La jueza Alicia Pedrozo elevó a juicio oral y público el proceso penal abierto a 21 personas acusadas por el Ministerio Público por integrar un esquema para estafar a través de promesas de cargos y ascensos en el Instituto de Previsión Social IPS.

Tras la audiencia preliminar, la magistrada admitió las pruebas ofrecidas por la fiscalía y elevó el caso a la siguiente etapa de juicio oral donde se debatirá los elementos de prueba del Ministerio Público.

Según la acusación del Ministerio Público, la abogada Fátima Agüero Stelehlik sería la que actuó en complicidad con sus familiares y funcionarios de la previsional para ofrecer cargos y recategorización en el IPS a cambio de sumas de dinero que iban desde G 1.500.000 hasta G 15.000.000.

Además de Agüero Stelehlik, fueron acusados como integrantes del esquema los funcionarios de IPS: Zulma Verónica Villalba, Eduvigis Espínola, Yolanda Balbuena, Jorge Juvinel Ferreira, Edgar Amarilla. Los hermanos de la abogada Agüero Stehlik José Manuel y Lourdes Rocío Agüero Stehlik.

También fueron acusados por la fiscalía las enfermeras María Aguilera Chaparro, Fátima Adelaida González, Carolina Martínez, Blas Antonio Verón. Igualmente fue acusado el abogado Carlos,Barreto, la contadora Jenifer Karina González, José Santacruz Frutos, la abogada Reina Torres, Rodolfo Daniel Velázquez, Jorge Felipe Sabodero contador, Cynthia Caje Cabral una ama de casa y Juana Anastasia Torres contadora.

La causa tuvo su origen tras la denuncia presentada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS, quien presentó evidencias al Ministerio Público de cómo operaba el esquema de estafa.

Los acusados soportan cargos por estafa y asociación criminal. En esta audiencia se decidirá si la causa será elevada a la siguiente etapa de juicio oral como lo solicita el Ministerio Público o si se aplica alguna salida procesal a quienes busquen reparar el daño ocasionado.

El Ministerio Público, la querella y la defensa presentaron sus alegatos finales en el marco de un juicio oral y público que se sigue al médico José Enrique Ortiz por la muerte de la estudiante de último año de medicina Liz Noelia Sanabria, quien falleció a causa de un shock séptico.

La fiscal que lleva el caso Patricia Sánchez sostuvo en sus alegatos finales, que se probó durante el desarrollo del juicio oral y público sin lugar a dudas que el médico acusado José Enrique Ortiz debe ser condenado a a máxima pena de cinco años por homicidio culposo al realizar conductas descuidadas como médico tratante de la víctima, quien, a consecuencia de estas conductas contrarias al deber de cuidado, propició que la víctima falleciera el 20 de octubre de 2010.

Agregó que, el acusado en su posición de garante como médico de confianza de la familia y cirujano de la paciente estaba obligado a actuar con la debida diligencia para precautelar la vida y la salud de su paciente. Sin embargo, su conducta punible hizo que se tenga el desenlace que hoy lleva al Ministerio Público perseguir el castigo del profesional de blanco.

Explicó que, durante la primera cirugía llevada a cabo el 16 de octubre del 2010 a la paciente, el médico José Enrique Ortiz, fue el que lideró el equipo y el que llevó adelante la cirugía laparoscópica para la liberación de bridas y adherencias de la paciente, y es el único responsable del uso del electrobisturí monopolar y de la técnica quirúrgica utilizada en ese acto médico.

“Según se pudo observar en el video de la cirugía y según las explicaciones dadas por el perito médico, la doctora Margarita Aucejo, luego de unos minutos de haber iniciado la laparoscopía, el acusado José Enrique Ortiz primeramente perforó y luego seccionó la cara anterior del ciego de la paciente Liz Noelia Sanabria, que, si bien la perforación es un riesgo inherente a este tipo de cirugía, el acusado amplió los riesgos a través de conductas activas descuidadas”, relató en sus alegatos la agente fiscal.

