El juez de Paz de Lambaré José Segundo Velázquez, prohibió a los padres de Sol Chávez mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, acusada por haber recetado una dosis letal de fluor a la joven Sol Chávez.
La medida fue adoptada dentro de una demanda por supuesta violencia familiar realizada por la odontóloga y como medida cautelar el José Segundo Velázquez tomó la decisión de impedir a la familia cualquier manifestación hacia la procesada.
Velázquez, utilizando la ley 5.777/16, de protección integral a la mujer prohibió a los padres de la joven Sol Chávez mencionar a la odontóloga acercarse a los lugares que frecuente, así como cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica hacia ella.
Es más, el juez advirtió a la familia de que tomaría medidas más severas en caso de que incumplan la prohibición emitida por el juzgado a su cargo.
En la cuestionada resolución, se corrigió en bolígrafo el nombre de la denunciada la madre de Sol ya que la resolución contenía otro nombre totalmente ajeno al proceso en cuestión.
La medida fue impuesta a la señora María Edith Franco y su esposo José Domingo Chávez, quienes han emitido un fuerte comunicado mencionando que en la justicia también existe la mafia para dictar medidas judiciales coercitivas que tiene como único objetivo cercenar el derecho de reclamar y pedir justicia respecto a la muerte de su hija.
El tercer juicio oral para la odontóloga Lilia Espinoza y Sandra Hermosa, quedó suspendido a raíz de un incidente pendiente. Esta causa fue anulada en dos oportunidades y debe desarrollarse el tercer juicio público respecto a las acusadas.
Los antecedentes refieren que, la víctima Sol Chávez era paciente de Lilia Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente.
A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00 h de ese mismo día.
Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, reza parte de la acusación del Ministerio Público.
Esta vez el tribunal de sentencia está integrado por los jueces: Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado.
Un juez prohíbe a los padres de Sol Chávez acercarse y mencionar a odontóloga acusada
Suman los funcionarios de Minga Guasú sospechados por actos de corrupción
Una vez más un grupo de guardiacárceles del penal de Minga Guasú se encuentran bajo investigación, esta vez, por permitir el ingreso de objetos prohibidos que podrían servir para una fuga.
Días pasados en este mismo penal se registró la fuga de ocho personas consideradas de alto perfil. Fueron imputados por el Ministerio Público cuatro funcionarios.
Mientras esto se encuentra en plena etapa inicial de investigación, este fin de semana el penal de máxima seguridad de Minga Guasú, fue nuevamente foco de intervención debido a la incautación de objetos que podrían ser utilizados para una eventual fuga.
El viceministro de Política Criminal Rubén Maciel, confirmó que el nuevo hallazgo supone un plan de fuga, lo que evidencia que no se ha cumplido con los protocolos pertinentes sobre el control y requisa diaria que deben realizar los funcionarios asignados.
La autoridad señaló que, ya fueron identificados los funcionarios y se ha iniciado una investigación interna para determinar si existe complicidad o una grave negligencia. Los sospechados por prudencia ya fueron separados de sus deberes.
Ambos extremos son sumamente perjudiciales, tanto la negligencia como la complicidad, ponen en riesgo la idea de dominio estatal en los penales. El sistema penitenciario combate dentro de sus carencias y limitaciones a estructuras criminales con poder económico que hasta hoy siguen comprando lealtades de funcionarios sin integridad.
Rubén Maciel dijo que uno de los mecanismos para combatir la corrupción es el de mejorar el filtro de selección del personal que trabajará como guardiacárcel y una permanente capacitación.
“Si se hubiese cumplido con el protocolo esto no se habría encontrado. Acá hubo negligencia o complicidad, eso es lo que estamos indagando”, acotó el viceministro.
Maciel aclaró que las sábanas encontradas este domingo en uno de los módulos del penal no guardan relación con la fuga de días pasados ya que estas están en poder del Ministerio Público.
Ocho años del intento de enmienda constitucional que se cobró la vida de Rodrigo Quintana
Pasaron ocho años de aquel fallido intento de enmienda que generó una movilización ciudadana y concluyó con la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana cuando la policía irrumpió en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la madrugada del 31 de marzo del 2017.
Recién en este 2025, se pudo iniciar el juzgamiento público de Gustavo Florentín el único efectivo policial acusado por el homicidio doloso del joven Rodrigo Quintana quien falleció de un disparo cuando los efectivos policiales irrumpieron en el local del PLRA.
