Las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el archivo de la investigación abierta en su contra, al sostener que el Ministerio Público actuó conforme a derecho y dentro de los plazos legales en la causa relacionada con el exsenador Hernán David Rivas Román.
En el escrito de descargo presentado ante el órgano extrapoder, las representantes del Ministerio Público rechazaron cualquier supuesto hecho de negligencia o irregularidad en el ejercicio de sus funciones y afirmaron que la imputación fue formulada mientras la acción penal y la eventual sanción se encontraban plenamente vigentes.
Según exponen, el acta de imputación fue presentada dentro del plazo previsto para los hechos provisoriamente calificados en los artículos 251 y 252 del Código Penal. Las fiscalas agregan que esta situación procesal fue ratificada recientemente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el Auto Interlocutorio N.º 133, del 7 de mayo de este año, que hizo lugar al recurso extraordinario de casación promovido por ambas agentes.
En la presentación señalan que la máxima instancia penal confirmó la vigencia tanto de la acción y, además, dispuso la remisión del expediente a la etapa de sentencia para la realización del juicio oral y público.
Con base en estos antecedentes, Sánchez y Guerrero sostienen que no existió omisión alguna por parte del órgano investigador y que los hechos atribuidos al legislador fueron formalizados mediante imputación dentro de los plazos legales establecidos. En consecuencia, argumentan que no se configura causal de mal desempeño ni irregularidad funcional que justifique la prosecución del proceso disciplinario.
El planteamiento será analizado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que deberá resolver si corresponde archivar la investigación o continuar con el estudio de las actuaciones de las agentes fiscales en el marco de la causa que involucra al senador Hernán Rivas.
En este caso también fue abierta una investigación contra el juez Miguel Palacios y la camarista Bibiana Benítez, quienes resolvieron hacer lugar a la prescripción del tipo penal de producción, afirmando que la imputación fue planteada de manera tardía y una vez ya prescripta la acción penal, lo que es desmentida por las fiscalas del caso.