Por su parte, el doctor Rubén Maciel, abogado querellante en la causa, señaló al tribunal que la familia de la joven no actuó de manera apresurada ante la trágica muerte de su hija, sino buscó los conductos institucionales para determinar primeramente si hubo negligencia y fue la Superintendencia de Salud la que ha determinado luego de una auditoría que la paciente no recibió la atención médica correcta en lo referente al tratamiento, dictamen contundente para la querella.

Además, sostuvo que el médico nunca documentó el corte del ciego y el procedimiento posterior para repararlo no fue consignado en ninguna parte del documento. A raíz de la infección generalizada la joven fue nuevamente sometida a una segunda cirugía tardía, pero, ya no se pudo salvar su vida y falleció el 20 octubre del 2010 a sus 25 años.

Por ese motivo, afirma la Fiscalía que la condena justa para el médico acusado es la de cinco años de cárcel, para enviar un mensaje claro de que en nuestro país quien actúa con negligencia y usa a su gremio como escudo y quien niega el derecho a la verdad y a la reparación, deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

El tribunal de sentencia lo preside el magistrado Juan Pablo Mendoza y lo integran los magistrados Darío Báez y Rosana Maldonado. La sentencia podría dictarse mañana viernes.
La diligencia se reanuda este viernes con dúplica y réplica de las partes.

Este jueves el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM, resolvió de oficio iniciar una nueva investigación contra el fiscal Lorenzo Lezcano esta vez, por sus chats con el finado diputado Lalo Gómes a quien recurrió para salvarse en un enjuiciamiento anterior en el JEM.

El entonces fiscal de la unidad contra el crimen organizado, Lorenzo Lezcano también “usó como nexo” con Orlando Arévalo al finado diputado Lalo Gomes, sospechado de lavar dinero del narcotráfico para librarse del proceso en el Jurado.

Según los reveladores chats entre Lezcano y Lalo Gómes, estos gestaron por mensajes de texto el desenlace del juicio en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM.

En los mensajes, Lorenzo Lezcano trata de líder a Lalo Gómez y le consulta si tiene cercanía con Orlando Arévalo a lo que Lalo responde que sí, que lo tienen en la palma de la mano, a partir de allí se pauta una reunión con Arévalo una vez más en su casa y es el propio Lalo Gomes quien le comparte la ubicación de la casa del entonces presidente del JEM para que conversen en persona.

Tal es así que, luego de estas conversaciones y reuniones entre los artífices de estos chats, Lorenzo Lezcano saldría sobreseído de su proceso por no haber investigado al narcotraficante Sebastián Marset, uno de los líderes de la estructura A Ultranza.

Lezcano como sus colegas Katia Uemura y Stella Mary Cano con frecuencia se reportaban con Lalo Gómes y le solicitaban su mediación con Orlando Arévalo.

El escándalo que una vez más salpica a un miembro del JEM, miembros de la justicia y políticos no es una situación nueva, pero, con ello demuestra una vez más que la estructura de recaudación montada por el finado Óscar González Daher sigue intacta, pero con otros actores.

Veremos si en esta oportunidad el JEM le aplica alguna sanción al agente fiscal y los demás fiscales y jueces que han chateado con Lalo Gómes.

El abogado Nelson López defensor de Reinaldo Javier Cucho Cabaña supuesto líder de un esquema criminal, confirmó que su cliente se encuentra desde anoche en la nueva vivienda de Lambaré por disposición del juez Miguel Palacios.

La defensa buscó en principio a través de una revisión, levantar el arresto domiciliario que pesa contra Cucho Cabaña, pero, el magistrado rechazó esta pretensión y ratificó la medida. Pero, hizo lugar al cambio del domicilio solicitado por el acusado quien ya reside en su nuevo domicilio procesal.

Han transcurrido casi siete años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso. Sumado a que el Ministerio Público, presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación.

