El abogado Guillermo Duarte defensor del médico cirujano José Enrique Ortiz, condenado a tres años de cárcel por el homicidio culposo de la joven Liz Noelia Amarilla Sanabria quien falleció a causa de un shock séptico, denunció que el tribunal de sentencia que juzgó la conducta de su cliente consignó en la sentencia declaraciones que no se produjeron en el juicio e incluyeron además a una persona ya fallecida.

Duarte señala que, para el tribunal fue fundamental la declaración de los testigos: Luis Francisco Armoa (no declaró en juicio) y, Ana Teresita Amarilla Matto, quien ya falleció el 16 de abril del 2023, sin embargo, en la sentencia figura que fueron a declarar en el juicio oral que recientemente concluyó en una sentencia condenatoria del médico.

El profesional afirma que, el tribunal miente al incluir en la sentencia a personas que no fueron a declarar en el juicio oral, sin embargo, el colegiado los incluyo entre los testigos que consideró determinante para emitir el fallo condenatorio en este caso.

La defensa también ha cuestionado al tribunal de sentencia por dejar en estado de indefensión a su cliente y a la defensa, al no permitirles defenderse a lo largo del juicio por una conducta omisiva, ya que según dijo, su cliente, en estos 14 años de proceso, siempre se defendió por su conducta activa tras la primera cirugía a la víctima donde se perforó el ciego que fue el 16 de octubre del 2010, sin embargo, su cliente fue condenado por su conducta omisiva postoperatorio del que nunca pudo defenderse.

El defensor señala que, el tribunal condonó la mala práctica fiscal al condenar por una conducta omisiva, cuando que nunca fue acusado por este hecho y por ende, nunca se pudo defender de la conducta por la cual terminó condenado a tres años de encierro por homicidio culposo.

Dijo que la decisión del tribunal peligra gravemente el ejercicio de la defensa en juicio al cambiar la hipótesis fiscal solo advirtiendo el articulo 400, sin otorgarle el derecho al acusado y la defensa de ejercer una óptima estrategia defensiva.

Agrega el abogado que, el tribunal, incluso aplicó los tiempos muertos en mayoría en este proceso lo que hizo que el caso no prescriba pese a haber transcurrido 14 años del inicio del proceso al médico José Enrique Ortiz.

En esta causa, el tribunal de sentencia lo presidió el magistrado Juan Pablo Mendoza y lo integraron los jueces Darío Báez y Rossana Maldonado.

La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Marcelo Ricardo Cabaña. El procesado buscó levantar su prisión preventiva, pero, alzada ratificó la decisión del juez Miguel Palacios.

Las autoridades judiciales consideran que no existen elementos para variar la medida aplicada al procesado hermano de Reinaldo Cucho Cabaña considerado el principal acusado en la causa por narcotráfico y lavado de dinero.

Marcelo Ricardo Cabaña se encuentra privado de su libertad hace más de seis años y la defensa sostiene que la prisión preventiva del indiciado ya es un abuso de la preventiva y que existen numerosas razones para la aplicación del arresto domiciliario para el acusado.

El Ministerio Público alega en su acusación contra Marcelo Cabaña que, tanto él como sus hermanos Rubén y Yamil, serían los que se encargaban de la seguridad de la organización criminal liderada por Cucho, y serían quienes recibían las cargas de cocaína, además realizarían los traslados y el acompañamiento de las cargas de cocaína hasta la República Federativa del Brasil.

En esta causa también están acusados Reinaldo «Cucho» Cabaña, quien fue acusado por la fiscalía por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvo a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas sujetas a proceso.

La cámara de apelaciones resolvió rechazar la recusación presentada contra los jueces Adriana Planás y Matias Garcete, recusados por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio y que frustró la continuidad del juicio oral que soporta por cohecho pasivo agravado por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Marcus Vinicius.

El acusado buscó apartar a dos integrantes de su tribunal de sentencia cuyas competencias fueron confirmadas en el marco de este proceso. Con esta decisión los jueces están nuevamente habilitados para fijar una nueva fecha para continuar el juzgamiento público del exministro del interior acusado de haber recibido beneficios de un narco.

