El juez Humberto Otazú, citó para el 4 y 7 de abril al intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto en el marco de su segundo proceso penal por lesión de confianza donde el Ministerio Público acusa un perjuicio patrimonial de G 306.188.500 mediante licitaciones direccionadas.

La fiscalía acusó por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal a Miguel Prieto en calidad de autor. Supuestamente, Prieto lideraba un esquema para defraudar al municipio a través de licitaciones direccionadas, según el relato del Ministerio Público.

Además de Miguel Prieto está acusado en calidad de autor Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de administración y finanzas de la Municipalidad de CDE.

Mientras que, las otras tras 11 personas también fueron acusadas por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, pero, en calidad de cómplices.

La fiscalía sostiene que, los acusados formaban parte de un esquema liderado por Prieto que desviaba dinero municipal mediante las licitaciones públicas a personas de su entorno y así perpetraron el perjuicio patrimonial a la institución de G 306.188.500.

Los demás acusados son los propietarios de las empresas adjudicadas y funcionarios de distintas dependencias del municipio quienes también afrontarán la preliminar donde se sabrá si la causa será elevada a la siguiente etapa de juicio oral.

La cámara de apelaciones confirmó la competencia del juez Humberto Otazú, quien deberá citar a su excolega para su audiencia preliminar donde una vez más se debe decidir si el proceso se eleva a la etapa de juicio oral.

En su momento, la cámara de apelaciones anuló la resolución del juez Yoan Paul López quien elevó a juicio oral y público el proceso por prevaricato contra la exjueza en lo civil y comercial Tanía Irún.

La exmagistrada fue acusada por la fiscalía adjunta ya que la fiscal inferior Verónica Valdez había solicitado el sobreseimiento definitivo. La fiscal Natalia Fúster fue quien defendió la acusación en la audiencia preliminar, tras esta diligencia el juez elevó el caso para el debate público, pero, alzada anuló la decisión.

Según la cámara el juez López, so pretexto del impedimento de valorar las pruebas en esta etapa del proceso, no realizó el control vital de la acusación del Ministerio Público causando un agravio irreparable a la defensa de la acusada.

Con la decisión de alzada, la causa se retrotrajo a la etapa de audiencia preliminar y será Otazú el que desarrolle nuevamente la misma diligencia para realizar el control de la acusación fiscal que según la cámara, López no realizó.

En la preliminar, la defensa pidió el sobreseimiento definitivo de la jueza con el argumento de que no hubo hecho punible, pero esto fue rechazado por el juzgado.

El proceso fue abierto contra Irún por supuestamente no haber aplicado la ley, al admitir una demanda para transferir tierras a firmas extranjeras en la zona de seguridad fronteriza.

El 23 de noviembre del 2018 la magistrada firmó una sentencia para transferir 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco. La enorme parcela transferida era de la Asociación Espíritu Santo y fue cedida a cuatro empresas extrajeras, por un crédito que, según la denuncia nunca existió.

A raíz de este proceso, Tania Irún fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM por mal desempeño en sus funciones.

En esta segunda audiencia preliminar se sabrá finalmente si la exjueza queda desvinculada del caso como se había solicitado inicialmente, o, si se eleva de vuelta a juicio para el debate público.

Este miércoles arrancó el juicio oral y público al exasistente de Javier Ibarra, Oscar Ariel Caballero Sahlmann, acusado de haber ultimado de dos disparos a su jefe. El móvil o la motivación del crimen nunca se supo, el caso llegó a la etapa de debate oral donde el tribunal de sentencia juzgará los elementos colectados por el Ministerio Público.

En el primer día de juicio oral las partes formularon sus alegaciones iniciales y la diligencia seguirá el próximo lunes 24 de marzo con la declaración de testigos que buscan probar la acusación del Ministerio Público en el marco de este crimen.

Para el Ministerio Público la pieza clave en esta causa es la declaración de un testigo quien había llevado en su motocicleta al acusado a la casa de la víctima y es quien escuchó los disparos luego de haber bajado a Caballero Sahlmann en la casa de Javier Ibarra.

Según el relato de la fiscalía, entre las fechas 24 y 25 de noviembre del 2022 siendo las 22:46 y 00:00 aproximadamente el señor Oscar Ariel Caballero Sahlmann habría llegado al domicilio de la víctima Javier Ibarra Mendoza ubicado en Santa Carolina y Destacamento Cazal, barrio Santa Ana de la ciudad de San Lorenzo en una motocicleta conducida por el hoy testigo de la Fiscalía.

