oral y que es por ello que el tribunal votó por la absolución.
 
Mencionó que debe existir una certeza absoluta para que un tribunal aplique una condena a un ciudadano. Que el colegiado explicará a la ciudadanía este fallo porque está elaborado en base a lo que dicta la ley, que como jueces son hombres de derecho y están obligados a emitir fallos fundados como lo es este caso.
 
Por último, Julio César Alfonso, señaló que la conducta del docente al escribir con su alumna, una niña, son actos impropios y es repudiable desde el punto de vista, pero, que no cumple con la exigencia de la norma para ser condenado por este hecho.
 

La Corte confirmó una vez más la competencia del juez Miguel Palacios en la causa abierta contra Reinaldo Javier “Cucho Cabaña” y el exdiputado Ulises Quintana por narcotráfico y lavado de dinero.


La Sala Penal rechazó una apelación general planteada en la causa contra la confirmación del juez penal de garantías Miguel Palacios. Con esta decisión, el juez estará nuevamente habilitado para citar a las partes y realizar la audiencia preliminar, que hace años está en esta etapa.


En esta causa está acusado como líder del esquema de tráfico de drogas y lavado Reinaldo Javier “Cucho Cabaña”. También está acusado el exdiputado colorado Ulises Quintana, junto con los demás acusados.


Han transcurrido más de seis años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso, sumado a que el Ministerio Público presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias.


En su momento, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la Fiscalía General para su acusación. Desde entonces, el proceso tropieza con numerosas dilaciones que impiden que el caso pueda ser debatido en juicio oral.


“Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal.


El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la SENAD en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunas, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.


En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.

La justicia ha declarado la prescripción del proceso penal por lesión de confianza contra Carlos Heisele, debido al transcurso del tiempo sin que exista una condena. El paso del tiempo hizo operar la prescripción y, por tanto, el caso ha expirado.


Con esta decisión, la Cámara de Apelaciones sobreseyó definitivamente a Carlos Heisele, con los votos de la camarista Andrea Vera Aldana y Cristóbal Sánchez. Mientras tanto, votó en disidencia el camarista José Waldir Servín.


Los camaristas, con el voto en mayoría, alegan que el último cheque entregado por Heisele y otros procesados fue el 2 de agosto de 2013, por lo que el 2 de agosto de 2023 ya operó la prescripción, ya que se cumplió el doble del plazo del hecho punible acusado.


“Esto no significa que se trate de una vía para la impunidad, sino una garantía de concluir un proceso penal en un tiempo razonable, y el legislador ha entendido así, ya que para que ésta opere deben darse muchas situaciones irregulares, porque para que opere la prescripción deben superarse los presupuestos de suspensión e interrupción del plazo establecido en la norma penal”, reza parte del voto de la camarista Andrea Vera, al que se adhirió el camarista Cristóbal Sánchez.


Agrega el voto en mayoría que la prescripción trae aparejada la extinción del derecho de castigar y/o penar que tiene el Estado, y que la garantía judicial del plazo razonable constituye un presupuesto imprescindible del debido proceso. Por consiguiente, la declaración de ésta imposibilita al operador de justicia llegar a un veredicto definitivo o ejecutarlo por el excesivo paso del tiempo.


El proceso penal abierto por lesión de confianza contra el expresidente de la ANDE Carlos Heisele fue elevado a juicio oral y público el año pasado, lo que fue recurrido por la defensa a cargo del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien cuestionó aspectos de la elevación, que ya no fue estudiada por la cámara al declararse la prescripción del proceso.


El Ministerio Público acusó en esta causa un perjuicio estimado de más de G 9.000 millones.

Además de Heisele, fueron sobreseídos René Adilio Aranda y Ángel Javier Galeano Barrientos. Los tres estaban acusados en la causa que investiga el pago de indemnizaciones presuntamente irregulares por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en el marco de la construcción de la Línea de 500 kV.


Según el relato del Ministerio Público, en diciembre de 2018, bajo la gestión de Carlos Heisele, se otorgaron indemnizaciones de manera irregular a diecisiete propietarios de inmuebles ubicados dentro de la franja de dominio de la construcción de la Línea 500 kV, que se extiende desde Itaipú hasta la ciudad de Villa Hayes, en el Chaco paraguayo.


El fiscal Leonardi Guerrero sostuvo que la ANDE pagó mucho más de lo que debía abonar a los propietarios, que debía ser solo de G 3.000 millones. Sin embargo, la Administración desembolsó más de G 9.400 millones.
 

El tribunal de sentencia presidido por el juez Rodrigo Duré de la ciudad de Luque, condenó a 16 años de prisión a una abuela que maltrataba y abusaba de sus dos nietos.

La fiscal Lourdes Bobadilla logró una condena de 16 años de cárcel en contra una mujer declarada culpable por abuso sexual en niños y violencia familiar. Las víctimas fueron sus nietos de 6 años y 9 años.

Los niños vivían con su abuela porque su madre se encuentra en prisión por presunto tráfico de drogas. La hoy condenada no solo maltrataba a sus pequeños nietos, también abusó de ellos sexualmente.

