La Cámara de Apelaciones confirmó la admisión de la imputación contra la jueza de Paz Carmen Analía Cibils, imputada por prevaricato como autora y por otros hechos punibles como cómplice, por su presunta participación en el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

La magistrada es sospechosa de integrar un esquema de fraude mediante embargos salariales a funcionarios activos y jubilados sin haber sido notificados adecuadamente en los juicios ejecutivos iniciados en su juzgado.

La jueza fue imputada por el equipo fiscal que investiga el presunto esquema montado en los propios juzgados de Paz de Asunción, donde se concentran la mayoría de los casos de juicios ejecutivos.

Los camaristas Silvana Luraghi, Arnulfo Arias y Andrea Vera Aldana confirmaron la resolución del juez penal Rodrigo Estigarribia, quien admitió la imputación contra la magistrada.

El tribunal argumentó que el acta de imputación cumple plenamente con los preceptos legales, al reflejar la sospecha fundada; por ello, no corresponde la interposición de un incidente de nulidad en esta fase, sino en la etapa intermedia, una vez que las partes discutan el caso.

“El acta de imputación es un requerimiento de inicio procesal, en el que el Ministerio Público manifiesta su voluntad de ejercer la acción penal pública en base a los hechos descriptos que aún se encuentran en grado de probabilidad o indiciaria y solicita un plazo para la investigación, por lo que se trata de una actuación incipiente que debe ser constatada objetivamente en base a la teoría del caso y sujeta a control jurisdiccional, por lo que no corresponde la interposición de la nulidad por la vía incidental en la etapa preparatoria. La etapa procesal para plantear incidentes de esta naturaleza es la etapa intermedia”, reza parte de la decisión de alzada que confirma la resolución del juez de garantías.

Los fiscales encargados del caso son: Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes investigan una grave denuncia que afecta a los Juzgados de Paz de Asunción.

La defensa, a cargo de Rodrigo Yódice, sostuvo que el acta no contiene un relato sucinto de los hechos, calificándola de “genérica, imprecisa, vaga y abstracta”. Critica que se atribuyen a la jueza “resoluciones” sin especificar su naturaleza, estado procesal ni normas aplicadas, y que no se identifica claramente a quiénes beneficiaban o perjudicaban.

Sin embargo, la Cámara consideró que, para un acto inicial, la imputación sí cumple con los requisitos formales exigidos por la norma.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Elsa García, rechazó este miércoles los incidentes que pretendían excluir pruebas del juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, y su amigo y empresario Alberto Koube Ayala.

La defensa en particular solicitó anular, por ejemplo, la incautación del yate, alegando supuestas vulneraciones al debido proceso. Sin embargo, el tribunal aclaró que el procedimiento de incautación del yate, se realizó conforme a la legalidad, por lo que rechazó tal incidente.

Por otro lado, la petición del fiscal Silvio Corbeta de incluir una copia espejo como respaldo probatorio fue diferida hasta la etapa procesal oportuna.

Este miércoles continuó el juicio oral y público contra Roa y Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de defraudar al Estado mediante direccionamiento de contratos y pago de sobornos. El proceso penal, por lesión de confianza y otros delitos, se fundamenta en la acusación que describe un esquema criminal para amañar licitaciones en la SEN.

Según la acusación, entre 2018 y 2021 Roa autorizó millonarias contrataciones por unos G. 16 000 000 000 a favor de empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., JPA Logística, Noemacol y Sofimac. En ese esquema, también figura la compra de un yate AZ 42 valuado en USD 450 000, pagado con fondos de la SEN.

El Ministerio Público imputa a Roa Burgos los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado; mientras Koube Ayala es acusado de asociación criminal, lesión de confianza como cómplice y lavado de dinero.

De acuerdo con la acusación de Silvio Corbeta, las pruebas incluyen registros de compras realizadas por las empresas vinculadas a Koube durante la investigación, lo que confirma la existencia de una “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube”.

El tribunal de sentencia está integrado por las juezas Elsa García, Adriana Planas y Sonia Sánchez, siendo García reconocida por su experiencia en casos de delitos financieros.
 

La Corte Suprema de Justicia, en pleno y con la abstención del ministro Eugenio Jiménez Rolón, levantó la suspensión en el cargo del fiscal adjunto Patricio Arsenio Gaona, procesado inicialmente por presunto acoso sexual a una alumna.
 
La suspensión que pesaba sobre el fiscal Gaona fue levantada este miércoles por la CSJ a pedido del interesado, quien presentó la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que lo absolvió por falta de votos.
 
Recordemos que Gaona también fue sobreseído definitivamente en el ámbito penal por acoso sexual, luego de llegar a un acuerdo con la denunciante por reparación del daño, por lo que la causa quedó archivada.
 
