La cámara de apelaciones rechazó el incidente de la defensa del acusado periodista Carlos Granada. La defensa cuestionó la fecha de convocatoria a juicio oral para el encausado.
Con esta decisión el inicio del debate público de la causa queda fijada para el próximo lunes 7 abril, donde el tribunal de sentencia juzgará las pruebas de cargo y descargo en este caso.
El periodista Carlos Granada, fue acusado por presunto acoso sexual, coacción sexual y violación. El tribunal estableció cinco días de juicio oral en esta causa.
Las agentes fiscales Nathalia Silva, Claudia Aguilera y Luz Guerrero, presentaron en su momento la acusación contra Grana y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral.
El caso se inició tras la denuncia de varias periodistas, quienes refirieron que fueron hostigadas con fines sexuales, padecieron actos sexuales mediando la fuerza y tuvieron que soportar actos no consentidos ante las amenaza contra sus fuentes de trabajo.
Varias trabajadoras del Grupo Albavisión (de los canales SNT y C9N) habían denunciado ante la justicia a Granada en mayo de 2022, argumentando que en reiteradas ocasiones las acosó sexualmente.
En su acusación el Ministerio Público sostuvo que los relatos de las víctimas son coincidentes con los brindados en sede fiscal, así como en oportunidad de la contención psicológica y toma de relatos realizados ante las sicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.
En base a los elementos colectados, el Ministerio Público sostiene que existen pruebas suficientes contra el acusado que serán debatidos el próximo lunes durante el juicio oral.
El tribunal de sentencia que juzgará el caso está presidido por la jueza Laura Ocampos.
Cámara deja firme la fecha de juicio oral para Carlos Granada
Sanabria Vierci fue beneficiado con arresto domiciliario
El juez de Cordillera Augusto Acuña, benefició al procesado Eugenio Sanabria Vierci con el arresto domiciliario. El hombre está imputado por el trágico accidente que protagonizó el año pasado en la que murieron cuatro personas.
El magistrado sustituyó la prisión preventiva del imputado por una medida menos gravosa por las complicaciones de salud, según el dictamen del médico forense del Poder judicial, quien recomendó que el imputado abandone la Agrupación Especializada.
Luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares, Sanabria Vierci fue beneficiado con la prisión domiciliaria donde continuará con sus tratamiento que, según el médico forense del Poder Judicial no estaba resultado porque se encontraba recluido.
Nancy Jaquet, hermana de una de las víctimas de este fatal accidente, cuestionó que el juez haya enviado a su casa al que considera el asesino de su familia, “el juez Augusto Acuña envía al asesino de mi familia a su casa. Lo mandan a su casa después de matar a cuatro personas”, lamentó.
La agente fiscal de Caacupé, Zulma Benítez imputó en su momento a Eugenio María Sanabria Vierci por la supuesta comisión de los hechos punibles de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre.
El hecho ocurrió el 10 de noviembre del 2024, siendo las 12:25 horas aproximadamente, en la vía pública, sobre la denominada Eco-vía que une las ciudades de San Bernardino y Luque. El vehículo guiado por Sanabria Vierci, en una curva, habría ingresado al carril contrario, colisionando de manera frontal y violenta contra el automóvil Kia Picanto, de color rojo, en el que iba una familia. Tres de los cuatro ocupantes del rodado fallecieron, en tanto una niña resultó con lesiones.
Así también estuvo involucrado en el percance un automóvil de la marca Hyundai, HB20, de color gris, en el que iban 3 personas. Una de ellas falleció y los demás fueron derivados a centros asistenciales.
Los fallecidos fueron identificados como: Osvaldo Darío Jaquet Valdez, de 39 años de edad, su esposa Kristin María Blumerother, de nacionalidad alemana, y el hijo pequeño de ambos, en tanto la hija que también iba a bordo resultó con lesiones. La otra víctima fatal es Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años.
La prueba de Alcotest realizada al conductor del automóvil Hyundai HB20, arrojó resultado 0,000mg/l., sin embargo, la prueba de Eugenio Sanabria Vierci, resultó positiva con 622 mg/l, de alcohol en sangre.
Camarista de CDE defiende resolución en el caso del abogado Walter Acosta
En conferencia de prensa, la camarista Marta Acosta una de las integrantes de alzada que levantó la rebeldía y ordenó la eximición de prisión del abogado Walter Ramón Acosta, defendió la posición de la cámara alegando que solo devolvieron la legitimidad al proceso.
La magistrada señaló que la resolución fue solo para permitir que el imputado se presente ante la justicia a ser oído, que se levantó la rebeldía de Walter Acosta solo para que comparezca ante el juez de su caso.
Acosta, asegura que el juez está obligado a impartir justicia respetando el debido proceso y fue la decisión de la cámara es la que permitió que el imputado comparezca y se haya puesto a disposición de la justicia. Dijo que el juez no convocó en primera instancia al imputado y la fiscalía no requirió una medida cautelar.
