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Imputan a 11 docentes falsos

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La agente fiscal Teresa Sosa, imputó a 11 docentes mau quienes habrían falsificado sus títulos en Ciencias de la Educación para un llamado del MEC, para un concurso de oposición para seleccionar docentes, pero, los concursantes presentaron documentos falsos para acreditar sus capacidades.

Según el relato del Ministerio Público la misma Universidad Autónoma de Asunción UAA, desmintió que los mismos hayan egresado de su casa de estudio. Tal es así, que la presentación de estos documentos apócrifos indujeron al error al MEC al registrar los títulos de los imputados y otorgarles la matrícula de educador.

Sostiene el Ministerio Público que los indiciados en busca de un beneficio patrimonial indebido, presentaron documentos falsos bajo declaración jurada ante la máxima entidad educativa para ser contratados y percibir un salario indebido del Estado.

En base a estos argumentos y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la fiscalía imputa a: Adilio Javier Aranda Cáceres, Alba Caballero, Alcides Arce, Alcides Cabrera, Alicia Caballero, Alicia Silva, Alba Martínez, Ana Cañete, Ana Leguizamón, Analía Escobar y Anastasio Florentín, por el tipo penal de estafa, declaración jurada falsa y uso de documentos no auténticos.

El 12 de junio del 2024, el Ministerio de Educación denunció el hecho y desde entonces el Ministerio Público inició la pesquisa sobre los documentos falsos presentados por los «docentes» para percibir dinero del Estado.

La agente fiscal del caso señaló que la causa tiene mucha relevancia por la función que cumplen los docentes en la sociedad.

La fiscalía requiere al juez del caso, Yoan Paul López, la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los implicados y el tiempo de seis meses para presentar el acto conclusivo de la investigación que salpica a docentes mau.

Piden a la justicia archivar querella contra periodista

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Los abogados Alejandra Peralta Merlo, Ezequiel Santagada y Federico legal, por la defensa del periodista Juan José Oteiza querellado por supuesta calumnia por el médico Libero Oropallo, contestaron el traslado de la querella y piden que la misma no sea admitida por improcedente.

El abogado Oscar Tuma, presentó en su momento una querella criminal contra Juan José Oteiza, periodista del medio de comunicación digital Resumen de Noticias RDN, por supuesta calumnia, difamación e injuria contra el honor del doctor Libero Oropallo, al referir que este no contaba con licencia para operar en nuestro país.

Los defensores del periodista sostienen que, la pretendida querella debe ser rechazada «in limine» por no reunir los elementos legales del tipo penal querellado, ya que la información difundida por el periodista y el medio de comunicación, es una información de interés general y además se basó en información proveniente de fuentes públicas que han remitido el informe al periodista en el marco de la investigación que llevó adelante.

Que la publicación atacada por Oropallo como calumniosa, es una información de interés público, protegido por la libertad de expresión según los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo tanto, no se puede impedir el tráfico de este tipo de ideas, sino que muy por el contrario, deben ser especialmente protegidas, que las expresiones utilizadas en la publicación son relativas a la salud y se habla de la habilitación de una clínica para la atención a la salud lo que demuestra que es de interés general.

«Analizando el caso que nos ocupa, tenemos que el señor Juan José Oteiza, director del medio de comunicación digital RDN como bien lo refiere el denunciante en su escrito de querella, ha publicado una investigación periodística respecto de una clínica sin habilitación del Ministerio de Salud Pública, por lo tanto, todo aquel establecimiento médico que opere sin la debida habilitación del ente rector se convierte en clandestina. Para ello, el señor Oteiza ha realizado una investigación previa, solicitando los informes correspondientes a través del portal de acceso a información pública. La publicación data del 5 de julio de 2024, fecha en que fue recibida la información de que doctor Libero Oropallo no contaba con registro profesional ni con autorización temporal para operar en Paraguay», señala parte de la contestación de la defensa del periodista.

Agregan los abogados que, la publicación que refiere el querellante como calumniosa, no reúne los elementos básicos del tipo penal para su procedencia y, aunque lo fuere, tampoco sería la vía penal la correcta para perseguir este tipo de informaciones, ya que la misma es de interés público y, por lo tanto, sumamente protegida por el derecho a la libertad de expresión.

Que, la información proporcionada por el propio Ministerio de Salud Pública, hace decaer todo derecho del accionante que busca la condena del periodista y una composición económica por el supuesto daño a su imagen resultado de la publicación periodística.

Decretan la captura de Roberto Cárdenas exintendente de Lambaré

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La jueza de ejecución penal María Lidia Wyder ordenó la captura del exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez, para iniciar la ejecución de la condena de ocho años de prisión que pesa en su contra por lesión de confianza.

El exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas, en noviembre del año pasado volvió a presentar una acción de nulidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha rechazado sin estudio la pretensión del condenado quien sigue incidentado su caso para evitar cumplir su condena.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó “in limine” la acción de inconstitucionalidad presentada por el exintendente de Lambaré contra la condena firme de ocho años de cárcel por lesión confianza. Con esto, una de sus varias condenas debe ser ejecutada.

El proceso por lesión de confianza fue abierto por el desvío de 860 millones de guaraníes que debían ser destinadas para la construcción de 15 escuelas en el 2016.

Los ministros César Diésel, Víctor Ríos y Gustavo Santander rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por el condenado quien buscó con esta acción evitar que se cumpla la condena de ocho años de prisión que ha quedado firme y hasta ahora no se ejecuta.

En esta misma causa también quedó firme la condena del exdirector de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, condenado a seis años de cárcel, la de Carlos María Mendieta, encargado de la Dirección de Obras de la Comuna, sentenciado a tres años de prisión, ambos en carácter de cómplice.

Se comprobó que los exfuncionarios actuaron en complicidad con el exintendente de Lambaré, al realizarse una transferencia de fondos por obras no realizadas, que ni siquiera fueron fiscalizadas.

Con la permisiva justicia el exintendente sigue incumpliendo su condena firme de ocho años de prisión. El condenado ha presentado diferentes incidentes que permiten que el sentenciado siga burlando el cumplimiento de su condena firme.

Sin la colaboración de la familia causa por negligencia médica pudo quedar impune, afirma fiscal

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La agente fiscal Patricia Sánchez, quien logró la condena de tres años de cárcel para el médico José Enrique Ortiz por la muerte de la joven Liz Noelia Sanabria, señaló que la joven proviene de una familia de médicos lo que fue determinante para que el caso no quede impune y que pese a que pasaron 14 años del hecho, se logró la condena.

Resaltó que, para el Ministerio es sumamente relevante esta condena por todas las aristas técnicas que envolvió el juicio y que fue posible probar los hechos gracias a la estrecha colaboración de la familia de la víctima que participó del procedimiento médico de la paciente y de médicos éticos que han colaborado con el trabajo del Ministerio Público.

Agregó que, lo recursos dilatorios que se dieron en el caso no permitieron que el juicio se desarrolle antes de este último juicio oral que terminó con la condena del médico acusado por sus conductas posteriores a la primera cirugía llevada a cabo el 16 de octubre del 2010.

«El médico tiene la obligación de realizar todos los mecanismos necesarios para mitigar cualquier riesgo de vida para evitar que la enfermedad o lo que sea que atravesando el paciente le provoque la muerte o, le provoque un daño mayor de lo que ya padece. Esto fue lo que no realizó el médico José Enrique Ortiz hoy condenado.

El hecho en si es muy triste porque se trata de una estudiante brillante en medicina que estaba a días de su colación e iba a ser medalla de honor de Medicina UNA y ella misma le estaba diciendo a su médico tratante que ella sentía que estaba con peritonitis y su médico lo minimizó sin tener en cuenta la complicación que tuvo en la cirugía con la perforación del ciego, a consecuencia de estas conductas contrarias al deber de cuidado, propició que la víctima falleciera el 20 de octubre de 2010.», acotó la fiscal.

La representante del Ministerio Público, relató el sufrimiento que padeció la víctima luego de su primera operación ya que estuvo lúcida todo el tiempo alertando de su estado a su médico José Enrique Ortiz quien restó importancia a sus dichos y finalmente falleció, dijo que fue ella misma la que alertó que ya estaba con peritonitis.

Dijo que, existía una bajada de línea para que el gremio médico no colabore con la familia, lo que impidió que la querella privada no logre un consultor para que los ayude a hacer las consultas concretas a los testigos así como para colaborar los alegados al tratarse de un caso médico técnico.

Agregó que, la causa inició a raíz de una remisión de la Superintendencia de Salud del Ministerio de Salud, en la que se relata que el acusado incurrió en negligencia médica que propició la muerte de su paciente. Que el proceso pasó por numerosas dilaciones, incluso una medida cautelar de la Corte que impidió el desarrollo del juicio.

El tribunal de sentencia presidido por el magistrado Juan Pablo Mendoza, aplicó una condena de tres años de cárcel para el médico José Enrique Ortiz por la muerte de la estudiante de último año de medicina Liz Noelia Sanabria, quien falleció a causa de un shock séptico.

