El juez penal de garantías de la capital, Mirko Valinotti, concedió arresto domiciliario a Arnaldo David Ginés González, imputado por el Ministerio Público por haber defraudado a un banco de plaza utilizando su cargo de confianza.
Pese a que el Ministerio Público y la querella alertaron al magistrado sobre el peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación, este decidió conceder el arresto domiciliario al imputado por lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos, apropiación y lavado de dinero.
Para el Ministerio Público, la elevada expectativa de pena a la que podría ser condenado el procesado no permite que acceda al beneficio de una medida menos gravosa como el arresto domiciliario. Sin embargo, el magistrado Mirko Valinotti, pese a esta oposición, concedió dicha medida al imputado bajo la promesa de presentar una garantía real en un plazo de 72 horas, hasta cubrir la suma de 1.400 millones de guaraníes.
La Fiscalía sostiene que el indiciado, Arnaldo David Ginés González, valiéndose de su usuario en el sistema online banking de las empresas del Banco Continental S.A.E.C.A., “cargaba montos superiores a los que correspondían en concepto de reposición de giros abonados el día anterior, presentando dichas sumas como si coincidieran con los registros del sistema de MORE MONEY TRANSFERS S.A., cuando en realidad solo reflejaban los valores consignados en una planilla interna alterada y elaborada por él mismo. Al desviar parte del dinero destinado a la reposición de giros, modificó ilícitamente su destino original y lo utilizó para concretar operaciones de compra de divisas a su favor, sin conocimiento ni autorización de la empresa”, reza parte de la imputación fiscal.
Agrega que, con esta maniobra, el procesado obtenía, bajo engaño, la autorización para ejecutar transferencias con el único objetivo de apropiarse de la diferencia entre los montos que cargaba.
Por su parte, para el abogado José Fernández Zacur, quien actúa como querellante en el caso, resulta sumamente suspicaz la decisión del magistrado, considerando lo sensible que resulta para el sistema financiero y la imagen país los casos relacionados con el lavado de activos.
Lo llamativo del caso es que el juez ya había decretado la prisión preventiva del imputado días atrás, pero posteriormente cambió de criterio y sustituyó la prisión por el arresto domiciliario, alegando que esta medida será suficiente para garantizar su sujeción al proceso. Aseguró que no existe peligro de fuga ni posibilidad de obstrucción de la investigación del Ministerio Público, contrariamente a lo que sostiene la fiscalía.