Desde entonces el proceso ha pasado por numerosos magistrados de garantías y hasta el momento la causa no ha podido ser elevada a la siguiente etapa de juicio oral como lo requiere el Ministerio Público.

En esta causa “Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía por asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.

El juicio oral y público por la trágica muerte de Sol Chávez, la joven fallecida por una sobredosis de flúor recetada por su odontóloga no pudo iniciarse este miércoles ante un recurso pendiente.

Una acción presentada por la defensa de la médica acusada postergó el inicio del juzgamiento público por tercera vez respecto a Lilia Espinoza y Sandra Hermosa.

La defensa a cargo del abogado Derlis Céspedes, presentó una reposición en contra de la fecha de inicio del juicio con apelación en subsidio. Una vez que la cámara resuelva la cuestión el tribunal estará en condiciones de fijar una nueva fecha.

Los antecedentes refieren que, la víctima era paciente de Lilia Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente.

A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00 h de ese mismo día.

Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, reza parte de la acusación del Ministerio Público.

Esta vez el tribunal de sentencia está integrado por los jueces: Juan Francisco Ortiz, Lourdes Garcete y Rossana Maldonado.

Los abogados Raul Caballero y Josefina Aghemo, por la defensa del exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, han presentado un recurso de casación contra la condena de tres años de cárcel por cohecho pasivo agravado.

Los defensores solicitan a la máxima instancia admitir el recurso y anular el fallo de segunda instancia y, que por decisión directa se resuelva la absolución de reproche y pena del exministro Miguel Oscar Bajac, por vicios al tiempo de la audiencia preliminar y ante la imposibilidad de que se retrotraiga el caso a dicha etapa.

La defensa recurre el fallo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a fin de que la Corte someta a revisión el fallo de alzada que sostienen es manifiestamente infundada.

Los defensores aseguran que, existen nueve agravios concretos contra el fallo que ratifica la condena de tres años de prisión contra su cliente por el hecho punible de cohecho pasivo agravado sin fundar los argumentos para ratificar la condena.

Mencionan que, el tribunal de apelación realizó una fundamentación deficiente sobre la sanción aplicada al exministro de la Corte Suprema de Justicia y que tampoco se ha expedido sobre la producción probatoria.

“El tribunal de apelación únicamente afirma que la resolución de primera instancia está bien, pero no justifica sus razones, con motivos y argumentos lógicos, en palabras sencillas y comprensibles, la forma en que llegó a dicha conclusión.

“La resolución es manifiestamente infundada, contesta lo no argumentado por nuestra parte, y del mismo modo emite una argumentación genérica y global. La fundamentación en lo que hace a las respuestas de los puntos atacados por el señor Bajac resulta aparente, divorciada de los verdaderos agravios presentados por nuestra parte”, sostiene la defensa del exministro.

Agregan que Bajac fue acusado por un hecho, juzgado por un hecho y condenado por otro hecho sin que haya tenido el derecho a ejercer su defensa en debida forma vulnerándose sus derechos constituciones además de la falta de fundamentación del fallo condenatorio por lo que el caso debe ser anulado y el procesado absuelto.

Ante la jueza Alicia Pedrozo se inició la audiencia preliminar para 21 personas acusadas por el Ministerio Público por integrar un esquema para estafar a través de promesas de cargos y ascensos en el Instituto de Previsión Social IPS.

Según la acusación del Ministerio Público, la abogada Fátima Agüero Stelehlik sería la que actuó en complicidad con sus familiares y funcionarios de la previsional para ofrecer cargos y recategorización en el IPS a cambio de sumas de dinero que iban desde G 1.500.000 hasta G 15.000.000.

Además de Agüero Stelehlik, fueron acusados como integrantes del esquema los funcionarios de IPS: Zulma Verónica Villalba, Eduvigis Espínola, Yolanda Balbuena, Jorge Juvinel Ferreira, Edgar Amarilla. Los hermanos de la abogada Agüero Stehlik José Manuel y Lourdes Rocío Agüero Stehlik.