Oscar Caballero, quien se desempeñaba como asistente hace varios años del exfiscal descendió de la motocicleta y le dijo al conductor que se tomara su tiempo y que regresara en unos 40 minutos. Luego con un control del portón automático, ingresó al domicilio de Javier Ibarra.

Pasado el tiempo que habían acordado con el conductor de la moto, éste regresó y estacionó frente a la casa de la víctima. Apagó el motor de su biciclo y aguardó a Oscar Caballero.

En ese lapso escucho uno o dos disparos que provenían desde la casa del exfiscal. Se abre el portón del garaje y sale de allí Oscar Caballero en visible estado de nerviosismo y muy asustado con el control del portón en la mano. Le dice al conductor de la moto que se retire del lugar, que vaya por su cuenta que el haría lo mismo.

El motociclista observó luego que Oscar Caballero volvió a ingresar a la casa de Ibarra.

El testigo, intento arrancar su motocicleta, pero sin éxito por lo que llevó caminando hasta una estación de servicios del emblema Copetrol sobre la avenida Mariscal López donde dejó su moto. Se dirige a un local de Biggies, compra un cargador de batería de celular y regresa a la gasolinera donde mientras enciende su celular recibe la llamada de Oscar Caballero. Presunto asesino del e fiscal Ibarra. Caballero le pregunta donde esta y luego le dice su ubicación que quedaba justo frente a la estación de servicios. Estaba a bordo de un taxi y le pide que vaya junto a él.

Caballero le pregunta le pregunta al testigo sobre su motocicleta y le entrega un 100 mil guaraníes para que cargue combustible. Leonardo le pregunta nuevamente a Oscar Caballero que pasó en la casa de Ibarra y éste no contestó.

El testigo, solucionó el problema de su motocicleta y va a su casa. Nuevamente recibe la llamada del supuesto homicida del exfiscal. Le pidió que vaya a su casa donde él se encontraba. Al llegar ve que Oscar Caballero tiene una bolsa tipo TNT en la mano más un estuche. Le tira combustible a la bolsa y quema el contenido cuyos datos no se revelaron aún. Posteriormente le entrega el estuche al testigo que contenía un arma de fuego. Le pide que lo guarde o se deshaga de la pistola. El testigo accede por temor, según declaró y sin saber supuestamente que era la vivienda del exfiscal donde había ocurrido un homicidio y la ocultó en su vivienda.

“Conforme a los elementos obrantes en la carpeta fiscal, entre los que se destacan el relato del testigo, más los informes policiales, esta representación fiscal concluye que Oscar Caballero Sahlmann habría ingresado a la casa de la víctima utilizando un control remoto del garaje al cual tenía acceso y le habría realizado los disparos en la cabeza que acabaron con la vida de la víctima”, menciona la acusación del agente fiscal Julio Ortiz.

Caballero, afronta cargos por homicidio doloso, hurto especialmente grave, robo con resultado de muerte todos en calidad de autor.

En el marco de la II Ronda de Conversaciones entre Altos Mandos Militares de Paraguay y Colombia, celebrada en Asunción del 18 al 20 de marzo, ambas naciones reafirman su compromiso de combatir las amenazas transnacionales como el narcotráfico, el contrabando, los delitos ambientales, la migración ilegal y el terrorismo.

Durante este encuentro, se llegó a un acuerdo binacional que prioriza el intercambio de información y experiencias para fortalecer la seguridad regional.

El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, subrayó la importancia de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen organizado, una problemática que trasciende fronteras y exige cooperación internacional coordinada. “La colaboración es clave para enfrentar los desafíos comunes que afectan a nuestra región”, destacó el almirante.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional de Paraguay, Oscar González, resaltó la relevancia de la seguridad y defensa como pilares fundamentales para proteger a los ciudadanos. Asimismo, reconoció la participación de Colombia como un aliado estratégico en operativos exitosos en el norte de Paraguay contra el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP, a través de la colaboración con el Comando de Operaciones de Defensa Interna.

Este encuentro refuerza la colaboración en capacitación, formación y estrategias de defensa, consolidando así una alianza estratégica para afrontar las dinámicas criminales que amenazan la estabilidad de la región, según los organizadores del evento.

El magistrado suspendido en sus funciones Amado Yuruhan Díaz, sancionado por chicanear en su proceso con 48 horas de arresto disciplinario, dijo que esta medida es el fiel reflejo de los abusos que sufre por parte del mismo sistema judicial que integra que actúa por orden del ministro César Garay quien lo persigue de manera inmisericorde.