Agregó que el juez del caso, dictó la rebeldía sin que se hayan dado los presupuestos legales, ya que no lo convocó al 242 para darle la oportunidad de la defensa al procesado abogado.
Según la camarista es toda una falacia la versión instalada por este caso sobre el haber permitido litigar al imputado estando rebelde.
“El juez tiene que hacer justicia pero respetando el debido proceso. Lo cierto es que el imputado está sometido al proceso y fue en base a esta resolución, porque el juez en su resolución dice en cumplimiento a lo dispuesto por la cámara de apelación y él se presentó y está sometido al proceso”, señaló la camarista.
Reiteró que los jueces no están habilitados a hacer justicia de cualquier manera, sino que debe estar apegada a la norma sus decisiones como no ocurrió en este caso y por ello la cámara tomó la decisión basada en la ley para que el proceso siga su curso normal.
Subrayó que no solo se debe perseguir justicia respecto a la víctima ya que el procesado también tiene derecho de defenderse dentro de un juicio.
El pleno de la Corte en mayoría deja en claro que los prófugos no pueden litigar
La Corte Suprema de Justicia debatió este miércoles en plenaria sobre la figura de la eximición y el litigar estando en rebeldía. Los ministros en mayoría dejaron en claro que una persona estando rebelde no puede litigar.
El ministro Gustavo Santander, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, fueron tajantes al señalar que una persona prófuga de la justicia no puede ser beneficiado con ninguna medida estando en rebeldía.
Que el imputado necesariamente debe someterse al proceso, presentarse ante la justicia para litigar, no así desde la clandestinidad como ocurrió con el abogado Walter Ramón Acosta, quien logró la eximición de la prisión estando en rebeldía.
“Lo que no se permite es que desde la clandestinidad se pueda plantear incidentes, eso prohíbe el Código Procesal Penal, eso no se discute, no se discutió nunca en Paraguay”, aclaró Gustavo Santander Dans.
El debate se inició ante posibles decisiones que podría asumir la Corte Suprema de Justicia sobre los camaristas que han dictado la criticada decisión, que podría abrir la puerta para que personas vinculadas al crimen organizado realicen presentaciones estando prófugos.
Walter Acosta el abogado que agredió a una funcionaria del INTN, desde la clandestinidad logró que la justicia deje sin efecto en alzada su orden de rebeldía y captura dictada tras agredir a una funcionaria del Estado.
El abogado imputado, apeló la decisión del juez que ordenó su captura tras lo ocurrido con la funcionaria a quien el 18 de marzo pasado, preso de la ira y ante una posible multa por parte de los funcionarios del INTN, abofeteó a una de las intervinientes.
Según el relato fiscal, Walter Acosta, luego propinar patadas a los funcionarios, continuó con sus agresiones verbales y físicas, empujando a la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas, quien cayó al suelo de espaldas. La misma tras ser auxiliada por sus compañeros, intentó abordar la camioneta, momento en el que nuevamente fue agredida, recibiendo un fuerte golpe en la cara por parte del abogado.
El Ministerio Público imputó al abogado Walter Acosta por los tipos penales de coacción, coacción grave y resistencia, por haber agredido a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) durante la inspección a una estación de servicio. El hombre actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Los camaristas de Alto Paraná que aplicaron erróneamente la ley para favorecer a un prófugo son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez e Isabel Acosta.
Mafia de Pagarés: Juez de Paz de La Catedral dejó en indefensión a 88 personas
Según la reciente imputación presentada por el equipo fiscal que lleva el caso que salpica a varios juzgados de Paz de Capital, el juez Gustavo Villalba y sus funcionarios sin notificar a los demandados impulsaron 88 expedientes ejecutivos, sostiene la fiscalía.
El relato fiscal no varía en cuanto a la forma en que se desarrollaron estos juicios en las que se asentaban falsamente que, los afectados fueron notificados y que no se presentaron a reconocer sus firmas ante el juzgado y con ese informe falso, el juzgado ya ordenaba la continuidad de la demanda en al menos 88 expedientes tramitados en el juzgado de La Catedral a cargo del juez Villalba.
El Ministerio Público, ha formulado imputación en contra del juez Primer Turno de La Catedral, Gustavo Villalba; su actuario judicial Aaron Valdez, los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge Rene Montiel y el abogado Alejandro Valiente, quien impulsó las demandas en representación de la empresa Credisolución SAECA, así como el oficial de justicia Ronald Navarro, quienes se suman a los más de 60 imputados inicialmente en el marco de este proceso.
Según los investigadores Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, el juez Villalba habría firmado 88 resoluciones judiciales atentando contra el derecho a la defensa en juicio de los demandados, para facilitar o acelerar los trámites procesales, presuntamente, en complicidad con el actuario Aaron Valdez y los ujieres Osvaldo Insfrán y Jorge Montiel.
