La jueza Lici Sánchez elevó a juicio oral y público el proceso abierto a personas vinculadas a la mayor estructura criminal de tráfico de armas en la región, desbaratada con el operativo DAKOVO.
Enfrentarán juicio oral los acusados: Paulo César Fines Ventura, imputado por tráfico ilícito de armas, hechos punibles conexos de la Ley de Armas (tentativa, complicidad, organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación, financiación, asesoramiento), en calidad de cómplice; alteración de datos; asociación criminal; alteración de datos relevantes para la prueba; y denuncia falsa.
Igualmente, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano fue imputado por tráfico ilícito de armas, como cómplice, y asociación criminal en calidad de autor. Victorino Gómez Paredes por tráfico ilícito de armas y por hechos punibles conexos en calidad de cómplice y asociación criminal como autor.
Los militares: Gral. (S.R.) Jorge Antonio Orué Roa fue procesado como autor de tráfico de influencias, en tanto que el coronel Bienvenido Santiago Fretes González fue imputado por cohecho pasivo agravado y asociación criminal; el Gral. (S.R.) Arturo Javier González Ocampo fue procesado por tráfico de influencias y asociación criminal.
La operación DAKOVO se desarrolló en colaboración con las autoridades de Brasil y Estados Unidos.
La intervención tuvo como objetivo principal desmantelar una red criminal implicada en el tráfico de armas de Europa hacia Paraguay, y desde allí a las facciones criminales de Brasil.
Tras una investigación conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos, se logró dar con un megaesquema de tráfico de armas que operaba desde nuestro país a través de la firma internacional Auto Supply, propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes están indicados como los cabecillas de esta red de tráfico de armas en complicidad con efectivos militares.
