La máxima instancia forma parte de un comité que busca impulsar la libertad de las personas que se encuentren recluidas por ilícitos sin relevancia, para que las mismas no terminen siendo captadas por grupos criminales.
La vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, y el ministro Luis María Benítez Riera firmaron, en representación de la CSJ, el acuerdo de cooperación para la conformación del “Comité para la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en la República del Paraguay”.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea, a través del Programa EL PAcCTO 2.0, representada en el acto por el embajador Javier García de Viedma.
El objetivo central de este acuerdo es avanzar hacia una política penal moderna, integral y respetuosa de los derechos humanos, que priorice el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, contribuyendo así a reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
El documento fue suscrito por altas autoridades de las principales instituciones del sistema de justicia penal: la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia, María Carolina Llanes; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; el defensor general, Javier Esquivel; el comisario general director, Ramón Javier Morales; y el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor.
“El encarcelamiento debe ser el último recurso, y las medidas alternativas una opción viable, eficaz y respetuosa de la dignidad humana”, señaló Rodrigo Nicora.
Hace años que la Corte Suprema de Justicia impulsa un fuerte mensaje para evitar el abuso de la prisión preventiva, que los jueces de garantías penales aplican como primera medida y no como última opción.
La presidenta de la Sala Penal, la ministra Carolina Llanes, en numerosas entrevistas con nuestro medio, ha instado a los jueces penales a evitar el abuso de la prisión preventiva mediante la aplicación racional de la norma y el uso del “sentido común”.
La prisión preventiva se ha vuelto la regla y no la excepción en su aplicación. Incluso, la Corte Suprema de Justicia ha aprobado una acordada como guía para los jueces al momento de aplicar medidas cautelares.
Casi el 80 % de las personas privadas de su libertad se encuentran sin condena. Se busca, con la aplicación racional de la prisión preventiva, que las personas que cometan hechos punibles de escasa gravedad no terminen siendo soldados del crimen organizado. Sin embargo, mientras los jueces no comprendan esta situación, será una tarea difícil para la Corte y el sistema penitenciario.
