La docente jubilada Laura Mercedes Benítez, una de las tantas víctimas del esquema criminal de la mafia de pagarés, recurrió al Ministerio de la Defensa Pública en busca de una solución a sus procesos de embargo. Sin embargo, según denunció, le pusieron trabas para no asistirla.
El viernes 9 de mayo viajó desde Villarrica hasta la Cámara de Senadores en busca de asistencia de la Comisión Antimafia de Pagarés, donde fue atendida y orientada sobre sus juicios de embargo.
Posteriormente, acudió al Ministerio de la Defensa Pública en Lambaré, ya que tiene embargos en el Juzgado de Paz correspondiente a esa circunscripción. No obstante, denunció una pésima atención por parte de los funcionarios, y especialmente de la defensora pública Claudia Vázquez.
La víctima lamentó que nuevamente tenga que peregrinar por instituciones que han ofrecido públicamente ayuda a las víctimas, pero que en la práctica obstaculizan el ejercicio de la representación legal, expresó la docente.
Agregó que incluso le solicitaron algunos requisitos, como el certificado de vida y residencia, para que pueda ser asistida por la Defensa Pública, lo cual la obligaría a volver a su ciudad para tramitar el documento y regresar nuevamente a Lambaré.
La atención prioritaria a las personas de la tercera edad, quienes se encuentran como víctimas de esta descomunal estafa, debe ser una prioridad para el Ministerio de la Defensa Pública, que articula reuniones, pero cuyos defensores no actúan con la diligencia debida, lo que hace que estas personas sufran en carne propia el desinterés institucional.
La violencia institucional no debe permitirse de ninguna manera. Si realmente existe un interés por parte de la Defensa Pública en ayudar a las víctimas, debe evitar cualquier barrera que implique una dificultad para quienes buscan su asistencia, a fin de evitar que sigan sufriendo los injustos descuentos que padecen.
