La condena impuesta a la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, y a su esposo José Costa Perdomo quedó firme, por lo que ambos deberán cumplir las penas de prisión establecidas por la Justicia en el marco de una causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Samudio fue sentenciada a cuatro años de pena privativa de libertad, mientras que Costa Perdomo recibió una condena de tres años y nueve meses de cárcel, tras ser hallados culpables por su participación en un esquema irregular que permitió la obtención de beneficios económicos en plena crisis sanitaria.
La resolución pone fin al proceso judicial iniciado a raíz de las investigaciones sobre contrataciones realizadas durante la pandemia, un período marcado por la alta demanda de insumos médicos y las dificultades que enfrentaba el sistema de salud para responder a la emergencia. Con la decisión firme, ambos condenados deberán someterse al cumplimiento efectivo de las penas establecidas.
Durante la lectura de la sentencia condenatoria, la jueza Gloria Hermosa, presidenta del Tribunal de Sentencia que intervino en la causa, sostuvo que los hechos juzgados trascendían un caso ordinario de corrupción debido al contexto excepcional en el que ocurrieron.
La magistrada señaló entonces que los acusados obtuvieron un beneficio económico indebido aprovechando una situación de emergencia sanitaria que afectaba a todo el país. Asimismo, cuestionó la conducta de los condenados al considerar que las maniobras investigadas se desarrollaron mientras miles de paraguayos enfrentaban las consecuencias más graves de la pandemia.
En su argumentación, Hermosa recordó que la crisis sanitaria dejó más de 19.600 fallecidos en Paraguay y sostuvo que muchas personas atravesaban dificultades para acceder a insumos y recursos médicos esenciales, circunstancias que otorgaban una especial gravedad a los hechos analizados por el tribunal.
Un fallo que cierra una de las causas emblemáticas de la pandemia
El caso de Samudio y Costa Perdomo se convirtió en uno de los procesos judiciales más emblemáticos vinculados a presuntos hechos de corrupción durante la emergencia por COVID-19, debido a que involucró a una alta funcionaria estatal y a operaciones realizadas en un contexto de excepcional sensibilidad social.
Con la sentencia ya firme, la Justicia ratifica las responsabilidades determinadas en juicio y avanza hacia la ejecución de las condenas, cerrando así un expediente que estuvo bajo seguimiento público desde los primeros meses de la pandemia.