También fueron acusados por la fiscalía las enfermeras María Aguilera Chaparro, Fátima Adelaida González, Carolina Martínez, Blas Antonio Verón. Igualmente fue acusado el abogado Carlos,
Barreto, la contadora Jenifer Karina González, José Santacruz Frutos, la abogada Reina Torres, Rodolfo Daniel Velázquez, Jorge Felipe Sabodero contador, Cynthia Caje Cabral una ama de casa y Juana Anastasia Torres contadora.

La causa tuvo su origen tras la denuncia presentada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS, quien presentó evidencias al Ministerio Público de cómo operaba el esquema de estafa.

Los acusados soportan cargos por estafa y asociación criminal. En esta audiencia se decidirá si la causa será elevada a la siguiente etapa de juicio oral como lo solicita el Ministerio Público o si se aplica alguna salida procesal a quienes busquen reparar el daño ocasionado.

El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, sostiene que el Ministerio Público los acusó sin acreditar fehacientemente los hechos y son tener pruebas que comprueben que efectivamente tanto él como sus colegas ministros filtraron información a la prensa.

Según Giuzzio, fueron acusados por reunirse los ministros una actividad inherente al integrar un gabinete y que no existen elementos para sostener una acusación tan gravosa como lo afirma la fiscalía.

Agrega que fueron acusados por dos fiscales ajenos a la causa sin elementos y que fueron acusados solo por haber denunciado en su momento al expresidente Horacio Cartes.

“La Fiscalía nos acusa por desacreditar la figura de Horacio Cartes», por filtrar documentos a ABC y UH, por reunirnos con otros ministros, entre otros motivos absurdos. Nos atribuyen conductas penales sin pruebas, de forma arbitraria, con fiscales ajenos a la causa. ¿Desde cuándo en Paraguay es punible no ser cómplice de Horacio Cartes?, la fiscalía no solo protege al criminal, sino que persigue al denunciante”, aseveró Arnaldo Giuzzio uno de los exministros de Mario Abdo Benítez acusado por el Ministerio Público y para quien se requiere juicio oral.
Según la acusación los entonces ministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio ministro del Interior se reunieron sin especificar el motivo, alegando, “reunión de trabajo”, la reunión fue el 26 de enero del 2022 a las 8:30, para el Ministerio Público esta reunión es sospechosa por no existir registro de temas tratados.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, formularon acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen María Pereira, Daniel Alberto Farias Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene por los tipos penales de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Se solicita al juez de garantías que lleva el caso elevar la causa, admitir todas las pruebas ofrecidas, en cuanto a la sanción para los procesados, serán formuladas en la etapa procesal respectiva, según los fiscales firmantes del dictamen.

Dice el relato del Ministerio Público que durante el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez, se habría gestado un esquema que aspiraba generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el objetivo de debilitar sus figuras en el ámbito, económico y principalmente electoral.

Que supuestamente Carlos Arregui, fue quien filtró el informe de inteligencia entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022 y fue quien lideró la asociación criminal, según los fiscales. Los tipos penales acusados a los exministros son: asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, firmaron el dictamen conclusivo en la causa abierta por supuesta filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes, con lo que perpetraron la conducta de revelación de secretos de servicio los acusados.

“Carlos Arregui como ministro de SEPRELAD, junto con otros ministros conformaron un grupo compuesto por ministros del gabinete del entonces presidente Mario Abdo Benítez y funcionarios de SEPRELAD, todos con tareas específicas que debían realizar desde el cargo que ocupaban con el fin de lograr que se inicien accione penales contra el expresidente Horacio Cartes”, dice parte de la acusación del Ministerio Público.

Agrega que, Carlos Arregui fue quien filtró información confidencial a sus colegas ministros y a su vez permitió que funcionarios ajenos a SEPRELAD accedan a la información confidencial poniendo en peligro la seguridad en la convivencia de las personas.