El Ministerio Público a cargo de la agente fiscal Patricia Sánchez pidió en su momento la condena de cinco años de encierro para el profesional de blanco, pero, el tribunal consideró que la pena justa que debía aplicar a Ortiz era la de tres años de prisión.

El tribunal concluyó en la sentencia condenatoria que, hubo negligencia por parte del condenado al no disponer estudios médicos como una tomografía abdominal con contraste y la ecografía que son medios idóneos para determinar la pérdida del liquido fecaloide, lo cual le hubiese otorgado una enorme posibilidad de sobrevivir a la víctima de la primera operación donde se le perforó el ciego y que es conducta omisiva era punible y que la pena que debía afrontar es la de tres años de cárcel.

Fiscalía debe ratificar o rectificar pedido de archivo por la muerte de Lalo Gómes

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La fiscalía general del Estado, debe emitir dictamen luego que el juez de la causa Martín Areco haya resuelto dar trámite de oposición al pedido de los fiscales designados en investigar el resultado del allanamiento en la casa de Eulalio Gómes donde perdió la vida.

El juez de la causa, se opuso al archivo de la investigación y remitió la causa a la FGE para escuchar el parecer de los fiscales superiores ante el requerimiento de los agentes de desestimar la denuncia alegando que los intervinientes dispararon a Lalo Gómes en defensa propia ante sus disparos.

La fiscalía menciona que los intervinientes actuaron dentro de sus facultades y mal podrían ser imputados por la muerte del diputado Lalo Gómes. El juzgado decepcionó el pedido del Ministerio Público y debe decidir si la archiva directamente o envía a la fiscalía general para su ratificación.

El equipo fiscal integrado por: Celso Morales, Luis Said y Christian Ortíz, dictaminaron que no existe hecho punible cometido por ninguno de los intervinientes en el allanamiento por lo que solicitaron al juez de Pedro Juan Caballero, Martín Areco desestimar y archivar el caso.

El 19 de agosto del 2024, el Ministerio Público y la policía encabezaron el operativo, “Pavo Real II”, en la que falleció el diputado Eulalio Lalo Gómes. Su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, fue detenido en otro de los allanamientos, ambos fueron imputados por tener vínculos con el esquema de Jarvis Chimenes Pavão.

La orden de mandamiento de allanamiento fue firmada por el magistrado especializado Osmar Legal el pasado 16 de agosto y fue ejecutado en la madrugada del 19 de agosto por los fiscales y policías de inteligencia.

Según confirmó el comandante de la policía Nacional Carlos Benítez, fueron recibidos con disparos por el finado Lalo Gómes a lo que los efectivos policiales respondieron y fue en ese cruce de fuego que quedó herido el diputado, quien falleció a consecuencia de esta situación.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, Oscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona por lavado de dinero y procedente del tráfico internacional de droga.

Tanto el finado diputado Eulalio Gomes como su hijo Alexandre, estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa de Brasil, colectada durante la investigación de la causa Pavo Real, existe una secuencia de correos entre ambos y los hijos de Javis donde se plasma transacciones de compa venta de inmuebles existentes en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y habrían sido adquiridas de manera irregular por el finado diputado y su hijo.

Es importante tener en las instituciones a personas que no se dejen comprar por grupos criminales, dice jueza

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La magistrada especializada contra el crimen organizado Rosarito Montanía, quien alertó sobre el robo de más de 770 kilos de droga incautada perteneciente al grupo criminal del narcotraficante Felipe Acosta, alias “Macho” brindó una entrevista a nuestro medio sobre la importancia de contar con funcionarios públicos honestos.

La magistrada habló de la relevancia que tiene que las instituciones del Estado cuenten con personas íntegras que no caigan en la corrupción y que permitan que el crimen organizado siga permeando en las instituciones públicas.

Mencionó que, pese a estar obligados por la ley los fiscales de frontera que actúan en los casos relacionados al fuero penal especializado, estos hechos no son comunicados a los jueces de esta competencia sino a los jueces del fuero ordinario.

Dijo que las empresas criminales tienen los recursos para corromper a los funcionarios públicos para proteger sus negocios criminales, por lo tanto, el único filtro contra estos esquemas criminales es la integridad de los servidores públicos.

“Sabemos que las organizaciones criminales a menudo corrompen a funcionarios para proteger sus actividades delictivas. Por eso es tan importante contar, dentro de las instituciones del Estado, con personas probas, que no se dejen manejar ni comprar por estos grupos criminales que buscan debilitar las instituciones, facilitando de esa manera su propio crecimiento, y como dice la jueza Lici Sánchez, para combatir al crimen organizado hay que aprender a decir no a la corrupción y al soborno”, acotó la magistrada.