Los hechos punibles investigados son: prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según la investigación, en estos 88 expedientes judiciales se habrían dictado resoluciones en desapego a la ley, facilitando el avance de juicios preparatorios de acciones ejecutivas sin la notificación a los demandados.
Las diligencias habrían sido informadas como realizadas por los ujieres notificadores, cuando en realidad no se habrían practicado, situación que sería conocida por el abogado de la parte actora, el actuario judicial y el propio juez.
En cuanto al oficial de justicia, se le atribuye haber informado la ejecución de mandamientos de embargo en cuatro expedientes distintos, en el mismo horario y en ciudades diferentes, hecho que configuraría la falsedad documental.
Este proceso queda a cargo del juez Humberto Otazú, quien deberá admitir la imputación respecto a funcionarios y abogado e informar al JEM para suspender los fueros respecto a Villalba.
Elevan a juicio causa de presunto violador del parque Guasú
La jueza Diana Carvallo elevó a juicio oral y público el proceso abierto a Aldo Styven Pereira Saucedo. El hombre afrontó este martes su audiencia preliminar.
El ministerio Público a cargo de Claudia Torres, ratificó la acusación y pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público por coacción sexual y violación contra Aldo Styven Pereira Saucedo, por haber supuestamente abusado de una mujer cuando fue a realizar actividad física en el parque.
La representante del Ministerio Público considera que existen suficientes elementos probatorios que válidamente sustentan la acusación y que puede ser sostenido en el juicio oral y público.
Los antecedentes refieren que, en fecha 18 de agosto del año 2024, siendo las 08:00 de la mañana, en el predio del citado parque, ubicado sobre la Avenida Madame Lynch casi Reservistas de la Guerra del Chaco, la víctima se encontraba realizando sus actividades físicas habituales, trotando por uno de los circuitos alternativos, ínterin en que fue interceptada por el acusado, quien a través de la fuerza la agarró del cuello, la despojó inmediatamente de su aparato celular y la llave de su vehículo; le solicitó dinero en efectivo y posteriormente la introdujo en una zona boscosa (yuyal).
En todo momento el hoy acusado la amenazó con hacerle daño si gritaba según la declaración de la víctima de este caso.
El sindicado intentó ahorcar incluso a la mujer utilizando la fuerza, al igual que someterla sexualmente, para posteriormente huir del lugar. Tras lo ocurrido la víctima siguió a su agresor y solicitó ayuda a las personas que se encontraban en el sitio, a quienes comentó lo ocurrido y brindó las características físicas del acusado.
El hombre, además, es sospechoso de otro hecho de abuso y coacción sexual ocurrido en la vía pública en Luque y otro tercer caso, que se registró hace seis años, en la zona de Loma Pytã.
Esta causa ha generado gran indignación en la ciudadanía por haberse perpetrado a plena luz del día y a primeras horas de la mañana con lo que quedó probado la falta de seguridad en la zona lo que expone a los ciudadanos que van a realizar actividad física en un lugar de esparcimiento como el parque Guasú.
Forense del Poder Judicial recomienda “analizar” la prisión Sanabria Vierci
El médico forense del Poder Judicial Carlos Chamorro Ugarte, alertó sobre la salud deteriorada de Eugenio Sanabria Vierci y recomienda al juez levantar su prisión preventiva.
Chamorro Ugarte, emitió un dictamen para el juzgado que una vez más debe estudiar si corresponde levantar la prisión preventiva que pesa sobre Eugenio Sanabria Vierci imputado por ocasionar un fatal accidente donde murieron cuatro personas.
El dictamen señala que las condiciones de encierro del procesado, colabora para que no exista mejoría en su tratamiento tras el accidente donde tuvo una fractura y que su salud mental también está muy comprometida.
Por lo que, “se recomienda analizar la situación de reclusión del paciente dada la fragilidad clínica y el deterioro progresivo tanto físico como psicológico”.
Nancy Jaquet, familiar de tres víctimas de este percance, dijo que es una vergüenza el dictamen favorable para el procesado que tiene como objetivo justificar que sea beneficiado con un arresto domiciliario.
Los familiares cuestionaron desde el inicio del proceso los beneficios del imputado por estar recluido en la Agrupación Especializada y no en una cárcel del sistema penitenciario.
Este miércoles el juez Augusto Acuña, revisará la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Sanabria Vierci.
La agente fiscal de Caacupé, Zulma Benítez imputó en su momento a Eugenio María Sanabria Vierci por la supuesta comisión de los hechos punibles de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre.
