El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal tras las publicaciones periodísticas internacionales que revelan un supuesto plan de espionaje contra autoridades paraguayas, incluyendo al propio presidente de la República, Santiago Peña.
Según los reportes, hackers habrían logrado ingresar al dispositivo del mandatario, en el marco de una operación de ciberespionaje atribuida a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). La denuncia también alcanza al presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, y a otras autoridades del Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
La fiscal Irma Llano fue designada por el fiscal general del Estado para conducir la investigación, que busca determinar si se configuraron hechos punibles y dar con los responsables de la presunta intrusión.
De acuerdo con el documento oficial del Ministerio Público, se indaga un posible acceso no autorizado a dispositivos electrónicos y la planificación de operaciones internacionales de espionaje desde territorio extranjero, con el objetivo de obtener información confidencial relacionada con la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.
Desde Brasil, el medio UOL accedió a testimonios clave que involucran directamente a la Abin. Un exagente con más de dos décadas de trayectoria declaró ante la Policía Federal brasileña que la agencia utilizó la herramienta Cobalt Strike para invadir computadoras de instituciones clave del Estado paraguayo.
Según ese testimonio, la operación tuvo lugar meses antes de la renegociación de la tarifa energética de Itaipú, sellada en mayo de 2024, y tenía como objetivo conocer de antemano la posición paraguaya en la mesa de negociación.
Para encubrir el origen del ataque, los agentes montaron servidores en Chile y Panamá, con el fin de dificultar el rastreo y evitar que se vincule directamente a Brasil con la operación.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció que se realizaron actividades de espionaje, pero aclaró que no ocurrieron durante su administración, sino bajo el mandato de su antecesor, Jair Bolsonaro.
