El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), resolvió por unanimidad levantar el fuero de la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analia Cibils y a la vez se acumula su proceso por prevaricato al caso de mal desempeño en sus funciones.

Se inicia el enjuiciamiento de oficio respecto a la citada magistrada por la causal de comisión de hechos punibles, causa que queda supeditada a las resultas del fuero Penal.

Igualmente, el JEM ha desaforado al imputado juez Víctor Nilo Rodríguez de La Recoleta, para que sea procesado por la justicia por prevaricato en calidad de autor y otros hechos punibles en calidad de cómplice.

El Jurado, también resolvió hacer lugar al desafuero de la jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Guadalupe Garcete imputada por prevaricato por su presunta participación en el esquema de la mafia de pagarés con la firma de 97 resoluciones apartadas de la ley. La misma también queda suspendida en sus funciones como el resto de sus colegas afectados por el caso.

Todos los jueces de Paz de la Capital, son sindicados de haber favorecido a los demandantes en los juicios ejecutivos en perjuicio de los demandados quienes no fueron notificados de los juicios en los cuales no tuvieron la oportunidad de defenderse, pero, si se han dictado medidas de embargo en perjuicio de los mismos.

Relata el Ministerio Público que, los jueces firmaron resoluciones en centenares de expedientes basados en informes falsos para favorecer a los accionantes.

Los abogados Anibal y Violeta Ayala, quienes ejercen la defensa de la abogada imputada en la causa, Leticia Soledad Núñez, piden que la prensa deje de nombrar a su cliente como alguien que instigó a cometer hechos punibles como lo sostiene el Ministerio Público.

Los abogados, aseguran que Leticia Soledad Núñez es una empleada con regimen de dependencia en la empresa Cumplo SA, por ende, mal podría la imputada instigar a cometer hechos punibles como sostiene el Ministerio Público.

Manifiestan tener las documentaciones pertinentes para probar que su cliente está condición de dependencia al cumplir un horario determinado y estar asegurada en IPS.

«Nuestra defendida goza del principio de inocencia, por lo que venimos a solicitar concretamente el cese de las publicaciones periodísticas donde se menciona su nombre, sindicándola como instigadora de los hechos punibles investigados.

Agregan los abogados que la imputada abogada actúa estrictamente bajo las órdenes de sus superiores, por lo cual no pudo instigar a ningún funcionario a cometer un hecho punible.

La fiscalía investiga un esquema de estafa serial a docentes y jubilados con pagarés con cuentas ya canceladas en su mayoría.

La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes, dejó en claro que, en ningún caso la orden de captura que pesa sobre un imputado puede ser levantada hasta tanto este se presente ante la justicia. La ministra fue consultada sobre la figura de la rebeldía y la eximición, utilizada por una cámara de CDE para beneficiar a Walter Acosta, un prófugo de la justicia.

La ministra, dio cátedra de las implicancias jurídicas de cada figura en el proceso penal para evitar confusiones peligrosas por parte de los magistrados que a su vez, podría dejar un precedente nefasto para el sistema penal como el levantamiento de una orden de rebeldía cuando una persona no está sometida al proceso penal.

«La rebeldía, es la desobediencia manifiesta del convocado por la justicia, que genera que ésta disponga la coerción personal es decir declare el estado de prófugo y dicte orden de captura para que se someta al proceso. En este caso solo si el rebelde se presenta y se somete a la justicia la orden de captura se puede levantar y sigue el proceso».

«El estado de libertad de un imputado que es convocado por el juez para la aplicación de medidas cautelares; situación que permite solicitar al juez que le exima de aplicar medida cautelar alguna porque no hay méritos o bien la persona demuestra su intención de someterse a la justicia. En este caso el juez puede dictar la eximición de detención y disponer medidas menos gravosas o ninguna, según la situación», alegó la ministra Llanes.

Con la aclaración de la presienta de la Sala Penal, queda al descubierto que los camaristas aplicaron erróneamente la ley para favorecer a un prófugo que abofeteó brutalmente a una funcionaria del Estado que cumplía sus funciones en una intervención.

Walter Acosta el abogado que agredió a una funcionaria del INTN, desde la clandestinidad logró que la justicia deje sin efecto en alzada su orden de rebeldía y captura dictada tras agredir a una funcionaria del Estado.