Mencionó que, muchos de los casos de gran envergadura se dan en las fronteras del país en las que intervienen los fiscales de la zona, y pese a estar obligados a darle intervención al juez especializado, no lo hacen y comunican del inicio de la investigación a los jueces del fuero ordinario, omitiendo remitir a Asunción estos procesos relacionados a la criminalidad organizada.

Subrayó que la Ley 6379/19 que crea la competencia especializada en crimen organizado y delitos económicos, es clara y determina que los hechos punibles de tráfico de drogas caen bajo la competencia de este fuero, al igual que las Acodadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia, por lo que estas causas deben ser tramitarse en la Capital.

El exhaustivo control que realizó la magistrada al momento de la quema de la droga en este caso fue determinante para comprobar el gran faltante de la mercancía ilícita de Macho del poder de la Senad.

La jueza verificó si las bolsas y paquetes estaban debidamente lacradas, contabilizó y pesó la carga para corroborar si las mismas coincidían con el acta de procedimiento, comprobándose la desaparición de 770 kilos de marihuana, incautada el pasado 23 de febrero y que estaban bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) regional Canindeyú.

Helicópteros: A pedido fiscal la justicia sobresee a Rafael Filizzola

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La jueza Alicia Pedrozo, sobreseyó definitivamente al exministro del Interior Rafael Filizzola a pedido del Ministerio Público con lo que Filizzola queda desvinculado definitivamente de esta causa por lesión de confianza.

La fiscalía tuvo en cuenta la decisión de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación fiscal, para requerir el sobreseimiento definitivo del procesado exministro del Interior.

La Corte había señalado que no se le dio la oportunidad a una declaración indagatoria al imputado, es decir, no pudo defenderse de los elementos de sospecha de la fiscalía, por lo que se anuló dicho acto conclusivo.

En la preliminar el agente fiscal Francisco Cabrera solicitó la extinción de la acción penal a favor de Rafael Filizzola al cual la jueza hizo lugar y levantó todas las medidas cautelares que pesaban contra el actual senador.

En su momento el senador Rafael Filizzola fue acusado por el Ministerio Público por lesión de confianza por la compra de helicópteros durante su gestión como ministro del Interior en el gobierno de Fernando Lugo.
Para el Ministerio Público, los helicópteros adquiridos para el Ministerio del Interior no cumplían con las especificaciones requeridas lo que ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo.

La fiscalía acusó en esta causa por un perjuicio patrimonial de G 50.000 millones en la Compra de cuatro helicópteros para la Policía Nacional.

La defensa de Filizzola la ejerce el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien el primer día de audiencia preliminar aseguró que no existía una acusación válida del Ministerio Público por haber acusado a su cliente con bases y condiciones diferentes a las utilizadas en la imputación, por lo que el proceso penal abierto contra su defendido debía ser archivado como finalmente ocurrió.

Tribunal condena a tres años de cárcel a médico por homicidio culposo

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El tribunal de sentencia presidido por el magistrado Juan Pablo Mendoza, aplicó una condena de tres años de cárcel para el médico José Enrique Ortiz por la muerte de la estudiante de último año de medicina Liz Noelia Sanabria, quien falleció a causa de un shock séptico.

El Ministerio Público a cargo de la agente fiscal Patricia Sánchez pidió en su momento la condena de cinco años de encierro para el profesional de blanco, pero, el tribunal consideró que la pena justa que debía aplicar a Ortiz era la de tres años de prisión.

Este viernes el tribunal de sentencia dio a conocer el fallo que condena a tres años de prisión al médico acusado José Enrique Ortiz, los elementos de prueba producidos durante el debate oral fueron determinantes para el tribunal de sentencia como el resultado de las juntas médicas, los testigos médicos y otros medios de prueba que comprueban que el hoy condenado actuó con negligencia en el tratamiento de la joven víctima.

El tribunal concluyó en la sentencia condenatoria que, hubo negligencia por parte del condenado al no disponer estudios médicos como una tomografía abdominal con contraste y la ecografía que son medios idóneos para determinar la pérdida del liquido fecaloide, lo cual le hubiese otorgado una enorme posibilidad de sobrevivir a la víctima de la primera operación donde se le perforó el ciego.

Agregó el tribunal que el condenado tenía la posición de garante, del cuidado y estado de salud de su paciente, y que la conducta negligente ocasionó un grave sufrimiento a la víctima antes de fallecer, por lo que arribaron a que la condena aplicada debía ser la de tres años cárcel.

