La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien cuenta con dos procesos penales abiertos en la causa conocida como la «mafia de pagarés».
Víctor Nilo Rodríguez decidió renunciar tras los procesos penales abiertos en su contra dentro del esquema que investiga una estafa serial a funcionarios públicos y jubilados. El imputado se suma a otros colegas que ya han dimitido.
Según la nueva imputación contra el exjuez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez es acusado por prevaricato y otros hechos punibles; tanto él como sus funcionarios habrían sido cómplices directos de casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés falsificados.
Se informa que, en los juicios tramitados ante ese juez, se simularon notificaciones a los funcionarios demandados del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), quienes fueron víctimas de esta dañina «mafia de pagarés».
El Ministerio Público sostiene que estos procesos ejecutivos iniciados en el Juzgado de Paz de la Recoleta fueron promovidos y tramitados en evidente connivencia entre las casas de crédito y ciertos funcionarios judiciales del mismo juzgado.
Según la agente fiscal Karina Caballero, entre 2020 y 2022, directivos de las casas de crédito SERFIN S.A. y PRESTO S.A. adulteraron fechas de emisión y vencimiento de pagarés ya cancelados, para utilizarlos fraudulentamente en procesos ejecutivos ante el juzgado de Víctor Nilo Rodríguez.
Se les imputa a las actuarias del juez, Rosa del Pilar Lezcano Correa y Gloria Isabel Morínigo Gill, así como a los ujieres notificadores Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg y Fernando Cáceres González, haber incurrido en graves irregularidades procesales al tramitar pagarés adulterados sin notificar debidamente a los afectados, todos asociados a la Asociación de Funcionarios del SNPP, aunque sus cuentas estaban íntegramente canceladas.
«A pesar de que muchos de estos créditos ya estaban cancelados según los registros salariales, las casas de crédito iniciaron acciones judiciales contra los asociados, y no contra la Asociación. Además, las notificaciones cursadas a los demandados no cumplían con los requisitos formales; constituían ‘notificaciones voladoras’, procedimientos que aparentan cumplir formalidades legales pero no garantizan el conocimiento del proceso por parte de los demandados», señala la imputación de la agente fiscal Caballero.
La Fiscalía añade que todo indica que esta forma de gestión procesal fue deliberadamente diseñada para impedir comparecencias oportunas, con la intención de obtener embargos ejecutivos sobre los haberes de los afectados en su ausencia.
Además de Víctor Nilo Rodríguez y sus funcionarios, fueron imputados: Arnaldo Maciel Riveros, Wilma Cabrera, Blas Mora Jiménez, Pedro Olmedo, Gustavo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz, Gustavo Omar Cartes (presidente de Presto), y María Belén Cartes (directora titular de la firma). La lista de imputados incluye también a Gloria Isabel Morínigo y Rosa del Pilar Lezcano.