«No se observa elemento alguno que compruebe fehacientemente que los magistrados recusados hayan emitido opinión o consejo algunos con lo que puedan verse afectados su imparcialidad en la presente causa», dice la cámara.

Agrega que, la defensa busca utilizar la figura de la recusación como mecanismo recursivo cuando esta no es la vía para cuestionar las resoluciones adoptadas por el tribunal que no sean favorables a la defensa.

La fiscalía sostiene que, Giuzzio tenía vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius detenido en su país y que este pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional y por ello se acercó a Giuzzio.

La acusación del Ministerio Público contra Arnaldo Giuzzio, es por cohecho pasivo agravado (coima) por haber supuestamente recibido favores del narcotraficante Marcus Vinicius, la fiscalía dice tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior.

“El acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio colectado es posible afirmar que el acusado Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado paraguayo y particularmente con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

El acusado habla de que se manipuló las pruebas y que se sustrajeron pruebas sin orden judicial, además de la apropiación de documentos de su domicilio. Alega que el caso está plagado de irregularidades.

La defensa sostiene que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrato con el ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio porque el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.

El abogado Emilio Fuster ejerce la defensa de Giuzzio en esta etapa de su proceso.

Los jueces Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú, fueron sorteados para entender en uno de los mayores esquemas de estafa montado en juzgados de Paz de Capital, según sospecha el Ministerio Público que ha formulado imputación contra tres jueces suspendidos en sus funciones y una exjueza. Se trata de los jueces, Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot, todos soportan cargos por prevaricato en calidad de autores y uso de documentos no auténticos en calidad de cómplices.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia tendrá a su cargo las imputaciones relacionadas a sus colegas Carmen Analía Cibils y Víctor Nilo Rodrigues. Mientras que, Humberto Otazú tendrá a su cargo las imputaciones que salpican a la jueza Nathalia Garcete y la exjueza Liliana González de Bristot.

Primeramente, se debe realizar si la imputación fiscal tiene los requisitos para ser admitido para iniciar formalmente el proceso pena contra los 63 imputados en la causa por participar en un esquema de estafa serial. Además de los jueces están imputados en la causa actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados que litigan en los juzgados cuyos jueces han sido imputados.

Se sospecha que los magistrados imputados formaban parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos con pagarés por cuentas ya canceladas y en algunos casos con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos para ser ejecutados.

La lista de imputados se amplía con los actuarios y ujieres: Martina Rivela, Ricardo Ramón Cuevas, Nicolás Antúnez Tilleria, Jorge Montiel, Arturo Ayala, Alfredo Benítez y Jazmin Galeano por producción de documentos y prevaricato, todos funcionarios del juzgado de la Encarnación. Igualmente fueron imputados los abogados Ángel Cino, José Fuster Castellano, Lourdes Aranda, Gabriel Ojeda González, Leticia Nuñez Cáceres, Gabriela Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana.

Jorge Montiel, Arturo Ayala, Alfredo Benítez y Jazmin Galeano por producción de documentos y prevaricato. Igualmente fueron imputados los abogados que litigan en este juzgados y son: Ángel Cino, José Fuster, Lourdes Aranda, Gabriel Ojeda González, Leticia Núñez, Gabriela Centurión y Roger Medina Quintana.

La lista sigue con los actuario y ujieres del juzgado de Paz de La Recoleta, donde fueron imputados Gloria Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano, Ingrid Prette Goldenberg y Fernando Cáceres así como los abogados: Blas Rodriguez Galeano, Silvio Miranda Barrios, Robert Santacruz Oviedo, Luis Benitez, Patricia Parodi Cantero y Sebastian Benítez Porzio.

Mientras que, los actuarios, ujieres imputados del juzgado de La Catedral son: Olivia Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera Irigoitía, Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benitez. Los abogados que litigan en este juzgado imputados son: Sun Young Bang y Carlos Neffa por los tipos penales de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

Sigue la lista de imputados del juzgado de la exjueza Liliana González de Bristot, se trata de: Miguel Angel Rolón Recalde, Liz Mabel Ortíz Báez, Lider Rodrigo Benegas Cristaldo, Heber Hernan Cardozo Areco por prevaricato, producción inmediata de documento público de contenido falso y otros.

