Víctimas del denominado esquema de la “mafia de los pagarés” volvieron a pronunciarse públicamente y solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la adopción de nuevas medidas urgentes para suspender embargos preventivos que continúan afectando a miles de trabajadores en todo el país.
A través de un comunicado, los afectados sostienen que las investigaciones y denuncias realizadas hasta el momento permitieron evidenciar la existencia de una estructura que habría operado de manera sistemática mediante juicios ejecutivos fraudulentos impulsados desde distintos juzgados de Paz.
“Se ha constatado la existencia de una estructura criminal institucionalizada dedicada a la producción en masa de juicios ejecutivos fraudulentos”, señala parte del documento difundido por las víctimas.
Según el pronunciamiento, el esquema habría utilizado pagarés clonados, firmas adulteradas y montos presuntamente sobrefacturados para promover demandas judiciales que derivaban en descuentos compulsivos sobre salarios de trabajadores.
“Este esquema utiliza pagarés clonados, firmas adulteradas y montos sobrefacturados para despojar de manera sistemática el salario alimentario de más de 17.000 trabajadores de la República”, agrega el escrito.
Los afectados sostienen que, pese a las medidas adoptadas hasta el momento por la máxima instancia judicial, todavía persisten situaciones que continúan generando perjuicios económicos a personas alcanzadas por embargos preventivos derivados de causas actualmente cuestionadas.
En ese contexto, solicitaron a la Corte Suprema avanzar con acciones más amplias que permitan frenar temporalmente este tipo de medidas cautelares mientras prosiguen las investigaciones administrativas y judiciales relacionadas con el caso.
El escándalo de la denominada “mafia de los pagarés” derivó meses atrás en intervenciones dentro de varios juzgados de Paz, luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en la tramitación masiva de juicios ejecutivos.
Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia impulsó distintas acciones orientadas a mejorar el funcionamiento de las dependencias intervenidas, fortalecer los controles internos y revisar procedimientos vinculados a la gestión de expedientes judiciales.
Las medidas incluyeron auditorías, reorganizaciones administrativas y mecanismos de supervisión para transparentar el funcionamiento de los juzgados afectados por las denuncias.
Sin embargo, representantes de las víctimas consideran que aún se requieren respuestas concretas para proteger a trabajadores que continúan soportando descuentos salariales derivados de procesos cuestionados.
El caso generó amplio debate en sectores judiciales y sindicales debido al impacto económico y social que las denuncias habrían provocado sobre miles de funcionarios y trabajadores asalariados en distintos puntos del país.