La agente fiscal Patricia Sánchez defendió la acusación altamente técnica ante el tribunal que juzgó el caso. Durante sus alegaciones finales sostuvo que, el acusado José Enrique Ortiz tuvo una conducta descuidada como médico tratante de la víctima, quien, a consecuencia de estas conductas contrarias al deber de cuidado, propició que la víctima falleciera el 20 de octubre de 2010.

Agregó que, el acusado en su posición de garante como médico de confianza de la familia y cirujano de la paciente estaba obligado a actuar con la debida diligencia para precautelar la vida y la salud de su paciente. Sin embargo, su conducta punible hizo que se tenga el desenlace que hoy lleva al Ministerio Público perseguir el castigo del profesional de blanco.

Explicó que, durante la primera cirugía llevada a cabo el 16 de octubre del 2010 a la paciente, el médico José Enrique Ortiz, fue el que lideró el equipo y el que llevó adelante la cirugía laparoscópica para la liberación de bridas y adherencias de la paciente, y es el único responsable del uso del electrobisturí monopolar y de la técnica quirúrgica utilizada en ese acto médico perforó y luego seccionó la cara anterior del ciego de la paciente Liz Noelia Sanabria.

El corte del ciego y el procedimiento posterior para repararlo no fue consignado en ninguna parte del documento. A raíz de la infección generalizada que esto provocó, la joven fue nuevamente sometida a una segunda cirugía, pero, ya no se pudo salvar su vida y falleció el 20 octubre del 2010 a sus 25 años.

El tribunal de sentencia lo presidió el magistrado Juan Pablo Mendoza y lo integran los jueces Darío Báez y Rosana Maldonado. La sentencia íntegra será entregada a las partes el próximo 21 de marzo.

Allanan sede de la SENAD en busca de evidencias del robo de 770 kilos de droga de “Macho”

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La Fiscalía realizó este viernes un allanamiento en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) regional Canindeyú, tras la desaparición de 770 kilos de marihuana, incautada en ese departamento el pasado 23 de febrero por parte de los agentes especiales.

Este cargamento, asociado presuntamente al grupo del narcotraficante prófugo Felipe Acosta, alias “Macho”, se encontraba bajo “segura” custodia de la SENAD, con planes de incineración para el 12 de marzo. Sin embargo, en el pesaje final de ese día, se detectó la ausencia de 20 paquetes de la droga.

La quema de la mercancía ilícita fue autorizada por la jueza de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía quien acompañó el procedimiento de anticipo jurisdiccional en el sitio. Ante una minuciosa revisión y pesaje final la magistrada se percató del faltante y dio aviso al Ministerio Público que se encuentra investigando el caso.

Tras la denuncia se abrió una investigación penal con miras de esclarecer las circunstancias de esta sustracción de la evidencia y asignar las correspondientes responsabilidades.

Según las autoridades, el cargamento completo, que totalizaba 14.290 kilos de marihuana, se transportaba por la Ruta PY03 hacia Saltos del Guairá. El valor estimado de este cargamento superaba los 2 millones de dólares.

Giuzzio recusa a jueces y suspende su juicio oral

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El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio quien soporta juicio oral por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Marcus Vinicius, recusó esta mañana a la presidenta de su tribunal Adriana Plana y al magistrado Matías Garcete.

El acusado menciona que, el juez Matías Garcete no tuvo en consideración las palabras de resentimiento de la jueza la jueza Planas por lo tanto ya preopinó en el caso y deben ser apartados de seguir entendiendo en el proceso.

El juicio oral y público debía proseguir este viernes en la etapa incidental, pero ante la recusación de dos miembros del colegiado la diligencia queda en suspenso hasta tanto la cámara de apelaciones resuelva la procedencia de la recusación contra los magistrados.

La fiscalía sostiene que, Giuzzio tenía vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius detenido en su país y que este pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional y por ello se acercó a Giuzzio.

La acusación del Ministerio Público contra Arnaldo Giuzzio, es por cohecho pasivo agravado por haber supuestamente recibido favores del narcotraficante Marcus Vinicius, la fiscalía dice tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior.

“El acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022. Teniendo en cuenta todo el material probatorio colectado es posible afirmar que el acusado Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado paraguayo y particularmente con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio.

El acusado habla de que se manipuló las pruebas y que se sustrajeron pruebas sin orden judicial, además de la apropiación de documentos de su domicilio. Alega que el caso está plagado de irregularidades y que ira desnudando el apriete que sufre por parte del sistema de justicia.

La defensa sostiene que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrato con el ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio porque el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.

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