Matías Garcete juez especializado e integrante de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, habló con nuestro medio sobre la iniciativa que busca modificar los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley 1.286/98 del Código Procesal Penal, y su incidencia incluso en los casos relacionados a crimen organizado.
Señaló que, de persistir la propuesta y ser aprobada, podría significar un riesgo enorme para los procesos penales en curso y que la propuesta en vez de ayudar estaría dificultando el buen desarrollo del proceso penal que ya transita por un camino tortuoso por la mala praxis.
Comentó que, modificar los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley 1.286/98 del CPP, genera una preocupación en el Poder Judicial y considera que merece un mayor análisis este tipo de iniciativas que podría comprometer seriamente el sistema acusatorio actual. Que en vez de ayudar estaría menoscabando el sistema penal.
Agregó que, para entender el CPP y realizar una correcta aplicación, primeramente se debe conocer la Constitución Nacional y los derechos que en ella están plasmados. Aseguró que, la modificatoria de estos artículos pone en serio riesgo el sistema acusatorio vigente y que esta situación han alertado en su dictamen desde la OTP.
Dijo que, al modificar el artículo 6 se propone que una actuación del Ministerio Público ya implique el inicio del proceso y automáticamente genera el cálculo para la extinción, que desde estos procedimientos investigativos ya corre el tiempo de duración máxima del proceso y eso podría afectar a los casos relacionados a la trata de personas y tráfico de estupefacientes, que implican técnicas especiales de investigación por tratarse de casos de alta complejidad relacionadas a empresas criminales.
Recordó que, en la actualidad por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se establece que el cómputo del plazo inicia desde la comunicación del acta de imputación al indiciado. Lo que permite al Ministerio Público realizar las diligencias pertinentes sin que esté presionado por el tiempo para colectar estos elementos de prueba.
«Se desvirtúa totalmente el sistema actual acusatorio. Hemos advertido al Congreso sobre la propuesta que merece un mayor análisis para no comprometer a este sistema acusatorio y principalmente nuestro Estado social de derecho que está vinculado al razonamiento normativo. Para entender el CPP, tenemos que entender los derechos y garantías que tenemos en la Constitución Nacional, esa es la base para que el Código Procesal Penal surja y tenga su lineamiento positivo. Esta modificatoria afectaría el debido proceso», agregó el magistrado Matías Garcete.
Por último, dijo que el proceso penal también contempla el derecho de la víctima y no solo la del imputado, como suele mencionarse erróneamente. Reiteró que este tipo de propuestas deben ser objeto de un profundo análisis para evitar perjuicios mayores al sistema penal.