Según las declaraciones recabadas en cámara Gesell, las víctimas sufrieron diversos tipos de lesiones.

Recibían golpes en la cabeza con un candado, causándoles heridas visibles y los quemaba con cigarrillos. Los médicos confirmaron la presencia de múltiples escoriaciones en distintas partes de sus cuerpos, coincidentes con el relato de los pequeños.

Además, los niños revelaron que la acusada los manoseaba en sus partes íntimas y que frecuentemente les negaba alimentos cuando consumía alcohol o fumaba.

El tribunal de sentencia de Luque, presidido por el magistrado Rodrigo Duré e integrado por los jueces Lilian Flores y Jorge Romero, dio por probado los hechos y aplicó la ejemplar condena de 16 años de cárcel a la abuela.

El Juzgado Penal de Garantías de Lambaré, a cargo de la magistrada Isabel Bracho, dictó el sobreseimiento definitivo de Carolina Urbieta de Villate, María Gabriela Santiviago Rivarola y Olga María Feltes Ochoa, respecto a la investigación por presunta violación del deber de cuidado o educación, frustración de la persecución y ejecución penal, y violación de la Ley Nº 6202/2019.

Las hoy sobreseídas, funcionarias del colegio SEK, fueron investigadas tras la denuncia presentada por la madre de un alumno de seis años. Según la imputación, las procesadas habrían omitido la aplicación de guías y protocolos establecidos por el Ministerio de Educación ante una sospecha de abuso sexual hacia un niño, presuntamente cometido por estudiantes de grados superiores.

La justicia declaró la extinción de la acción penal. Además, el fallo destacó que la fiscalía no solicitó la reapertura del caso tras el sobreseimiento provisional que ya se había dado anteriormente, lo que consolidó la decisión judicial.

La magistrada señala en su decisión que, en virtud de las normativas vigentes, y en razón de que ya ha transcurrido más de un año desde que se dictó el sobreseimiento provisional, corresponde declarar la extinción de la acción penal por haberse vencido el plazo para la reapertura y porque la fiscalía no lo requirió.

El abogado defensor Álvaro Arias dijo que sus clientes fueron procesadas y enviadas a prisión injustamente, y una vez firme el fallo, analizarán cuáles serán las estrategias legales a seguir.

«Vamos a esperar que quede firme y después evaluaremos qué actitud tomaremos con respecto a esta situación porque son personas que estuvieron imputadas, procesadas, privadas de su libertad con prisión preventiva, con una exposición muy alta ante la sociedad. Hoy día están absolutamente desvinculadas y con el sobreseimiento definitivo», señaló Arias.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el supuesto abuso habría ocurrido el 26 de abril de 2022. Entre las pruebas consideradas se incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de responsables dentro de la institución educativa.
 

El equipo fiscal integrado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardo Guerrero, imputó por estafa a la abogada Zully Ortiz, por haber impulsado juicios en perjuicio de la señora Ángela Zárate por cuentas ya canceladas.

Según el relato fiscal, la víctima de este esquema y denunciante, Ángela Zárate, accedió a un préstamo en octubre de 2013 y firmó los pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados. En total, accedió a dos créditos por G. 3.360.000 y 3.840.000, que le fueron descontados vía débito automático y que habrían sido abonados en su totalidad.

Pese a ello, los representantes legales de Vanessa y Asociados S.A., Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva, habrían entregado los pagarés a la abogada hoy imputada, Zully Ortiz, en representación de esta firma. En 2020, se promovió la acción preparatoria de juicio ejecutivo y luego el juicio por cobro de guaraníes ante el juzgado de Paz de Nueva Italia.

En consecuencia, el juzgado dictó el embargo ejecutivo de la cuenta de la denunciante y, una vez cobrada la totalidad de la suma reclamada con costas, en octubre de 2021, se dio por finiquitado el caso.

Sigue diciendo el Ministerio Público que, pese a la cancelación administrativa y judicial de la deuda de la señora Zárate, el 5 de agosto de 2022, la abogada Zully Ortiz volvió a promover un juicio de reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes contra la señora Zárate, “con el conocimiento de que los pagarés ya habían sido ejecutados previamente, volvió a presentar los mismos pagarés que habían sido cobrados”, dicen los fiscales.

La imputación atribuida a los dueños de Vanessa y Asociados, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Paiva Krause, es que, a sabiendas de que la cuenta de la señora Ángela Zárate fue cancelada en su totalidad, se habrían valido de la abogada Ortiz para demandar a la víctima.

La conducta de los dueños de Vanessa y Asociados como la de la abogada Zully Ortiz están sumamente comprometidas al haber impulsado juicios sobre deudas ya canceladas y cobradas incluso vía judicial de manera injusta.

El equipo fiscal requiere seis meses de tiempo para concluir la investigación referente al caso.

La señora Ángela Zárate es representada por la abogada Noelia Núñez, quien lleva adelante numerosos casos relacionados con la mafia de pagarés, donde su propio hermano resultó víctima del esquema.