La lista de imputados por el Ministerio Público llega a 63 personas que integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados a juicios ejecutivos por parte de los jueces de Paz hoy imputados que han permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas con absoluto descaro y que trabajadores humildes terminen perjudicados gravemente en sus ingresos con los descuentos compulsivos.

El abogado Guillermo Duarte defensor del médico cirujano José Enrique Ortiz, condenado recientemente a tres años de cárcel por homicidio culposo por la muerte de la joven Liz Noelia Amarilla Sanabria quien falleció a causa de un shock séptico, dijo que su cliente a lo largo de estos 14 años de proceso, siempre se defendió por su conducta activa tras la primera cirugía a la víctima donde se perforó el ciego que fue el 16 de octubre del 2010, sin embargo, su cliente fue condenado por su conducta omisiva postoperatorio del que nunca pudo defenderse.

El defensor señala que, el tribunal condonó la mala práctica fiscal al condenar por una conducta omisiva, cuando que nunca fue acusado por este hecho y por ende, nunca se pudo defender de la conducta por la cual terminó condenado a tres años de encierro por homicidio culposo.

Dijo que la decisión del tribunal peligra gravemente el ejercicio de la defensa en juicio al cambiar la hipótesis fiscal solo advirtiendo el articulo 400, sin otorgarle el derecho al acusado y la defensa de ejercer una óptima defensa.

Agrega el abogado que, el tribunal, incluso aplicó los tiempos muertos en mayoría en este proceso lo que hizo que el caso no prescriba pese a haber transcurrido 14 años del inicio del proceso al médico José Enrique Ortiz.

«La variación fáctica es una cuestión que yo siempre vengo reclamando, nos deja en indefensión cuando en el juicio el tribunal cambia la hipótesis fiscal para poder amoldar los hechos a una condena. El abogado se sorprende con la sentencia porque nunca se defendió de eso. Si yo sabía que la discusión de daría sobre una omisión la estructura defensiva iba ser otra, hubiese ofrecido pruebas. Todos tenemos que luchar por una mejor aplicación del derecho penal», acotó el abogado Guillermo Duarte.

Por último, reiteró que los jueces no pueden seguir variando los hechos para favorecer al Ministerio Público que persigue una condena.

En esta causa, el tribunal de sentencia lo presidió el magistrado Juan Pablo Mendoza y lo integraron los magistrados Darío Báez y Rosana Maldonado.

El tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio oral y público al policía Gustavo Florentín, debía realizar una constitución en el marco del juicio en el local del Partido Liberal y la Comandancia, pero, el abogado defensor, desistió del pedido y la diligencia quedó sin efecto.

Ante el desistimiento del abogado defensor de Gustavo Florentín único acusado por el crimen de Rodrigo Quintana, el tribunal resolvió suspender la constitución prevista para hoy domingo en el local de Partido Liberal Radical Auténtico PLRA y la Comandancia de la Policía Nacional.

El defensor, a última hora de este sábado retiró el pedido de constitución al cual se hizo lugar y se comunicó de lo decidido por el colegiado a todas las partes involucradas en el proceso.

El tribunal de sentencia que juzga la conducta del único acusado por el crimen del joven Rodrigo Quintana, está presidido por la magistrada Lourdes Garcete y lo integran los jueces: Rossana Maldonado y Manuel Aguirre.

El policía Gustavo Florentín es el único acusado por el Ministerio Público por el crimen de Rodrigo Quintana. El proceso penal por años estuvo paralizado por incidentes dilatorios y recién ahora un tribunal de sentencia juzga los hechos ocho años después de ocurrido el trágico episodio.

Rodrigo Quintana, fue asesinado en la madrugada del 31 de marzo del 2017 por agentes policiales que irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico PLRA, luego del intento de enmienda constitucional para incluir la figura de la reelección durante el gobierno de Horacio Cartes.

La jueza especializada del fuero penal adolescente, abogada Liz Paola Mongelós, alertó del aumento de imputaciones relacionadas a adolescentes de entre 14 a 17 años de los que se sospecha han cometido hechos punibles que se relacionan con el sexting, vale decir, circunstancias relacionadas al envío de imágenes de contenido sexual y pornográfico de adolescentes a través de las redes sociales y esta situación genera una preocupación en la justicia del fuero en particular.

