El exsenador enfrentará un juicio oral y público por supuestamente haber utilizado documentos académicos cuya autenticidad es cuestionada por el Ministerio Público. La causa gira en torno a la obtención y utilización de un título falso de abogado y un certificado de estudios que, según la acusación, carecen de respaldo académico válido.
El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas María Fernanda García de Zúñiga, en carácter de presidenta, Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, convocó para el próximo 21 de julio el inicio del juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas, procesado por la presunta utilización de documentos académicos falsos para acreditar su condición de abogado.
La causa impulsada por el Ministerio Público sostiene que Rivas habría obtenido un certificado de estudios y un título de abogado emitidos por la Universidad Sudamericana sin que existan documentos académicos que respalden de manera fehaciente que cursó y aprobó la carrera de Derecho entre los años 2010 y 2015.
Según la acusación fiscal, dichos documentos fueron posteriormente utilizados para diversos actos de relevancia institucional. Entre ellos, la solicitud de matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia presentada en junio de 2020 y, semanas después, su designación como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargo para el cual la condición de abogado constituía un elemento central.
El Ministerio Público sostiene que los hechos encuadran en la figura penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La teoría acusatoria señala que, aunque Rivas no habría confeccionado personalmente los documentos cuestionados, habría inducido a terceros a emitirlos consignando datos que no se corresponderían con la realidad académica.
De acuerdo con la doctrina citada por la Fiscalía, la producción mediata se configura cuando una persona provoca o induce a otra a elaborar un documento público con información falsa, utilizando posteriormente ese instrumento para generar efectos jurídicos.
La fiscal interviniente argumenta que la relevancia del caso trasciende la situación particular del acusado debido a las funciones públicas que ejerció y al impacto institucional que tendría la eventual utilización de documentos académicos irregulares para acceder a espacios vinculados con la administración de justicia.
La investigación adquirió notoriedad pública debido a que Rivas integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano encargado de analizar la conducta de jueces, fiscales y defensores públicos.
Para el Ministerio Público, la eventual acreditación irregular de un título profesional utilizado para acceder a cargos públicos podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos de control del sistema judicial.
Por su parte, la defensa del exlegislador rechaza las acusaciones y sostiene que los documentos presentados son legítimos, posición que deberá ser debatida durante el juicio oral mediante la producción y valoración de pruebas documentales, testimoniales y periciales.
La etapa decisiva
Con la convocatoria fijada para el 21 de julio, el proceso ingresará en su fase decisiva. Durante las audiencias, el tribunal deberá determinar si existen elementos suficientes para concluir que los documentos académicos atribuidos a Rivas carecen efectivamente de respaldo universitario y si su utilización constituye o no el delito atribuido por la Fiscalía.