Dijo que, su colega Elbis Bernal sometido al ministro superintendente de la circunscripción judicial de Boquerón, tomó una medida absolutamente arbitraria en su contra al imponerle una sanción corporal que la ley no permite.

Mencionó que, la sanción que le impone su colega juez, infringe la ley ya que lo resuelto busca privarlo ilegítimamente de su libertad coaccionándolo a su cumplimiento en la Comisaría local pese a ostentar su calidad de magistrado.

«Es la decisión más patente del sistema judicial que he denunciado formalmente ante la fiscalía. Uno de sus serviles obsecuentes como lo es el juez Elbis Bernal, sometido totalmente al ministro Garay, mi persecutor a quien denuncia públicamente, él es el ideólogo de toda esta tramoya y montaje para que me apliquen una sanción de esta naturaleza totalmente traída de los pelos, inconstitucional a todas luces», dijo en una parte de la entrevista el suspendido magistrado Amado Yuruhan Díaz.

Reiteró que, una sanción para un abogado no puede superar las 6 horas, sin embargo, a él le imponen un arresto de 48 horas violando así todas sus garantías constitucionales. Dijo que, es inocente de los hechos que lo acusan y que seguirá luchando hasta lograr que se haga justicia con él ya que todas las situaciones que enfrenta es por orden del ministro César Garay.

Mencionó que, el próximo martes se presentará a la Comisaría de Filadelfia a cumplir con la orden decretada por su colega, que alega actos dilatorios en la causa que soporta por presunto acoso sexual a una funcionaria del Poder Judicial.

El Ministerio Público acusó al juez de sentencia de Boquerón Amado Arsenio Yuruhan Díaz por acoso sexual, asegura que con los elementos colectados se prueba que el juez acoso a una funcionaria del juzgado, abrazándola y besándola sin su consentimiento.

Que, cuentan con suficiente material probatorio desde el video de circuito cerrado, informes, la denuncia formulada por el ministro César Garay entre otros elementos que solicita al juzgado sean admitidas para un eventual juicio oral.

Matías Garcete juez especializado e integrante de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, habló con nuestro medio sobre la iniciativa que busca modificar los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley 1.286/98 del Código Procesal Penal, y su incidencia incluso en los casos relacionados a crimen organizado.

Señaló que, de persistir la propuesta y ser aprobada, podría significar un riesgo enorme para los procesos penales en curso y que la propuesta en vez de ayudar estaría dificultando el buen desarrollo del proceso penal que ya transita por un camino tortuoso por la mala praxis.

Comentó que, modificar los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley 1.286/98 del CPP, genera una preocupación en el Poder Judicial y considera que merece un mayor análisis este tipo de iniciativas que podría comprometer seriamente el sistema acusatorio actual. Que en vez de ayudar estaría menoscabando el sistema penal.

Agregó que, para entender el CPP y realizar una correcta aplicación, primeramente se debe conocer la Constitución Nacional y los derechos que en ella están plasmados. Aseguró que, la modificatoria de estos artículos pone en serio riesgo el sistema acusatorio vigente y que esta situación han alertado en su dictamen desde la OTP.

Dijo que, al modificar el artículo 6 se propone que una actuación del Ministerio Público ya implique el inicio del proceso y automáticamente genera el cálculo para la extinción, que desde estos procedimientos investigativos ya corre el tiempo de duración máxima del proceso y eso podría afectar a los casos relacionados a la trata de personas y tráfico de estupefacientes, que implican técnicas especiales de investigación por tratarse de casos de alta complejidad relacionadas a empresas criminales.

Recordó que, en la actualidad por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se establece que el cómputo del plazo inicia desde la comunicación del acta de imputación al indiciado. Lo que permite al Ministerio Público realizar las diligencias pertinentes sin que esté presionado por el tiempo para colectar estos elementos de prueba.

«Se desvirtúa totalmente el sistema actual acusatorio. Hemos advertido al Congreso sobre la propuesta que merece un mayor análisis para no comprometer a este sistema acusatorio y principalmente nuestro Estado social de derecho que está vinculado al razonamiento normativo. Para entender el CPP, tenemos que entender los derechos y garantías que tenemos en la Constitución Nacional, esa es la base para que el Código Procesal Penal surja y tenga su lineamiento positivo. Esta modificatoria afectaría el debido proceso», agregó el magistrado Matías Garcete.

Por último, dijo que el proceso penal también contempla el derecho de la víctima y no solo la del imputado, como suele mencionarse erróneamente. Reiteró que este tipo de propuestas deben ser objeto de un profundo análisis para evitar perjuicios mayores al sistema penal.