En marzo 2017, durante la presidencia de Horacio Cartes se intentó llevar adelante una enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección lo que propició la movilización, la posterior quema del congreso y el ingreso de la policía en el Partido Liberal donde fue ultimado Rodrigo Quintana.
Familiares siguen exigiendo respuestas sobre quién dio la orden para el ingreso en la sede del PLRA, pero, esta respuesta no la pudo dar el propio Ministerio Público que tiene a su cargo la acción penal y ha requerido que todas aquellas personas quienes fueron imputadas inicialmente fueran desvinculadas de la causa.
El tribunal de sentencia que juzga la conducta del único acusado por el crimen del joven Rodrigo Quintana, está presidido por la magistrada Lourdes Garcete y lo integran los jueces: Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.
El proceso a la fecha no tiene condena por las dilaciones que se fueron dando a lo largo de estos ocho años de proceso penal que tiene en el banquillo de acusados a un policía con el rango más bajo.
Familiares de víctimas de trágico accidente protagonizado por Sanabria Vierci piden castigo ejemplar
Nancy Jaquet hermana de uno de los que fallecieron en el fatal accidente sobre la ruta Luque San Bernardino, pidió una vez más que las autoridades judiciales no se dejen llevar por el dinero y emitan un castigo ejemplar para Eugenio Sanabria Vierci, que sirva de ejemplo para que conductores ebrios eviten manejar en estado.
La mujer señaló que, que su familia podrá cerrar este doloroso capítulo en sus vidas solo si se hace justicia. Agregó que lo único que busca la familia es que se haga justicia con la pérdida de tres integrantes de su familia.
Entre lágrimas, Nancy Jaquet una vez más, clamó por justicia, «pido a las autoridades que no se dejen llevar por amiguismos, por poder, por dinero, porque un día les puede tocar a ellos», señaló la hermana de una de las víctimas de este accidente fatal.
La agente fiscal de Caacupé, Zulma Benítez imputó en su momento a Eugenio María Sanabria Vierci por la supuesta comisión de los hechos punibles de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. El hecho ocurrió en fecha 10 de noviembre, siendo las 12:25 horas aproximadamente, en la vía pública, sobre la denominada Eco-vía que une las ciudades de San Bernardino y Luque. El vehículo guiado por Sanabria Vierci, en una curva, habría ingresado al carril contrario, colisionando de manera frontal y violenta contra el automóvil Kia Picanto, de color rojo, en el que iba una familia. Tres de los cuatro ocupantes del rodado fallecieron, en tanto una niña resultó con lesiones.
Así también estuvo involucrado en el percance un automóvil de la marca Hyundai, HB20, de color gris, en el que iban 3 personas. Una de ellas falleció y los demás fueron derivados a centros asistenciales.
Los fallecidos fueron identificados como: Osvaldo Darío Jaquet Valdez, de 39 años de edad, su esposa Kristin María Blumerother, de nacionalidad alemana, y el hijo pequeño de ambos, en tanto la hija que también iba a bordo resultó con lesiones. La otra víctima fatal es Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años.
Se procedió a realizar la prueba de Alcotest a los conductores. El que guiaba el automóvil Hyundai HB20, arrojó resultado 0,000mg/l., sin embargo, la prueba de Eugenio Sanabria Vierci, resultó positiva con 622 mg/l, de alcohol en sangre.
La justicia deja importante precedente para casos de abuso sexual en niños
La cámara de apelaciones de Misiones integrada por Antonio Manuel Insfrán (preopinante), José Magno Vargas y Avelina Torres Villalba resolvió confirmar la condena de 20 años de cárcel para V.D, un hombre que abusó en reiteradas oportunidades de su pequeño vecino de solo ocho años.
Alzada señala en su fallo que el tribunal de sentencia de la misma ciudad que condenó en primera instancia por mayoría de votos, realizó una correcta y detalla valoración de las pruebas producidas en el juicio oral y que incluso advirtió a la defensa el artículo 400, ante una posible calificación jurídica que no fue considerada por el Ministerio Público.
