La Cámara de Senadores aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley que establece la figura del depositario judicial de los títulos de crédito o pagarés en los procesos ejecutivos tramitados en los juzgados de Paz.
Con esta figura, los pagarés deberán quedar bajo resguardo del juzgado de Paz durante todo el proceso judicial, lo que garantiza su trazabilidad y evita su circulación indebida. En casos excepcionales, el demandante podrá ser nombrado depositario judicial.
La propuesta busca evitar que los títulos de crédito se reutilicen o permitan la presentación de múltiples demandas contra un mismo deudor, según explicaron los proponentes del proyecto.
Además, se impone la obligación de presentar el pagaré original para ejecutar el cobro, y el deber del juzgado de devolver el documento al deudor como garantía una vez concluido el proceso.
“Hemos logrado por unanimidad la aprobación del proyecto que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito (pagarés) o documentos originales en los juicios civiles”, señaló el senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Especial de Investigación de la “mafia de los pagarés”.
El proyecto, presentado por la Corte Suprema de Justicia como iniciativa legislativa, será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y, una vez sancionado, pasará al Ejecutivo para su promulgación . La meta es avanzar con rapidez en las medidas destinadas a frenar los esquemas delictivos que afectan a trabajadores y jubilados.
De igual forma, el Senado aprobó otro proyecto también remitido por la Corte Suprema de Justicia que crea juzgados de Paz en varios distritos de la Circunscripción Judicial de la Capital sin afectación presupuestaria. Esta norma busca descongestionar los juzgados actuales mediante la incorporación de nuevos turnos en distritos como San Roque, La Catedral, La Encarnación, Ciudad del Este, San Lorenzo, Minga Guazú, Presidente Franco, Luque, Lambaré, Fernando de la Mora, Santaní, Capiatá y Santa Rosa Misiones.
Ambas normativas representan un avance significativo en la respuesta institucional frente al problema de los pagarés fraudulentos y la saturación del sistema de justicia.