La jueza Cynthia Lovera decretó el arresto domiciliario para el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, en el marco del proceso que soporta por la supuesta amenaza que realizó a la agente fiscal Ruth Benítez y a la denunciante en la causa Duck Sex Games.

Según las primeras informaciones, fue el propio Montanaro quien se acercó a una florería de donde se habrían enviado los ramos con los escritos de amenaza. Las imágenes de circuito cerrado donde se observa al imputado lo comprometen aún más.

Montanaro, habría buscado con este “mensaje” amedrentar a la agente fiscal y la denunciante de su primer caso cuyas imágenes habría publicado sin autorización.

Montanaro Bedoya, está indiciado por haber compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso que ya fueron sometidos a pericia, entre ellos el teléfono celular del imputado que ofreció para la búsqueda de elementos que corroboren la sospecha que pesa sobre el empresario que sostiene su inocencia, sin embargo, hoy cuenta con otra causa por coacción contra la fiscal que lleva su caso.

La exlegisladora volvió a presentar un urgimiento a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que traten la acción de inconstitucionalidad que había presentado contra la decisión del Senado que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.

Kattya González, presentó su séptimo urgimiento ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que aceleren el tratamiento de su acción de inconstitucionalidad que tiene como objetivo su vuelta a cámara alta.

Ahora el expediente se encuentra en fueros inferiores en la búsqueda del último integrante que falta para completar los nueve miembros y así someter a estudio la expulsión de la recurrente del Senado.

Kattya González, busca que la máxima instancia le devuelva su curul declarando inconstitucional la resolución que le retiró la investidura y la dejó fuera del Congreso.

El 14 de febrero del 2024 la senadora Kattya González fue arrebatada de su investidura de parlamentaria por supuestas irregularidades, pero, estos hechos fueron desestimados en su totalidad por el Ministerio Público.

El Ministerio Público ya dictaminó que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exlegisladora ya que se violaron preceptos constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa.

La exfiscal adjunta Artemisa Marchuk, fue quien emitió el dictamen en representación de la fiscalía general del Estado en el marco de la acción de inconstitucionalidad presentada por la senadora Kattya González contra la resolución 431 del 14 de febrero de 2024 por la cual se resolvió la pérdida de su investidura.

Para la fiscalía general queda claro que se han vulnerado preceptos constitucionales, al no respetar la cámara su propio reglamento que claramente establece los siete días hábiles que se le debe conceder a la persona afectada en este caso Kattya González, para presentar su defensa por escrito y tampoco la mayoría requerida de 30 votos para destituir del cargo a un senador nacional.

La abogada Josefina Aghemo especialista en delitos económicos, criticó el proceso de selección para llenar cargos en el fuero especializado de delitos económicos y anticorrupción, señaló que para este fuero es necesario contar con personas capaces y con años de experiencia en la materia para un óptimo abordaje de la criminalidad compleja.

Afirmó que existe una responsabilidad compartida, tanto del que se presenta para pugnar por un cargo para el cual no está preparado, como de las personas encargadas de integrar las ternas y la posterior designación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La profesional alertó de las implicancias que conlleva tener a una persona no apta para un fuero sumamente complejo, con aristas netamente técnicas y tener a una persona no capacitada en el área, expone a la vulneración de derechos de la persona que esta siendo sometida a proceso y pone en peligro el derecho a la defensa.

«La corrupción no es solamente de quien obtiene un beneficio, es también hacer creer a una persona que vas a cumplir un cierto rol para el cual no estás capacitado. Hay que ser sincero con uno mismo, presentarse solo cuando uno tiene esas capacidades, pero, también, si hay personas que lo hacen, el Consejo de la Magistratura debe servir de filtro. El delito económico, es un ilícito que se debe entender, comprender y sostener cuando hay que decidir, que no sea una mochila pesada la carátula de un expediente y que sea suficiente para que se condene, hay que mantener la objetividad y si hay que tomar otra decision se plasme en la resolución», señaló la abogada Josefina Aghemo.

Reiteró que, el fuero penal especializado requiere de un factor humano altamente técnico por la complejidad de los casos que no es similar a un tipo penal ordinario, lo que hace que la vara sea altísima para aquellos que integran el sistema de justicia.

Por último, dijo que, el delito económico tiene un tratamiento especial y que debe ser un proceso justo, por ello requiere de las personas más capacitadas en este ámbito para su buen desarrollo.