El preopinante Antonio Manuel Insfrán, señala que el tribunal de sentencia argumentó de manera clara que la felatio debía ser considerada coito, ya que cumple con los elementos esenciales del acto sexual desde una perspectiva tanto fisiológica como jurídica. Que, el razonamiento no constituye una interpretación extensiva de la ley por parte de las juezas sino una evolución del entendimiento del término acorde con la realidad contemporánea y los valores protegidos por el bien jurídico tutelado.
Que, la inclusión de la felatio como coito, «busca garantizar una protección integral contra conductas que atenten contra la libertad e integridad sexual de las personas, especialmente, en contextos agravados. Esta interpretación ha sido respaldada por diversas decisiones judiciales y estudios doctrinales que señalan que limitar el concepto de «coito» exclusivamente al acceso vaginal dejaría desprotegidas otras formas igualmente graves de agresión sexual. Por lo tanto, la interpretación adoptada por el tribunal de sentencia no solo es razonable, sino que está en consonancia con el principio de progresividad de derechos fundamentales», reza parte del fallo que deja un precedente importantísimo en los casos de abuso sexual en niños.
Agrega la cámara que la defensa cuestionó que, el tribunal haya condenado por «coito bucal» y no por «coito anal» como lo sostuvo el Ministerio Público. Sin embargo, dice la cámara que en el relato fáctico de la fiscalía siempre se mencionó la felatio, por lo tanto, la defensa como el acusado siempre tuvieron en conocimiento de esta circunstancia.
Asimismo, la cámara refiere que la medición de la pena que realizó el tribunal de sentencia y la aplicación de los 20 años de prisión es la correcta ya que aplicó la pena mínima establecida en la ley y podría llegar hasta los 30 años de encierro. Por lo que corresponde confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida.
El tribunal de sentencia de Misiones que condenó en primera instancia con los votos en mayoría de las juezas: Cynthia Marecos y Patricia Maidana, fue confirma íntegramente por alzada dejando un procedente importante para que no quede impune casos de tanta afectación humana y que deja secuelas de por vida en las víctimas de este tipo de hechos punibles.
La presidenta de este tribunal, Cynthia Vega, había votado en disidencia.
Se normalizó la mala praxis de la norma, asegura juez
El reconocido magistrado Matías Garcete, juez especializado e integrante de la Oficina Técnica Penal (OTP), señaló que el Código Procesal Penal de Paraguay es sumamente completo y que la mayor dificultad que enfrenta es en su interpretación para ser aplicada correctamente lo que conlleva a tener procesos que transitan por un camino tortuoso que puede generar impunidad.
El magistrado, señaló que la norma no puede ser cambiada solo por que sí y más aún teniendo en cuenta todo lo que contiene el CPP paraguayo que persigue un proceso ideal, pero, que las partes al abusar de algunos resortes legales no permiten que el proceso avance como se espera para dar una respuesta acorde a lo que espera la ciudadanía.
Dijo que la mayor responsabilidad para reencausar los procesos recae en la figura del magistrado quien tiene el compromiso de buscar que el proceso tenga un curso normal, que, el CPP contempla acciones que el juez puede aplicar cuando se abusa de los recursos al solo efecto de dilatar o frenar los procesos penales.
Agregó que, las partes al hacer planteamientos a sabiendas que no corresponden, evitan la continuidad del proceso mencionó que las partes incluso suelen recurrir en casación una convocatoria a juicio oral que ya genera la interrupción del proceso.
Mencionó que la mala praxis en la aplicación de la norma es lo estresa el sistema penal y no permite que los procesos sigan su curso ideal y terminan dificultando su conclusión en un tiempo prudencial.
Manifestó que, la mala praxis es un problema que se debate en el mundo y que no solo Paraguay tiene problemas en la correcta aplicación de su norma penal ya que es una problemática por la que tropiezan todos los países.
«Hay que imponerse contra esas prácticas y que eso vaya terminando en un futuro cercano. Los jueces estamos obligados a eso, es un compromiso que asumimos para que nuestro sistema penal sea eficiente y es el juez el que administra ese proceso, dentro de esa intención tenemos esa responsabilidad e incluso a través de nuestros funcionarios para que el proceso se encamine es ese ideal», señaló el magistrado Matías Garcete.
