El juez Humberto Otazú, a pedido del fiscal, decretó medidas alternativas a la prisión para cuatro abogados de empresas de cobranzas imputados en el proceso que investiga la mafia de los pagarés.
El magistrado estableció una fianza de 200 millones de guaraníes para cada abogado imputado, la prohibición de salir del país y la firma de un libro ante el juzgado. Los procesados no podrán cambiar de domicilio sin autorización judicial.
Los afectados por las medidas son los abogados: Félix Oscar Gill Stumpfs y Ángel Aníbal Cino Isnardi, de la empresa NEXO, de Cobranzas Eficientes y Oportunas S.A.; Eliana Marcela Rodríguez Paredes, de la firma CARSA; y Mario Gabriel Rojas Ayala, de la Cooperativa San Cristóbal.
Todos enfrentan cargos por uso de documentos públicos de contenido falso e instigación al delito de prevaricato. Los abogados procesados forman parte del primer grupo de imputados que lleva adelante el equipo fiscal.
Los fiscales asignados en esta causa, además de Belinda Bobadilla, son Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes investigan la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de la Capital.
La denuncia menciona que se creó un esquema criminal para despojar de sus haberes a profesionales jubilados o activos por cuentas ya canceladas y con documentos que no cumplen con las mínimas exigencias para ser ejecutados; sin embargo, ya sirvieron para los descuentos compulsivos.
También se señala la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz. Con el allanamiento realizado en el lujoso departamento ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se comprobó esta situación.
