El ministro Eugenio Jiménez Rolón elaboró una propuesta legislativa que no afecta el sistema financiero, pero sí evitará que los títulos de crédito se usen en más de una ocasión contra un deudor.
Comentó que la problemática existente con los pagarés y el escándalo que salpica al Poder Judicial hicieron que se trabaje sobre un documento que brinde una solución respecto a las personas y que, a su vez, no perjudique el sistema financiero.
Esta iniciativa, que busca la modificación de algunos artículos del Código Procesal Civil, no así del Código Civil, pretende evitar que un acreedor demande en más de una oportunidad a un solo deudor.
La propuesta legislativa incluye también la figura del depositario judicial, quien se encargará del resguardo del documento retirado del juzgado y será responsable penalmente en caso de extravío o del destino que le dé a este documento en ejecución en un juzgado.
“La idea es aportar elementos que van a ser de gran utilidad, diría que van a solucionar los riesgos que existen y diría que sin afectar a los títulos de crédito en general. Los títulos de crédito tienen un tratamiento legislativo específico que los diferencia de las obligaciones comunes y esto tiene que ver con la necesidad de garantizar sus movimiento dentro del sistema financiero nacional.
El proyecto de ley no afecta en absoluto el sistema financiero que hay que proteger, y que sí va a garantizar y va a evitar la posibilidad de demandas múltiples contra un solo deudor. Queremos evitar que se pueda utilizar un título de crédito para demandar más de una vez a una misma persona”, refirió el ministro proponente.
Agregó que el proyecto busca dar seguridad al sistema financiero y a la ciudadanía, con la creación de un sistema de depósito de los pagarés o títulos de crédito en general para que estén bajo custodia segura del juzgado correspondiente.
Pero, como esta situación puede tener contratiempos por cuestiones presupuestarias, también se plantea la alternativa de que, una vez presentado el título de crédito, quien lo retire asuma la responsabilidad del depositario con todas las implicancias legales que esto conlleva, incluso la responsabilidad penal de quien tenga ese documento.
Por unanimidad, fue aprobado el documento que será remitido al Congreso para su análisis y aprobación. Se busca con esta medida luchar contra los inescrupulosos que utilizan estos títulos de crédito con fines ilícitos.