El hecho ocurrió el 10 de noviembre del 2024, siendo las 12:25 horas aproximadamente, en la vía pública, sobre la denominada Eco-vía que une las ciudades de San Bernardino y Luque. El vehículo guiado por Sanabria Vierci, en una curva, habría ingresado al carril contrario, colisionando de manera frontal y violenta contra el automóvil Kia Picanto, de color rojo, en el que iba una familia.
Tres de los cuatro ocupantes del rodado fallecieron, en tanto que una niña resultó con lesiones. También, estuvo involucrado en el percance un automóvil de la marca Hyundai, HB20, de color gris, en el que iban 3 personas y una de ellas falleció.
La prueba de Alcotest practicada a los conductores del automóvil Hyundai HB20, arrojó resultado 0,000mg/l., sin embargo, la prueba de Eugenio Sanabria Vierci, resultó positiva con 622 mg/l, de alcohol en sangre.
Kattya González presenta su octavo urgimiento a la Corte
La exlegisladora volvió a presentar un urgimiento a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que traten la acción de inconstitucionalidad que había presentado contra la decisión del Senado que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.
Kattya González, presentó su octavo urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que aceleren el tratamiento de su acción de inconstitucionalidad que tiene como objetivo su vuelta a cámara alta.
El expediente se encuentra en fueros inferiores en la búsqueda del último integrante que falta para completar los nueve miembros y así someter a estudio la expulsión de la recurrente del Senado.
Kattya González, busca que la máxima instancia le devuelva su curul declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.
El 14 de febrero del 2024 la senadora Kattya González fue arrebatada de su investidura de parlamentaria por supuestas irregularidades, pero, estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.
El Ministerio Público ya dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora ya que se violaron preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.
La exfiscal adjunta Artemisa Marchuk, fue quien emitió el dictamen en representación de la fiscalía general del Estado en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la resolución 431 del 14 de febrero de 2024 por la cual se resolvió la pérdida de su investidura.
Para la fiscalía general queda claro que se han vulnerado preceptos constitucionales, al no respetar la cámara su propio reglamento que claramente establece los siete días hábiles que se le debe conceder a la persona afectada en este caso Kattya González, para presentar su defensa por escrito y tampoco la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.
Falta solo un integrante para completar el pleno de la Corte Suprema de Justicia y así iniciar el estudio de la acción.
Confirmada la condena de cuatro años de cárcel para Patricia Ferreira
La cámara de apelaciones confirmó la condena de cuatro años de prisión para Patricia Ferreira presidenta de Insumos Médicos Imedic y de Nidia Godoy. Igualmente, se confirmó la absolución del despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
Las sentenciadas fueron declaradas culpables por importación y comercialización ilegal de medicamentos oncológicos, las condenadas Patricia Ferreira y Nidia Godoy produjeron documentos para comercializar medicamentos no autorizados por lo que fueron sentenciadas a cumplir la condena de cuatro años de prisión, sentencia que ha quedado firme.
Quedó probado en juicio que, adulteraron facturas de la firma Eurofarma Laboratorios para el ingreso irregular de medicamentos a nuestro país.
Lo más grave del caso, es que no se pudo determinar la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron al país de manera irregular, teniendo en cuenta que, en las facturas falsas presentadas para la gestión de importación ante el organismo correspondiente, no se describieron los lotes de los medicamentos adquiridos por la empresa Insumos Médicos, este obstáculo impidió al Ministerio de Salud como al Ministerio Público individualizar los lotes de medicamentos ingresados irregularmente al país.
El castigo que la justicia aplicó en este caso es sumamente relevante y deja un mensaje para los empresarios inescrupulosos que ingresan al país medicamentos de manera clandestina y son puestos al alcance de la ciudadanía sin los más mínimos requisitos.
Querellado por el Estado el abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
Este lunes se radicó la querella criminal por parte de los abogados del Estado en contra de Walter Ramón Acosta, quien se encuentra privado de su libertad luego de estar varios días prófugo.
El hombre, cumple una orden de prisión preventiva tras ser imputado por haber agredido a una funcionaria del Estado luego de una intervención que la misma realizó con sus demás compañeros de trabajo.
Aurelio González, procurador general de la República presentó la querella en representación del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y piden formar parte del proceso penal que afronta el abogado.
El 18 de marzo pasado, preso de la ira ante una posible multa por parte de los funcionarios del INTN el hombre abofeteó a una funcionaria y a otros intervinientes.
Según el relato fiscal, Walter Acosta, luego de propinar patadas a los funcionarios, continuó con sus agresiones verbales y físicas, empujando a la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas, quien cayó al suelo de espaldas.
La misma tras ser auxiliada por sus compañeros, intentó abordar la camioneta, momento en que nuevamente fue agredida, recibiendo un fuerte golpe en la cara por parte del imputado.
El Ministerio Público imputó a Walter Acosta por los tipos penales de coacción, coacción grave y resistencia, por haber agredido a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) durante la inspección a una estación de servicios.