El fiscal Silvio Corbeta respondió este viernes a los incidentes planteados por ambas defensas en este juicio oral y solicitó al tribunal de sentencia que rechace los pedidos de exclusión probatoria.
El tribunal de sentencia citó a las partes para el próximo 18 de junio, donde dará a conocer su decisión sobre los pedidos de inclusión y exclusión probatoria presentados al inicio del juicio oral que enfrentan al exministro de la SEN, Joaquín Roa Burgos, y su amigo, el empresario Alberto Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de defraudar al Estado mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.
El proceso penal, por lesión de confianza y otros delitos, se abrió contra el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y Koube Ayala por haber montado un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones, según la acusación fiscal.
El Ministerio Público atribuye a Roa Burgos los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Alberto Koube Ayala, por su parte, está acusado de asociación criminal, lesión de confianza como cómplice y lavado de dinero.
Según el Ministerio Público, existen elementos de prueba suficientes contra ambos. Se estima un perjuicio patrimonial cercano a G. 16.000 millones, relacionadas con alquiler de camiones y provisión de chapas.
La acusación indica que, entre 2018 y 2021, Roa, quien ejercía funciones desde 2013 adjudicó a Koube Ayala licitaciones por más de G. 16.000 millones, con el propósito de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de los fondos de la SEN, constituyendo una asociación criminal.
Esas adjudicaciones se realizaron a través del Grupo Tapyracuai S.A. y otras empresas vinculadas a Koube, como JPA Logística, Noemacol y Sofimac, entre otras. Según la fiscalía, el objetivo era desviar fondos para adquirir, por ejemplo, una embarcación AZ 42 valorada en USD 450.000 y otros beneficios económicos indebidos.
El fiscal Corbeta explicó que Koube se benefició sistemáticamente de las licitaciones, mediante sus compañías o terceros vinculados, integrando la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Koube”.
Además, la investigación incluyó la trazabilidad de compras realizadas por empresas vinculadas a Koube, confirmándose los patrones delictivos . El fiscal es quien representa al Ministerio Público en la causa.
El tribunal de sentencia está presidido por la jueza Elsa García, especializada en delitos financieros, e integrado por las juezas Adriana Planas y Sonia Sánchez .
