El imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, solicitó su traslado al penal de Emboscada para resguardar su integridad, tras recibir supuestas amenazas en su actual lugar de reclusión en Itapúa.
Rodrigues Gomes estaría vinculado con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, según autoridades brasileñas, en el marco de la causa Pavo Real II. Se halló una secuencia de correos entre ambos y los hijos de Pavão que documentaría transacciones de compra-venta de inmuebles en Paraguay, presuntamente adquiridos de forma irregular por el diputado y su hijo.
La fiscalía sostiene que utilizó su influencia en el sector ganadero para mover dinero en el sistema financiero local, proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas. Según el Ministerio Público, el imputado actuaba como testaferro de Pavão; tras recolectar diversos elementos, se formuló la imputación correspondiente .
Además, la fiscalía recibió colaboración de Brasil, ya que el esquema operaba en ambos países, lo que facilitó la cooperación entre las autoridades para cerrar el círculo investigativo.
“Se identificó un importante esquema criminal integrado por familiares cercanos de Jarvis Chimenes Pavão y otros operadores de confianza en Paraguay. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de droga”, sostiene el acta de imputación.
La causa surgió después del lujoso estilo de vida de los familiares de Pavão, sin ingresos legales conocidos. En el allanamiento a la celda de Jarvis, se encontraron numerosos documentos que registran bienes en Paraguay y Brasil, con responsables codificados con nombres clave.
Alexandre Rodrigues Gomes ya enfrenta cargos por lavado de dinero y fue imputado además por tráfico internacional de drogas, al ser identificado como líder de una red criminal dedicada al narcotráfico, integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos que operaban en Amambay.
La imputación detalla que coordinaba la compra y logística de cargamentos de cocaína, pasta base y marihuana procedentes de zonas productoras, y su distribución final en mercados ilícitos. Se utilizaron comunicaciones captadas en Sky ECC entre el 27 de noviembre de 2019 y el 16 de agosto de 2020 para sustentar estas acusaciones.