La denuncia fue presentada en 2018 por una alumna de Gaona cuando este se desempeñaba como profesor. En ese momento, la fiscala Teresa Sosa imputó a Gaona por coacción y acoso sexual. Sin embargo, Gaona pactó un acuerdo económico con la víctima, quien aceptó la reparación, y la causa se archivó.
 
Con la decisión de la Corte, el fiscal adjunto podrá retornar a su unidad fiscal en Central, donde desempeñaba sus funciones antes de la suspensión por el grave caso de acoso.

La jueza especializada Lici Sánchez rechazó el Hábeas Corpus Reparador presentado por los abogados defensores del juez Amado Arsenio Yuruhan Díaz, quienes solicitaron revertir la prisión preventiva que enfrenta en la causa por presunto acoso sexual.

Yuruhan Díaz se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada, por orden del juez Elbis Bernal, quien resolvió dicha medida al considerar que el acusado había incumplido los mandatos judiciales al no presentarse a las sucesivas convocatorias a audiencia preliminar.

Los abogados Efraín Lozano y Eduardo Medina, defensores del juez de Filadelfia, presentaron el recurso con el fin de que su representado recuperara su libertad; sin embargo, la jueza Sánchez consideró que la decisión de Bernal es legítima y rechazó de plano el pedido.

El magistrado lleva 21 días en prisión preventiva. La defensa solicitó, además, la revisión de la medida y espera que el juzgado considere levantarla, por ser una medida excesivamente gravosa.

El Ministerio Público acusó al juez de sentencia de Filadelfia Amado Arsenio Yuruhan Díaz por acoso sexual, asegura que con los elementos colectados durante la investigación, prueba que el juez acoso a una funcionaria del juzgado, abrazándola y besándola sin su consentimiento.

Que, cuentan con suficiente material probatorio desde el video de circuito cerrado, informes, la denuncia formulada por el ministro César Garay entre otros elementos que solicita al juzgado sean admitidas para un eventual juicio oral.

El juez especializado Rodrigo Estigarribia reabrió el caso por lavado de dinero contra el exministro de SEPRELAD, Óscar Boidanich, y varias exfuncionarias de esa institución. Asimismo, el magistrado los citó para la audiencia preliminar el próximo 7 de julio a las 8:30.

El Ministerio Público acusó y solicitó juicio oral y público contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Óscar Boidanich, por no haber reportado las operaciones de Darío Messer, condenado en Brasil por lavado de activos.

El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia dictó el sobreseimiento provisional de Boidanich a pedido del Ministerio Público. Sin embargo, la fiscalía pidió reabrir el caso tras la presentación de nueva acusación.

Actualmente, Óscar Boidanich, Melissa Parodi y Raquel Cuevas están acusados por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por supuestamente ocultar reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer.

Según los fiscales, estas exautoridades hicieron caso omiso a los ROS enviados por el Banco Continental y otras entidades relacionados con CHAI S.A., empresa vinculada a Messer. Esto impidió una pesquisa eficaz y puso en riesgo el comiso de bienes de Messer en Paraguay.

El senador Erico Galeano, acusado de haber brindado logística al crimen organizado, recusó a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, quienes llevan su caso, y logró suspender el inicio de su juicio oral y público previsto para este martes.

Galeano dijo que busca fiscales imparciales y que actúen con objetividad en su causa, ya que es inocente hasta que sea probado lo contrario y que ha perdido la confianza en los fiscales a quienes recusó. Con la presentación, la diligencia quedó pospuesta por el tribunal que lleva el caso.

El tribunal de sentencia, integrado por los jueces Inés Galarza, Juan Dávalos y Pablino Barreto, suspendió el juicio oral y público para el senador acusado hasta tanto la Fiscalía General resuelva la recusación contra ambos agentes del Ministerio Público.

El senador colorado Erico Galeano está acusado por la Fiscalía de sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la estructura criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.

El Ministerio Público está representado en esta causa por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, a quienes se pretende apartar del caso. En el debate oral se expondrán las pruebas ofrecidas por la Fiscalía contra el senador, acusado de colaborar con el crimen organizado.

El senador colorado fue acusado de asociación criminal y lavado de dinero por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. Además, habría recibido dinero a cambio de dicha actividad y simulado la venta de su casa en Aqua Village por USD 1 millón a favor de “Tío Rico”, según indica la Fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo facilitó la aeronave a los líderes de la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la estructura criminal y que no es casualidad que Marset y “Tío Rico” usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también les brindó a los principales líderes además de Miguel Ángel Insfrán Galeano a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional”, relata parte de la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultranza PY, el mayor operativo contra el crimen organizado en Paraguay, que contó con la colaboración de la DEA, Europol, la Policía uruguaya y la SENAD.

Es una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. Se incautaron más de USD 150 millones en bienes e inmuebles, los cuales actualmente están siendo administrados por la Senabico.

