La magistrada especializada contra el crimen organizado Rosarito Montanía, quien alertó sobre el robo de más de 770 kilos de droga incautada perteneciente al grupo criminal del narcotraficante Felipe Acosta, alias “Macho” brindó una entrevista a nuestro medio sobre la importancia de contar con funcionarios públicos honestos.
La magistrada habló de la relevancia que tiene que las instituciones del Estado cuenten con personas íntegras que no caigan en la corrupción y que permitan que el crimen organizado siga permeando en las instituciones públicas.
Mencionó que, pese a estar obligados por la ley los fiscales de frontera que actúan en los casos relacionados al fuero penal especializado, estos hechos no son comunicados a los jueces de esta competencia sino a los jueces del fuero ordinario.
Dijo que las empresas criminales tienen los recursos para corromper a los funcionarios públicos para proteger sus negocios criminales, por lo tanto, el único filtro contra estos esquemas criminales es la integridad de los servidores públicos.
“Sabemos que las organizaciones criminales a menudo corrompen a funcionarios para proteger sus actividades delictivas. Por eso es tan importante contar, dentro de las instituciones del Estado, con personas probas, que no se dejen manejar ni comprar por estos grupos criminales que buscan debilitar las instituciones, facilitando de esa manera su propio crecimiento, y como dice la jueza Lici Sánchez, para combatir al crimen organizado hay que aprender a decir no a la corrupción y al soborno”, acotó la magistrada.
Mencionó que, muchos de los casos de gran envergadura se dan en las fronteras del país en las que intervienen los fiscales de la zona, y pese a estar obligados a darle intervención al juez especializado, no lo hacen y comunican del inicio de la investigación a los jueces del fuero ordinario, omitiendo remitir a Asunción estos procesos relacionados a la criminalidad organizada.
Subrayó que la Ley 6379/19 que crea la competencia especializada en crimen organizado y delitos económicos, es clara y determina que los hechos punibles de tráfico de drogas caen bajo la competencia de este fuero, al igual que las Acodadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia, por lo que estas causas deben ser tramitarse en la Capital.
El exhaustivo control que realizó la magistrada al momento de la quema de la droga en este caso fue determinante para comprobar el gran faltante de la mercancía ilícita de Macho del poder de la Senad.
La jueza verificó si las bolsas y paquetes estaban debidamente lacradas, contabilizó y pesó la carga para corroborar si las mismas coincidían con el acta de procedimiento, comprobándose la desaparición de 770 kilos de marihuana, incautada el pasado 23 de febrero y que estaban bajo custodia de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) regional Canindeyú.
