La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas impuestas a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a la química farmacéutica Sandra Hermosa por la muerte de la joven Sol Chávez, quien falleció en abril de 2021 tras ingerir una dosis letal de flúor.
Con esta decisión, el máximo tribunal en materia penal ratificó las penas de cuatro años de prisión para Espinoza y tres años para Hermosa, poniendo fin a un extenso proceso judicial que atravesó tres juicios orales antes de alcanzar una resolución definitiva.
El caso, que generó una profunda conmoción pública y abrió un debate sobre la responsabilidad profesional en el ámbito de la salud, tuvo como víctima a Sol Chávez, una joven que acudía como paciente de la odontóloga condenada.
Según los antecedentes de la causa, Espinoza prescribió a la joven una dosis de dos gramos de flúor en comprimidos. El 9 de abril de 2021, alrededor de las 15:00, Chávez ingirió la primera cápsula y poco después comenzó a presentar síntomas que fueron agravándose con el paso de las horas.
Ante el deterioro de su estado de salud, fue trasladada de urgencia a un sanatorio privado, donde se le practicó un lavado gástrico. Sin embargo, la intoxicación provocó posteriormente un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento cerca de las 22:00 de ese mismo día.
La investigación fiscal determinó además la participación de la química farmacéutica Sandra Hermosa, responsable de autorizar la elaboración de las cápsulas magistrales que contenían 500 miligramos de flúor cada una.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la profesional incumplió protocolos esenciales de seguridad exigidos para la preparación de este tipo de compuestos, especialmente aquellos vinculados al control de dosis potencialmente peligrosas para la vida humana.
Los tribunales que intervinieron en la causa concluyeron que ambas profesionales incurrieron en conductas negligentes que derivaron en el fallecimiento de la joven, motivo por el cual fueron condenadas por homicidio culposo.
La resolución adoptada por la Sala Penal representa el cierre judicial de uno de los casos de presunta mala praxis más emblemáticos de los últimos años, al quedar firmes las responsabilidades penales establecidas contra las dos profesionales vinculadas a la elaboración y prescripción del compuesto que causó la intoxicación fatal.