El debate sobre el CPP, surge nuevamente ante la iniciativa que busca modificar los artículos 6°, 136° y 305° de la ley 1.286/98 del Código Procesal Penal, si bien el anteproyecto fue rechazado en el Senado, volvió a su cámara de origen Diputados donde se debe analizar nuevamente si queda en el archivo como lo solicitan desde la Corte Suprema de Justicia o se reafirman en la modificación que tiene un rotundo rechazo por las implicancias perjudiciales que podría tener incluso en los procesos relaciones a crimen organizado.
Pavo Real II: Ordenan extracción de datos esta vez de los dispositivos de Alexandre Rodrígues Gómes
El juez Osmar Legal, autorizó la extracción de datos de todos los dispositivos incautados durante el allanamiento en la casa de Alexandre Rodríguez Gómes hijo del fallecido diputado Lalo Gómes.
En una primera oportunidad el magistrado había ordenado extraer información del celular del diputado de donde surgió el escandaloso manejo y sometimiento de la justicia a Lalo Gómes una persona vinculada al crimen organizado.
Tanto el fallecido diputado Eulalio Gomes como su hijo Alexandre, estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa de Brasil, colectada durante la investigación de la causa Pavo Real II, existe una secuencia de correos entre amos y los hijos de Javis donde se plasma transacciones de compa venta de inmuebles existentes en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y habrían sido adquiridas de manera irregular por el finado diputado y su hijo.
Ambos, según la fiscalía utilizaron su injerencia en el sector de la ganadería para mover dinero dentro del sistema financiero local, dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.
Según el relato del Ministerio Público los imputados actuaban como testaferros de Jarvis Chimenes Pavão, luego de colectar varios elementos investigativos la fiscalía pudo cerrar el caso respecto a los citados y formuló imputación.
La fiscalía menciona que recibió colaboración de sus pares de Brasil ya que el esquema fue montado en ambos países lo que sirvió para que las autoridades colaboren entre sí y hayan podido cerrar el círculo.
“Se identifico un importante esquema criminal integrado por familiares cercanos de Jarvis Chimenes Pavão y otros operadores de confianza en Paraguay. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de droga”, señala parte del acta de imputación.
La causa nace luego de la ostentosa vida que llevaban los familiares del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão sin que estos tengan un trabajo o ingreso justificado, con lo que se abrió una investigación y se confirmó que seguían recibiendo fondos del esquema montado en nuestro país para lavar dinero. Luego, se allanó la celda de Jarvis donde se pudo encontrar numerosos documentos que daban cuenta de inmuebles en Paraguay y Brasil que tenían a encargados cuyos datos estaban en código y nombres en clave.
El hijo de Lalo Gomes, Alexandre Gomes quien ya soporta cargos por lavado de dinero, fue imputado también por tráfico internacional de droga ya que sería líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de droga según el Ministerio Público.
Alexandre Gomes, organizaba, compraba y negociaba los cargamentos de la mercancía ilícita, relata parte de la imputación del Ministerio Público, organización criminal integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos y que operaría principalmente en el territorio paraguayo específicamente en Amambay.
Las actividades ilícitas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancia ilícitas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como, cocaína, pasta base y marihuana procedente de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación de la mercancía ilícita en mercados de consumo, relata la imputación.
Según la información entregada al Ministerio Público, revela que, Alexandre vía mensajería SKY ECC, usaba esta vía de comunicación para negociar las entregas de los cargamentos de droga. Estos mensajes se dieron desde el 27 de noviembre del 2019 al hasta el 16 de agosto del 2020 fecha en que fue interceptada la comunicación.
Avanza plan para para reglamentar e implementar el pagaré electrónico
La Corte Suprema de Justicia encabezó la primera reunión con autoridades del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Industria y Comercio con el fin de avanzar en el proyecto de implementación de los pagarés electrónicos que busca poner freno a las estafas masivas con la utilización y reutilización de estos documentos en juicios ejecutivos y en perjuicio de la ciudadanía.
El objetivo es elaborar un plan para reglamentar el uso de títulos de crédito en formato electrónico que busca darle legalidad, autenticidad y evitar que una vez ejecutados, estos no sean reutilizados de mala fe como ha venido ocurriendo donde miles de jubilados y asalariados docentes, han sido víctimas del perverso esquema conocido como la mafia de pagarés.
El ministro Alberto Martínez Simón, en representación de la Corte Suprema de Justicia encabeza la mesa de trabajo interinstitucional que busca acelerar el proceso en la implementación de estos documentos en formato electrónico, con el propósito de brindar mayor seguridad y agilizar las transacciones, además de facilitar su ejecución judicial.