El abogado imputado, apeló la decisión del juez que ordenó su captura tras lo ocurrido con la funcionaria a quien el 18 de marzo pasado, preso de la ira ante una posible multa por parte de los funcionarios del INTN, abofeteó. Según el relato fiscal, Walter Acosta, luego propinar patadas a los funcionarios, continuó con sus agresiones verbales y físicas, empujando a la funcionaria Lourdes Sosa Cuevas, quien cayó al suelo de espaldas. La misma tras ser auxiliada por sus compañeros, intentó abordar la camioneta, momento en el que nuevamente fue agredida, recibiendo un fuerte golpe en la cara por parte del abogado.

El Ministerio Público imputó al abogado Walter Acosta por los tipos penales de coacción, coacción grave y resistencia, por haber agredido a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) durante la inspección a una estación de servicio.

Los camaristas de Alto Paraná que aplicaron erróneamente la ley para favorecer a un prófugo son: Raúl Insaurralde, Efrén Giménez e Isabel Acosta.

El excandidato presidencial Paraguayo Cubas, es juzgado por su presunta responsabilidad en los disturbios tras las últimas elecciones generales pasadas donde fue electo presidente Santiago Peña. La defensa del acusado presentó algunos incidentes como la excepción de incompetencia de jurisdicción entre otras incidencias.

El Ministerio Público acusó a «Payo» por los tipos penales de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales. Esto, tras los disturbios luego de las elecciones del abril de 2023.

La acusación de 41 páginas relata que, el acusado en uno de sus videos específicamente la del 1 de mayo de ese año refirió que hubo irregularidades en el conteo de votos, “no van a jurar, sobre mi cadáver va a jurar el tal “Chanti mba´embo”. Sostienen la acusación fiscal el fiscal Jorge Arce, quien ha requerido en sus incidentes la exclusión de algunos testigos.

Son varios los videos de Paraguayo Cubas que son presentados por el Ministerio Público como prueba, además, de lo que escribió el acusado en su perfil de Facebook.

El tribunal de sentencia que juzga la conducta del acusado, está presidido por la jueza Cándida Fleitas y lo integran los jueces, Héctor Capurro y Christian González.

El juez de Paz de La Recoleta Víctor Nilo Rodríguez imputado por prevaricato y otros hechos punibles en la causa conocida como la mafia de pagarés, ha presentado un escrito ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), solicitando su desafuero para someterse a la justicia donde soporta la sospecha de integrar un esquema de estafa serial con pagarés.

El suspendido magistrado a través de sus abogados Secundino Méndez y Araceli Méndez, ha pedido expresamente al JEM que arbitre los mecanismos para despojarlo de sus fueros a fin de levantar su inmunidad para su formal procesamiento y a la vez pueda ejercer su derecho a la defensa en el marco de la imputación que pesa en su contra.

«Vengo a solicitar expresamente mi desafuero a fin de someterme al proceso penal en el cual he sido imputado», dice el juez Víctor Nilo Rodríguez en el escrito presentación ante el JEM.

El Ministerio Público sostiene en su imputación contra el magistrado Nilo Rodríguez que, este, habría dictado resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho, dado que se habría falseado los hechos en lo que respecta a que las notificaciones que supuestwemte se habían realizado debidamente y que el demandado no compareció a reconocer su firma, sin embargo, estas notificaciones al demandado nunca fueron tramitadas.

Que, el imputado juez en 28 expedientes dictó 26 resoluciones judiciales con fecha 17 y 20 de enero del 2023 teniendo por reconocidas las firmas
y disponiendo llevar adelante el juicio ejecutivo. Estas 26 resoluciones, nuevamente fueron informadas falsamente por la ujier Ingrid Prette, en 28 oportunidades como efectuadas, en las ciudades de Asunción, Capiatá, Caaguazú, Fernando de la Mora, Yataity del Norte, Ciudad del Este, Capiatá, Limpio y Areguá y que fueron practicadas en estas ciudades en solo 4 horas.

La fiscalía investiga un enorme esquema de fraude a particulares a través de pagarés por cuentas ya canceladas en muchos casos y documentos sin los mínimos requisitos para ser ejecutados.

El abogado Secundino Méndez, quien ejerce la defensa del imputado juez, presentó los primeros incidentes cuestionando la admisión de la imputación fiscal que según refiere no cuenta con los mínimos requisitos legales y formales.

«La imputación no reune los requisitos de la Acordada 1071, es pura conjetura, no sé de qué tengo que defenser a mi cliente. No tenemos la descripción de la conducta, no tenemos hechos, no tenemos determinación de tiempo. La fiscalía tiene la obligación de presentar imputaciones coherentes. Qué ocurrió, quién lo hizo, cuándo , donde y por qué, no nos responde la imputación», señaló el abogado Secundino Méndez a judiciales net.