Según los fiscales tienen certeza de que los exministros y exfuncionarios del gobierno de Abdo Benítez, filtraron información confidencial del expresidente.

El Ministerio Público acusó por cuatro hechos punibles a los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez por presuntamente revelar información confidencial sobre el expresidente Horacio Cartes.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, formularon acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen María Pereira, Daniel Alberto Farias Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene por los tipos penales de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Se solicita al juez de garantías que lleva el caso elevar la causa, admitir todas las pruebas ofrecidas, en cuanto a la sanción para los procesados, serán formuladas en la etapa procesal respectiva, según los fiscales firmantes del dictamen.

Dice el relato del Ministerio Público que durante el gobierno dsel expresidente Mario Abdo Benítez, se habría gestado un esquema que aspiraba generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el objetivo de debilitar sus figuras en el ámbito, económico y principalmente electoral.

Que supuestamente Carlos Arregui, fue quien filtró el informe de inteligencia entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022 y fue quien lideró la asociación criminal.

“Se tiene que Carlos Arregui, como ministro secretario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD junto con los otros acusados conformaron un grupo compuesto por ministros del gabinete del entonces presidente Mario Abdo Benítez y funcionarios de la SEPRELAD. Todos con tareas específicas que debían de realizar desde el cargo que ocupaban, con el fin de lograr que se inicien acciones penales en contra del expresidente Horacio Cartes”, reza una parte de la acusación fiscal.

Los tipos penales acusados a los exministros son: asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, son quienes finalmente firmaron el dictamen conclusivo en la causa abierta por supuesta filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes, con lo que perpetraron la conducta de revelación de secretos de servicio los acusados.

La abogada Noelia Núñez quien representa a numerosas victimas que tienen sus juicios tramitados en el juzgado de Benjamín Aceval, cuyo juez Roberto Ferreira ya renunció, señaló que este juzgado actuaba como un kiosco del estudio jurídico allanado en su momento y de donde se rescataron 30 expedientes.

Núñez, mencionó que es innegable la existencia de un patrón común estos juicios como las famosas notificaciones voladores. Que las anomalías son latentes desde el mismo momento en que el expediente ingresa al Poder Judicial que incluso las notificaciones se hacían en lápiz de papel.

Agregó que, tras un inventario minucioso previa copia y autenticación se procede a la devolución de los expedientes a juzgado de Benjamín Aceval, donde siempre debieron estar estos expedientes, sin embargo, fueron encontrados en un estudio jurídico.

“Las notificaciones voladoras y genéricas se hacían a granel, y con lápiz de papel se ponían al dorso el número de juicio para luego agregar. Hay irregularidades en ingresos de expedientes al departamento de Estadísticas irrefutables”, menciona la abogada Noelia Núñez.

En su momento el fiscal Irán Suárez, allanó el estudio jurídico de la abogada Zully Ortíz Garcete, representante de la firma Vanessa y Asociados, que está bajo investigación como presunta integrante de una organización criminal conformada para estafar a los ciudadanos asalariados, mediante demandas promovidas sobre deudas ya canceladas.

El fiscal señaló que el estudio jurídico allanado actuaba como extensión del juzgado de Paz de Benjamín Aceval y ello se pudo comprobar con la cantidad de expedientes judiciales que tenían en su despacho jurídico, 30 expedientes lo que fue retirado como evidencias, así como las notificaciones que estaban en los basureros fueron retirados para su análisis, explicó el fiscal.

La intervención se realizó en el marco de la causa abierta contra un esquema denominado “mafia de los pagarés”, que presuntamente involucra a jueces de Paz, secretarios y ujieres, además de abogados y empresas, que están sindicados por el cobro compulsivo a las víctimas.

La pesquisa revela que, los pagarés son negociados entre particulares o de una a otra empresa, y la primera se desentiende de cualquier causa abierta, a pesar de haber cobrado la totalidad de lo comprometido y los otros se encargan de ejecutarlos como “impagos”.