«Nos reunimos, con el fin de comenzar a redactar una normativa en conjunto con el MIC y el BCP, para reglamentar debidamente el proceso y evitar inconvenientes en la circulación y materialización electrónica de estos documentos, así como en su posterior ejecución judicial”, acotó Martínez Simón.
Asimismo, manifestó su satisfacción con los avances alcanzados y adelantó que se llevarán a cabo nuevas reuniones para dar seguimiento adecuado al mecanismo de trabajo adoptado.
También participaron de la reunión el abogado Juan José Martínez, director general de Planificación y Desarrollo, y la licenciada Rosa Liz Chamorro, directora general de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
El daño a las víctimas adolescentes del sexting es irreparable, afirman
La jueza especializada del fuero penal adolescente, abogada Liz Paola Mongelos, habló con Judiciales Net de las implicancias que tiene en la víctima que sus imágenes íntimas terminen en la red lo que les provoca un daño irreparable.
Señaló que, una víctima adolescente del hecho punible de sexting sufre de un daño incalculable en su imagen, su entorno y a futuro ya que es imposible lograr que estas imágenes sean eliminadas en su totalidad una vez que hayan sido publicadas en línea.
Mencionó que las víctimas de este tipo de hechos punibles pueden sufrir trastornos depresivos e incluso otro tipo de enfermedades al quedar expuesta ante una situación de esta naturaleza, según manifiestan los especialistas con quienes a diario trabajan para la aplicación de medidas socioeducativas en los procesos a jóvenes en infracción con la ley penal.
La magistrada recomienda adoptar medidas preventivas en la familia para el uso responsable de internet y no bajar los brazos en el control parental. Afirmó que, se debe buscar un mecanismo de prevención urgente para evitar que este hecho punible de tanta afectación en los adolescentes se siga propagando.
Mongelos, hizo hincapié de lo importante que resulta que los padres ejerzan un control sobre sobre el uso de internet de sus hijos que se encuentran transitando por su adolescencia y cuya madurez emocional está en pleno desarrollo.
«El daño que se causa al compartir imágenes de contenido sexual relacionados a un menor, son irreparables», señaló la jueza Liz Paola Mongelos.
En una primera parte de la entrevista con nuestro medio, la jueza, había mencionado que el sexting que consiste en el envío de imágenes de contenido erótico sexual o pornográfico a través de las redes sociales o mensajes, es una práctica que ha cobrado relevancia en los últimos años en especial entre los adolescentes.
Existe una realidad indiscutible, cual es que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, pero es importante establecer el uso adecuado de las mismas para obtener resultados óptimos de lo contario los adolescentes al tener acceso sin control parental se encuentran expuestos a recibir informaciones no aptas para su nivel de madurez psicosocial propia de la edad, señaló.
Juez decreta la prisión preventiva del abogado Walter Ramón Acosta
El imputado se presentó este jueves ante el juez de Santa Rita, Bernardo Silva, quien ha decretado la prisión preventiva del procesado ante el peligro de fuga, por haber estado prófugo desde que fue imputado tras haber golpeado a una funcionaria del Estado.
El 18 de marzo pasado, preso de la ira ante una posible multa por parte de los funcionarios del INTN el hombre abofeteó a una funcionaria y a otros intervinientes.
Según el relato fiscal, Walter Acosta, luego propinar patadas a los funcionarios, continuó con sus agresiones verbales y físicas, empujando a la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas, quien cayó al suelo de espaldas. La misma tras ser auxiliada por sus compañeros, intentó abordar la camioneta, momento en que nuevamente fue agredida, recibiendo un fuerte golpe en la cara por parte del abogado.
El Ministerio Público imputó a Walter Acosta por los tipos penales de coacción, coacción grave y resistencia, por haber agredido a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) durante la inspección a una estación de servicios.
Desde entonces, el hombre permaneció prófugo a los mandatos de la justicia y este jueves se presentó ante el juez de caso quien decretó como medida cautelar la prisión preventiva del indiciado.
El procesado, días pasado fue beneficiado por la cámara de Alto Paraná integrado por los camaristas: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez e Isabel Acosta, resolvieron hacer lugar a la apelación del imputado.