El Ministerio Público ha solicitado la desestimación y, por ende, el archivo de la denuncia formulada en su momento por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra el expresidente Horacio Cartes, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor piden el archivo de la denuncia contra el exmandatario. Consideran que, realizado el proceso técnico de análisis de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo. Por lo tanto, concluyen que la conducta no es típica, al no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal.
Agregan los fiscales que han realizado una serie de diligencias tendientes a confirmar la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio, quien se ha negado a ratificarse en su denuncia y ha recusado a todos los fiscales de la causa. De igual forma, señalan que se han abocado a solicitar a todas las instituciones del Estado los informes relacionados con el patrimonio del expresidente de la República Horacio Cartes, y estos han arrojado información que no confirma la denuncia de Giuzzio.
El equipo de investigación hace un relato extenso sobre las características que deben cumplirse para la existencia del hecho punible de enriquecimiento ilícito. Explican que no se castiga una situación patrimonial en sí misma, y que la tipicidad de la conducta no se da por el mero incremento del patrimonio, sino que requiere conductas específicas de adquisición u obtención de bienes, o el pago o cancelación de deudas y otras obligaciones que afectaban negativamente al patrimonio, siempre en forma posterior al ingreso a la función pública y que sobrepasen sus legítimas posibilidades económicas.
“En el presente caso, la denuncia realizada hace mención de un aumento del patrimonio injustificado, sin señalar el caso en concreto en que se haya producido una adquisición u obtención de bienes, derechos o servicios, o se haya extinguido o cancelado una deuda que, tomando en consideración las posibilidades económicas del autor, no encuentre explicación o correspondencia lógica”, señala parte del dictamen del Ministerio Público.
Igualmente, los fiscales explican que tampoco el lavado de activos provenientes del contrabando fue probado durante el proceso investigativo, a pesar del pedido de informes incluso en el extranjero, a fin de verificar la veracidad de la denuncia realizada por Giuzzio.
Refieren que el contrabando implica necesariamente la existencia de grupos delictivos que operen en dos países: el emisario, que remite las mercaderías desde el país de origen, y el receptor, que recibe y comercializa los productos en el país de destino. “Y si bien existen evidencias sobre la existencia del hecho punible, no existe información objetiva en el marco de investigaciones judiciales que nos permita establecer un vínculo criminal entre este contrabando y las empresas paraguayas denunciadas”, señalan los fiscales.
La denuncia de Giuzzio también mencionaba que Tabacalera del Este supuestamente simulaba préstamos a terceros para aparentar ganancias, situación que tampoco pudo ser probada durante la pesquisa del Ministerio Público.
Por lo tanto, por el principio de objetividad que rige la tarea del Ministerio Público, el pedido de desestimación de la denuncia es lo que corresponde, al no cumplir con los presupuestos legales.
La causa se encuentra en manos del juez Rodrigo Estigarribia, quien deberá resolver el pedido del Ministerio Público y decidir si archiva directamente el caso o le imprime el trámite de oposición para escuchar al superior jerárquico de los fiscales que investigaron el caso.
Cuatro años después de haberse formulado la denuncia, se solicita que la misma sea archivada.