Refirió que, el sexting, es una práctica que ha cobrado relevancia en los últimos años en especial entre los adolescentes, es importante en primer lugar connotar que el sexting es una palabra inglesa que une los términos “sex” (sexo) y “texting” (envío de mensajes de texto.) De lo que podemos inferir que la misma consiste en el envío de contenidos de tipo sexual, como fotografías, vídeos o mensajes sexuales, de uno mismo a otras personas a través del teléfono móvil, dispositivos electrónicos y redes sociales, para lo cual el adolescente necesariamente debe tener acceso a internet para enviar estos contenidos.

Existe una realidad indiscutible, cual es que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, pero es importante establecer el uso adecuado de las mismas para obtener resultados óptimos de lo contario los adolescentes al tener acceso sin control parental se encuentran expuestos a recibir informaciones no aptas a su nivel de madurez psicosocial propia de la edad.

Esta práctica entre los adolescentes a priori, se genera debido a la menor conciencia que los mismos tienen con relación a los riesgos que conllevan su actuar, al despertar sexual de los mismos y a la sexualización precoz de la infancia por lo cual los menores adoptan conductas sexuales inapropiadas, que generan el inicio de procesos penales relacionados a la producción y reproducción de pornografía infantil.

Se evidencia que, este tipo de prácticas suponen graves riesgos físicos para los y las adolescentes, ya que pueden llegarse a conocer su localización, su centro de estudios o donde viven con el peligro que eso supone. Los riesgos psicológicos de la distribución de este tipo de imágenes y vídeos pueden desencadenar en graves trastornos emocionales y sociales: ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, humillaciones, rechazo, aislamiento social y hasta conductas autolesivas.

El aumento de imputaciones fiscales, a la vez, denota en apariencia el fracaso de todos los filtros de protección de sus vínculos inmediatos, como la familia, la familia ampliada, es decir del núcleo cercano y ampliado. Que cuando el sistema de justicia interviene para cumplir con los fines del proceso eminentemente educativo, todo lo anterior ya ha fracasado.

La magistrada, dijo que es sumamente relevante que los padres realicen el control sobre sus hijos adolescentes en el uso de la tecnología para prevenir este tipo de prácticas que hace que el joven aún en etapa de desarrollo y que se encuentra experimentando su sexualidad, podría llevarlo a su primera experiencia con la justicia a su corta edad por este tipo de hechos que tiende a convertirse peligrosamente en un flagelo.

Subrayó que, los adolescentes al tener vía libre en el uso de redes sociales como IG, FB, Telegram, WhatsApp, usan estas plataformas para cometer hechos punibles compartiendo imágenes de contenido sexual por esta vía ante la falta de control parental.

Mencionó que, los adolescentes de estas generacionales no son inmigrantes digitales, sino que traen la tecnología incorporada a su vida y rutina diaria, que esta situación no puede desconocerse y se juzga en contexto, pero el uso indiscriminado y sin control de los padres, podría ser sumamente perjudicial por el daño que causa el sexting en las víctimas cuyas imágenes son viralizadas en la red.

«Lo que genera alerta en nosotros es que ingresen causas en el sistema penal vinculadas al sexting entre adolescentes, entiéndase por el envío de material a través de la red, de imágenes de contenido erótico sexual. Como jueces no podemos estar abstraídos del hecho de que los adolescentes están desarrollándose en la era digital, pero, si no se ejerce el control parental para el uso responsable de la tecnología, terminan cometiendo hechos punibles mediante la red», acotó la jueza.

Por último, dijo que a través de los juzgados especializados del fuero penal adolescente se pone en marcha todos los mecanismos de protección basados en los informes de madurez psicosocial en contexto con los principios de especialidad, desjudicialización, mínima intervención, entre otros, para cumplir con los fines del proceso penal adolescente en cuanto se refiere a los hechos punibles relacionados al sexting.

El equipo fiscal asignado a la investigación de un esquema montado con la complicidad de los propios jueces de Paz de Capital, ha formulado imputación contra los jueces Analia Cibils, Nathalia Garcete, Víctor Nilo Rodríguez y la exjueza Liliana González de Bristot. La imputación también salpica a actuarios, ujieres y abogados litigantes en los juzgados afectados.