Por lo que han presentado un recurso de reposicióon contra la admisión de la imputación con apelación en subsidio. Solictan que la admisión de la imputación sea revocada y devuelta al Ministerio Público para que se presente una imputación como lo exige la norma y la propia acordada de la Corte.

El tribunal de sentencia presidido por la magistrada Liliana Ruiz Díaz Guerreo e integrado por los jueces, Cristel Müller de Peralta y Ángela Carolina Jara, aplicó una condena de 20 años de prisión a un hombre que bajo amenaza abusó de su hija adolescente y la dejó embarazada.

Para el tribunal de sentencia las pruebas producidas en la audiencia oral, fueron determinantes para arribar a la condena de 20 años de cárcel para el hombre cuya identidad omitimos como mecanismo de protección a la víctima, al tratarse del padre biológico.

Esta causa pudo conocerse luego de una inspección médica realizada a la adolescente de 15 años en su colegio. Allí la doctora se da cuenta de su estado de gravidez de 5 meses, en ese momento, la joven cuenta que venía siendo coaccionada sexualmente por su padre biológico.

La directora del colegio y la madre de la víctima al conocer el hecho, formularon la denuncia al Ministerio Público, iniciándose la investigación del hecho de abuso sexual en menores.

El hoy condenado, sometió sexualmente a su hija adolescente en contra su voluntad, aprovechaba las veces que la madre no estaba en la casa, cuando iba a llevar a la escuela a sus hermanitos, o cuando el propio acusado le enviaba a hacer compras para la casa y si estaba algún hermanito le daba el celular para entretenerlo.

Según el relato de la víctima su padre, siempre la amenazó y usaba la fuerza hasta llegar al coito en numerosas oportunidades. Que ella siempre se negaba y pese a ello el hombre usó la fuerza para realizar el hecho hasta dejarla embarazada.

Para el tribunal las pruebas producidas en el juicio oral fueron determinantes, como la declaración de la víctima, las pruebas médicas que confirman el abuso y la prueba de ADN que confirma la paternidad del acusado.

La agente fiscal de Cordillera, María Lucía González, fue quien representó al Ministerio Público en este juicio oral donde se logró la condena de 20 años de cárcel.

El Ministerio Público, resolvió la apertura de una investigación penal tras la denuncia de varios parlamentarios opositores quienes al tener conocimiento de un posible perjuicio patrimonial al Estado, decidieron formular la denuncia ante la fiscalía pidiendo que los antecedentes del caso sean indagados por la fiscalía.

Los fiscales Natalia Cacavelos, Luis Piñánez y Luz Guerrero, son los fiscales asignados para investigar la presunta compra irregular de pupitres chinos donde existe la sospecha que fueron adquiridos por la Itaipú binacional con un sobre costo. La denuncia fue presentada por un grupo de parlamentarios ante el Ministerio Público.

El fiscal general del Estado Emiliano Rolón, ha resuelto integrar un equipo fiscal para investigar un posible direccionamiento de la licitación a la empresa China adjudicada y la sobrefacturación de precios por unidad de los pupitres adquiridos por la binacional que adjudicó a la firma Kamamya SA, un contrato por unos 32 millones de dólares para proveer 330 mil pupitres escolares.

La denuncia se realizó contra personas innominadas por lesión de confianza. Los fiscales asignados deberán confirmar si efectivamente la binacional pagó un costo superior por los pupitres chicos que ya fueron entregados en medio de la sospecha de una sobrefacturación por los mobiliarios adquiridos.

Los antecedentes refieren que la empresa, antes del llamado a licitación ya habría importado los pupitres del escándalo, luego, importó otra partida sin conocerse aún el resultado de quién sería la firma beneficiaria del millonario llamado licitatorio.

Cada pupitre tuvo un costo de 105 dólares americanos que al cambio rondaría los G 800.000, pero, los mismos pupitres son ofertados por distintos comercios a tan solo 22 dólares, haciéndose la aclaración que, el costo sigue bajando con las compras en mayorista.

Por su parte el Ministerio de Educación, asegura que los mobiliarios garantizan durabilidad, sin embargo, hasta que el tiempo transcurra no se tendrá la certeza de la calidad de los pupitres adquiridos y ya están siendo utilizados por los niños en algunos puntos del país.

El equipo fiscal trabajará bajo la coordinación de la fiscal adjunta Soledad Machuca.