El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió elevar a juicio oral y público la causa conocida como “Detergentes de Oro”, que tiene como uno de los procesados al exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres. La decisión fue adoptada tras concluir la audiencia preliminar desarrollada este martes, aunque el magistrado determinó que el proceso avance únicamente por el supuesto hecho punible de lesión de confianza y no por asociación criminal.
Durante la diligencia, la Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta y Jorge Arce, ratificó la acusación presentada contra Cáceres y los demás involucrados, sosteniendo que existieron irregularidades en procedimientos de adquisición realizados durante la pandemia del Covid-19, en la administración municipal encabezada por Óscar Rodríguez.
La investigación fiscal apunta a presuntas anomalías en la compra de insumos como detergentes, saturómetros, toallitas desinfectantes y otros productos, adquisiciones que, según la acusación, habrían ocasionado un perjuicio patrimonial aproximado de G. 1.830 millones a la Municipalidad de Asunción.
En el marco de la audiencia también se presentó Edgar Estigarribia Gavilán, exdirector de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres de la comuna capitalina, quien compareció luego de que el juzgado declarara su rebeldía y ordenara su captura tras no asistir a la convocatoria inicial prevista para el lunes.
El juez Estigarribia, tras analizar los argumentos de las partes y los elementos incorporados al expediente, consideró que existen fundamentos suficientes para que el caso sea debatido en un juicio oral, pero descartó la acusación por asociación criminal al señalar que no se reunían los presupuestos necesarios para sostener ese tipo penal.
De esta manera, el expediente continuará su trámite hacia la etapa de juzgamiento oral, donde deberá discutirse la responsabilidad penal de los acusados respecto al supuesto daño económico generado a la administración municipal.
El caso “Detergentes de Oro” se originó a partir de una investigación sobre compras efectuadas durante la emergencia sanitaria por Covid-19, donde el Ministerio Público sostiene que se habrían utilizado procedimientos administrativos para concretar adquisiciones cuestionadas.