Los jueces fueron imputados en calidad de autores por prevaricato y en calidad de cómplices por uso de documentos públicos de contenido falso. Se sospecha que los magistrados suspendidos en sus funciones formaban parte de un esquema para defraudar a jubilados y funcionarios activos con pagarés por cuentas ya canceladas y en algunos casos con pagarés que no contaban con los mínimos requisitos para ser ejecutados.

La lista de imputados se amplía con los actuarios y ujieres: Martina Rivela, Ricardo Ramón Cuevas, Nicolás Antúnez Tilleria, Jorge Montiel, Arturo Ayala, Alfredo Benítez y Jazmin Galeano por producción de documentos y prevaricato, todos funcionarios del juzgado de la Encarnación. Igualmente fueron imputados los abogados Ángel Cino, José Fuster Castellano, Lourdes Aranda, Gabriel Ojeda González, Leticia Nuñez Cáceres, Gabriela Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana.

Jorge Montiel, Arturo Ayala, Alfredo Benítez y Jazmin Galeano por producción de documentos y prevaricato. Igualmente fueron imputados los abogados que litigan en este juzgados y son: Ángel Cino, José Fuster, Lourdes Aranda, Gabriel Ojeda González, Leticia Núñez, Gabriela Centurión y Roger Medina Quintana.

La lista sigue con los actuario y ujieres del juzgado de Paz de La Recoleta, donde fueron imputados Gloria Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano, Ingrid Prette Goldenberg y Fernando Cáceres así como los abogados: Blas Rodriguez Galeano, Silvio Miranda Barrios, Robert Santacruz Oviedo, Luis Benitez, Patricia Parodi Cantero y Sebastian Benítez Porzio.

Mientras que, los actuarios, ujieres imputados del juzgado de La Catedral son: Olivia Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera Irigoitía, Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benitez. Los abogados que litigan en este juzgado imputados son: Sun Young Bang y Carlos Neffa por los tipos penales de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

Sigue la lista de imputados del juzgado de la exjueza Liliana González de Bristot, se trata de: Miguel Angel Rolón Recalde, Liz Mabel Ortíz Báez, Lider Rodrigo Benegas Cristaldo, Heber Hernan Cardozo Areco por prevaricato, producción inmediata de documento público de contenido falso y otros.

Según el Ministerio Público la jueza Analia Cibils, «habría dictado resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho, dado que se habría falseado los hechos en lo que respecta a que las notificaciones habrían sido realizadas debidamente y que el demandado no compareció a reconocer su firma, con lo que la misma declaraba que la firma quedaba reconocida y ordenaba continuar con los trámites legales» reza parte de la imputación fiscal.

La lista de imputados por el Ministerio Público llega a 63 personas que integrarían este escandaloso esquema montado en el propio Poder Judicial donde ha quedado al descubierto la grosera forma de tramitación de expedientes relacionados a juicios ejecutivos por parte de los jueces de Paz hoy imputados que han permitido que miles de expedientes estén depositados en empresas privadas con absoluto descaro y que trabajadores humildes terminen perjudicados gravemente en sus ingresos con los descuentos compulsivos.

La justicia española declaró firme la resolución que ratifica la extradición de Gianina García Troche esposa de Sebastián Marset, a Paraguay. Con este fallo queda firme el pedido de la justicia local que requiere a la mujer por su vínculo con la organización criminal liderada por su esposo.

Esta decisión fue tomada por el pleno de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España. Luego de esta decisión queda pendiente la aprobación del Gobierno español para que se concrete la extradición de García imputada por lavado de dinero vinculada al caso «A Ultranza Py», una de las mayores intervenciones realizadas por nuestro país contra estructura de lavado de dinero y narcotráfico detentadas en Paraguay .

Esta resolución ya fue comunicada a la justicia de nuestro país que, solo aguarda la entrega de la indiciada para iniciar su procesamiento formal en Paragauy por cargos relacionados al crimen organizado.

Según la investigación fiscal, Gianina Garcia habría constituido una sociedad y abierto cuentas bancarias para justificar ingresos ilícitos provenientes del tráfico de drogas del esquema liderado por su esposo el uruguayo Sebastián Marset.

El Ministerio Público, sostiene que el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra parte estaba el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contó con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.