Con el objetivo de fortalecer el rol institucional del Poder Judicial en los procesos relacionados con hechos punibles contra el medio ambiente, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de la Dirección de Derecho Ambiental y la Oficina Técnica Penal (OTP), encabezada por el director, el abogado Gerardo Morales, y la secretaria ejecutiva, la doctora Silvana Luraghi.
 
Entre los temas abordados se destacaron causas relacionadas con la Ley N.º 716/96 (“Que sanciona delitos contra el medio ambiente”), la Ley N.º 4770/12 (“Que modifica y amplía el artículo 202 del Código Penal”) y la Ley N.º 6676/2020 (“Que prohíbe actividades de transformación y conversión de superficies de cobertura de bosques en la Región Oriental”). En algunos casos se identificaron solicitudes de cambio de calificación jurídica y aplicación de reglas de conducta que podrían no ajustarse plenamente al marco legal, convencional y constitucional vigente.
 
Esta situación fue señalada por el ministro Víctor Ríos en sucesivas sesiones de la Corte Suprema de Justicia, donde alertó sobre un aparente modus operandi que permite la impunidad en procesos que ponen en grave peligro la naturaleza.
 
Como parte de esta primera etapa, se presentó a la Secretaría Ejecutiva la necesidad de desarrollar protocolos de actuación para casos relacionados con la tala de árboles u otras conductas que afectan los recursos naturales y el medio ambiente.
 
El director de Derecho Ambiental, el abogado Gerardo Morales, presentó el “Primer informe sistematizado de datos relacionados con causas judiciales ambientales”, elaborado en cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) y la Acordada N.º 1344/19. Este informe está disponible en la página web institucional y se ampliará progresivamente a las demás circunscripciones judiciales, con el objetivo de consolidar información estadística de base legal y técnica.
 
El documento pone de manifiesto el bajo porcentaje de reparación del daño ambiental, pese a lo dispuesto en el artículo 8.º de la Constitución Nacional, que establece: “Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar”.
 
La doctora Luraghi anunció que la OTP acompañará el desarrollo de líneas de acción orientadas a la socialización de las normativas vigentes y a la capacitación de magistrados, especialmente de los juzgados penales de garantías, juzgados de ejecución penal y tribunales de apelación en lo penal o multifuerzo, a través de las circunscripciones judiciales.
 
Como parte del plan de acción, se acordó un plazo de 15 días para la elaboración de una propuesta conjunta, que será revisada por la Oficina Técnica Penal y posteriormente elevada a la Corte Suprema de Justicia para su consideración.

Para Nancy Jaquet, la justicia los excluye de la querella por el solo hecho de no haberse callado y de no permitirle al acusado negociar con la familia las trágicas muertes de sus seres queridos.
 
Jaquet lamentó que el Tribunal de Apelaciones de Cordillera, integrado por Segundo Ibarra, Mirta Granado y Carlos Cabriza, haya argumentado que la única persona con legitimación activa es la hija menor de Osvaldo Darío Jaquet Valdez, y no el padre de la víctima.
 
“Nos quitan porque con nosotros no pueden ‘arreglar’. Pero no podrán callarnos nunca, porque hasta el último suspiro gritaremos: ‘¡Asesino, Eugenio Sanabria Vierci!’. Hoy le quitan a un padre lo único que le quedaba: luchar por justicia para que el asesino de su hijo vaya a la cárcel”, expresó Nancy Jaquet, hermana de la víctima.
 
La agente fiscal de Caacupé, Zulma Benítez, acusó en su momento a Eugenio María Sanabria Vierci por los hechos punibles de homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre.
 
El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2024, aproximadamente a las 12:25, en la vía pública, sobre la denominada Eco-vía que une las ciudades de San Bernardino y Luque. El vehículo guiado por Sanabria Vierci habría invadido el carril contrario en una curva, colisionando de manera frontal y violenta contra un automóvil Kia Picanto de color rojo, en el que viajaba una familia. Tres de los cuatro ocupantes del vehículo fallecieron, mientras que una niña resultó con lesiones.
 
También estuvo involucrado en el percance un automóvil de la marca Hyundai HB20, de color gris, en el que viajaban tres personas. Una de ellas falleció y las demás fueron derivadas a centros asistenciales.
 
Los fallecidos fueron identificados como Osvaldo Darío Jaquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de nacionalidad alemana; y el hijo pequeño de ambos. La hija, que también iba a bordo, resultó con lesiones. La otra víctima fatal fue Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años.
 
La prueba de alcotest realizada al conductor del Hyundai HB20 arrojó un resultado de 0,000 mg/l. Sin embargo, la prueba practicada a Eugenio Sanabria Vierci resultó positiva, con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
 
El juez de la causa deberá fijar fecha para la audiencia preliminar del acusado, quien se encuentra en arresto domiciliario, aguardando la diligencia en la que se discutirá la elevación del caso a juicio oral.