La cámara de apelaciones confirmó la condena de 15 años de prisión aplicada a un músico, quien abusó por seis largos años de su propia hija.

Para alzada con voto en mayoría, el tribunal de sentencia durante el debate oral le dio la oportunidad a la defensa de ejercer libremente su descargo, así como la posibilidad de que declare el acusado y advirtió a la defensa del artículo 400, sobre una posible calificación jurídica que el Ministerio Público no haya considerado, por lo tanto, no se vulneró ninguna garantía de la defensa y por corresponder en derecho, se confirma íntegramente el fallo de primera instancia.

Los camaristas Clara Estigarribia y Gustavo Auadre Canela, votaron por la confirmación de condena. Mientras que votó en disidencia la camarista Andrea Vera Aldana.

El hombre fue sentenciado a cumplir 15 años de prisión por el abuso sexual de su hija. El hecho se registró desde que la niña tenía solo 11 años y fue hasta los 17, que la adolescente se animó a denunciar los abusos a los que era sometida.

El tribunal de sentencia lo presidió en su momento, la jueza Lourdes Garcete, quien dio plena validez al relato de la víctima en cámara Gessel, la declaración de la madre de la joven, así como los demás elementos de prueba presentados por la agente fiscal que llevó el caso, Carmen Bogado.

El hoy condenado, fue acusado por el hecho punible de abuso sexual en niños ya que los abusos iniciaron cuando la víctima tenía solo 11 años, pero, el colegido al percatarse que los hechos siguieron sucediendo incluso cuando ella era adolescente desde los 14 a los 17 años donde el agresor cometió otros hechos punibles como la coacción sexual y coito, con lo que ya existía concurso de hechos punibles.

Por lo que el tribunal de sentencia atendiendo el grado de reproche y las pruebas arrimadas que fueron de tal contundencia, aplicó la condena de 15 años de encierro al hombre que hoy supera los 70 años.

Además de la magistrada Lourdes Garcete, integraron el tribunal de sentencia los jueces Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.

El juicio tuvo muchos tropiezos en su inicio ya que el condenado, buscó por todos los medios evitar que la audiencia se desarrolle, sin embargo, la agente fiscal del caso y el tribunal pudo llevar adelante la diligencia que llegó a su fin con la sentencia condenatoria de 15 años de prisión que hoy es confirmada.

Este lunes se intentó llevar adelante el juicio oral y público al periodista Carlos Granada, acusado por la fiscalía de haber coaccionado sexualmente a un grupo de periodistas cuando ejercía la jefatura en Canal 9.

La defensa está a cargo del abogado Álvaro Arias, quien ha presentado los primeros incidentes cuestionando la integración del tribunal de sentencia, alegando que el juez natural para integrar el tribunal es el doctor Juan Pablo Mendoza. Situación que evitó la continuidad de la diligencia ya que el incidente fue presentado con apelación en subsidio por lo que hace que, el expediente suba a cámara de apelaciones.

El periodista Carlos Granada fue acusado de presunto acoso sexual, coacción sexual y violación. El tribunal estableció cinco días de juicio oral en esta causa; se estima que en ese periodo concluirá la producción de pruebas.

Las agentes fiscales Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero presentaron en su momento la acusación contra Granada y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral.

El caso se inició tras la denuncia de varias periodistas, quienes refirieron que fueron hostigadas con fines sexuales, que padecieron actos sexuales mediante el uso de la fuerza y tuvieron que soportar actos no consentidos debido a las amenazas contra sus fuentes de trabajo.

Varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la justicia a Carlos Granada en mayo de 2022, argumentando que, en reiteradas ocasiones, las acosó sexualmente.

En su acusación, el Ministerio Público sostiene que los relatos de las víctimas son coincidentes con los brindados en sede fiscal, así como en la oportunidad de la contención psicológica y toma de relatos realizados ante las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

Con base en los elementos recolectados, el Ministerio Público sostiene que existen pruebas suficientes contra el acusado, que serán debatidas en este juicio que se inició este lunes.

El tribunal de sentencia que juzgará el caso está presidido por la jueza Laura Ocampo, e integrado por las juezas Cándida Fleitas y Sonia Villalba.
 

Este miércoles se daría a conocer la sentencia para Oscar Ariel Caballero Sahlmann, acusado de haber ultimado con dos disparos al exfiscal Ibarra. La fiscalía pidió 30 años de cárcel para el acusado.

El tribunal de sentencia citó a las partes para este 9 de abril, fecha en que se daría a conocer la sentencia para el encausado. El Ministerio Público considera que se ha probado durante el debate oral los extremos acusados por lo que pena máxima de 30 años debe ser aplicada.

Para el Ministerio Público la pieza clave en esta causa es la declaración de un testigo quien había llevado en su motocicleta al acusado a la casa de la víctima y es quien escuchó los disparos luego de haber bajado a Caballero Sahlmann en la casa de Javier Ibarra.

Según el relato de la fiscalía, entre las fechas 24 y 25 de noviembre del 2022 siendo las 22:46 y 00:00 aproximadamente el señor Oscar Ariel Caballero Sahlmann habría llegado al domicilio de la víctima Javier Ibarra Mendoza ubicado en Santa Carolina y Destacamento Cazal, barrio Santa Ana de la ciudad de San Lorenzo en una motocicleta conducida por el hoy testigo de la Fiscalía.

Oscar Caballero, quien se desempeñaba como asistente hace varios años del exfiscal descendió de la motocicleta y le dijo al conductor que se tomara su tiempo y que regresara en unos 40 minutos. Luego con un control del portón automático, ingresó al domicilio de Javier Ibarra.

Pasado el tiempo que habían acordado con el conductor de la moto, éste regresó y estacionó frente a la casa de la víctima. Apagó el motor de su biciclo y aguardó a Oscar Caballero.

En ese lapso escucho uno o dos disparos que provenían desde la casa del exfiscal. Se abre el portón del garaje y sale de allí Oscar Caballero en visible estado de nerviosismo y muy asustado con el control del portón en la mano. Le dice al conductor de la moto que se retire del lugar, que vaya por su cuenta que el haría lo mismo.

El motociclista observó luego que Oscar Caballero volvió a ingresar a la casa de Ibarra.

El testigo, intento arrancar su motocicleta, pero sin éxito por lo que llevó caminando hasta una estación de servicios del emblema Copetrol sobre la avenida Mariscal López donde dejó su moto. Se dirige a un local de Biggies, compra un cargador de batería de celular y regresa a la gasolinera donde mientras enciende su celular recibe la llamada de Oscar Caballero. Presunto asesino del e fiscal Ibarra. Caballero le pregunta dónde esta y luego le dice su ubicación que quedaba justo frente a la estación de servicios. Estaba a bordo de un taxi y le pide que vaya junto a él.

Caballero le pregunta le pregunta al testigo sobre su motocicleta y le entrega un 100 mil guaraníes para que cargue combustible. Leonardo le pregunta nuevamente a Oscar Caballero que pasó en la casa de Ibarra y éste no le contestó.

El testigo, solucionó el problema de su motocicleta y va a su casa. Nuevamente recibe la llamada del supuesto homicida del exfiscal. Le pidió que vaya a su casa donde él se encontraba. Al llegar ve que Oscar Caballero tiene una bolsa tipo TNT en la mano más un estuche. Le tira combustible a la bolsa y quema el contenido cuyos datos no se revelaron aún. Posteriormente le entrega el estuche al testigo que contenía un arma de fuego. Le pide que lo guarde o se deshaga de la pistola. El testigo accede por temor, según declaró y sin saber supuestamente que era la vivienda del exfiscal donde había ocurrido un homicidio y la ocultó en su vivienda.

El fiscal Julio Ortiz, es quien defiende la acusación del Ministerio Público.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete, realizó este viernes una constitución en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
 
De la constitución participaron todas las partes incluyendo el acusado Gustavo Florentín. Las partes, participaron activamente de la diligencia para ubicar al tribunal dentro del relato de los testigos.
 
La diligencia fue practicada para realizar una medición, toma de fotografías, todas con la finalidad brindar la mayor precisión al tribunal que lleva el caso y que puedan conocer el pasillo donde fue ultimado el joven Rodrigo Quintana.
 
El tribunal de sentencia que juzga la conducta del único acusado por el crimen del joven Rodrigo Quintana, está presidido por la magistrada Lourdes Garcete y lo integran los jueces: Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.
El policía Gustavo Florentín, es el único acusado por el Ministerio Público por el crimen de Rodrigo Quintana. El proceso penal por años estuvo paralizado por incidentes dilatorios y recién ahora un tribunal de sentencia juzga los hechos, ocho años después de ocurrido el trágico episodio.
Rodrigo Quintana, fue asesinado en la madrugada del 31 de marzo del 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico PLRA, luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.

La jueza Cynthia Lovera, rechazó los incidentes planteados por las distintas defensas de los procesados en la causa abierta por la supuesta filtración de información confidencial referente a Horacio Cartes.
 
Las defensas platearon una reposición con apelación en subsidio con lo que el expediente una vez más subirá a cámara de apelaciones para analizar el mismo incidente que cuestiona la admisión de la acusación contra los procesados.
 
El Ministerio Público acusó por cuatro hechos punibles a los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez por presuntamente revelar información confidencial sobre el expresidente Horacio Cartes.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, formularon acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen María Pereira, Daniel Alberto Farias Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene por los tipos penales de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.
Se solicita al juez de garantías que lleva el caso elevar la causa, admitir todas las pruebas ofrecidas, en cuanto a la sanción para los procesados, serán formuladas en la etapa procesal respectiva, según los fiscales firmantes del dictamen.
Dice el relato del Ministerio Público que durante el gobierno dsel expresidente Mario Abdo Benítez, se habría gestado un esquema que aspiraba generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el objetivo de debilitar sus figuras en el ámbito, económico y principalmente electoral.
Que supuestamente Carlos Arregui, fue quien filtró el informe de inteligencia entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022 y fue quien lideró la asociación criminal.

“Se tiene que Carlos Arregui, como ministro secretario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD junto con los otros acusados conformaron un grupo compuesto por ministros del gabinete del entonces presidente Mario Abdo Benítez y funcionarios de la SEPRELAD. Todos con tareas específicas que debían de realizar desde el cargo que ocupaban, con el fin de lograr que se inicien acciones penales en contra del expresidente Horacio Cartes”, reza una parte de la acusación fiscal.

Los tipos penales acusados a los exministros son: asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, son quienes finalmente firmaron el dictamen conclusivo en la causa abierta por supuesta filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes, con lo que perpetraron la conducta de revelación de secretos de servicio, afirma la fiscalía.