Las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el archivo de la investigación abierta en su contra, al sostener que el Ministerio Público actuó conforme a derecho y dentro de los plazos legales en la causa relacionada con el exsenador Hernán David Rivas Román.

En el escrito de descargo presentado ante el órgano extrapoder, las representantes del Ministerio Público rechazaron cualquier supuesto hecho de negligencia o irregularidad en el ejercicio de sus funciones y afirmaron que la imputación fue formulada mientras la acción penal y la eventual sanción se encontraban plenamente vigentes.

Según exponen, el acta de imputación fue presentada dentro del plazo previsto para los hechos provisoriamente calificados en los artículos 251 y 252 del Código Penal. Las fiscalas agregan que esta situación procesal fue ratificada recientemente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el Auto Interlocutorio N.º 133, del 7 de mayo de este año, que hizo lugar al recurso extraordinario de casación promovido por ambas agentes.

En la presentación señalan que la máxima instancia penal confirmó la vigencia tanto de la acción y, además, dispuso la remisión del expediente a la etapa de sentencia para la realización del juicio oral y público.

Con base en estos antecedentes, Sánchez y Guerrero sostienen que no existió omisión alguna por parte del órgano investigador y que los hechos atribuidos al legislador fueron formalizados mediante imputación dentro de los plazos legales establecidos. En consecuencia, argumentan que no se configura causal de mal desempeño ni irregularidad funcional que justifique la prosecución del proceso disciplinario.

El planteamiento será analizado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que deberá resolver si corresponde archivar la investigación o continuar con el estudio de las actuaciones de las agentes fiscales en el marco de la causa que involucra al senador Hernán Rivas.

En este caso también fue abierta una investigación contra el juez Miguel Palacios y la camarista Bibiana Benítez, quienes resolvieron hacer lugar a la prescripción del tipo penal de producción, afirmando que la imputación fue planteada de manera tardía y una vez ya prescripta la acción penal, lo que es desmentida por las fiscalas del caso.

La defensora pública María Sol Samaniego presentó una apelación contra la sentencia que condenó al periodista Alfredo Guachiré Medina por los hechos punibles de difamación y calumnia, en el marco de una querella de acción penal privada. La defensa solicita la revocación del fallo al sostener que la resolución presenta graves defectos de fundamentación y vulnera garantías constitucionales y convencionales vinculadas a la libertad de expresión.

Guachiré fue condenado a 300 días-multa, al pago de una composición económica de 20.000 dólares y a la publicación obligatoria de la sentencia. Sin embargo, la defensa argumenta que el fallo incurre en una errónea aplicación del derecho penal, motivación aparente, incongruencias y una sanción desproporcionada.

En su escrito, Samaniego sostiene que las publicaciones cuestionadas fueron realizadas en el ejercicio de la labor periodística de su representado, condición que considera determinante para analizar el contexto de los hechos y el interés público involucrado. Según la apelación, la sentencia reconoce que las publicaciones se sustentaron en documentos y antecedentes existentes, pero igualmente concluye la existencia de responsabilidad penal a partir de valoraciones sobre la forma de presentación de la información, supuestas omisiones y la intención atribuida al periodista.

La defensa afirma que el fallo no demuestra de manera objetiva la falsedad de las informaciones difundidas, elemento que considera esencial para configurar los delitos de calumnia y difamación. Asimismo, sostiene que la eventual selección o enfoque periodístico de determinados datos no constituye una falsedad penalmente relevante.

Otro de los puntos planteados es que la resolución habría omitido aplicar estándares constitucionales e internacionales sobre libertad de expresión, especialmente al tratarse de publicaciones relacionadas con asuntos de interés público. En ese sentido, la apelación invoca disposiciones de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

«El fallo concluye la existencia de responsabilidad penal no porque haya demostrado objetivamente la falsedad de la información difundida, sino porque considera que las publicaciones serían incompletas, inductivas o tendrían la finalidad de generar determinada percepción negativa respecto de la querellante. Tal razonamiento resulta incompatible con la estructura típica de los hechos punibles de calumnia y difamación, ya que el derecho penal paraguayo no sanciona interpretaciones subjetivas ni eventuales lecturas que terceros pudieran realizar sobre publicaciones sustentadas en elementos reales y objetivos», señala parte de la apelación.

Ahora será un Tribunal de Apelación el que deberá analizar los argumentos expuestos por la defensa y resolver si confirma o revoca la condena dictada contra el comunicador.

Entre enero de 2015 y mayo de 2026, el Ministerio Público registró la atención de 34.001 víctimas de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, según datos de la Plataforma de Datos Abiertos de la institución. A esta cifra se suman 23.463 víctimas de otros hechos punibles vinculados a delitos sexuales y de explotación, como coacción sexual, estupro, pornografía relativa a niños, explotación sexual y explotación laboral, reportados en los últimos años.

Los datos fueron difundidos en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Paraguay, con el objetivo de visibilizar la magnitud de estos delitos y fortalecer las acciones de prevención y protección.

De acuerdo al informe del Ministerio Público, el 40% de los agresores identificados en casos de abuso sexual infantil corresponde a familiares directos o integrantes del núcleo familiar. Además, un 19% son vecinos, un 18% allegados a la familia incluyendo parejas de familiares u otras personas con vínculos cercanos, un 10% conocidos de la familia sin especificación del vínculo, otro 10% conocidos no familiares, como docentes, compañeros, choferes de transporte escolar o empleados, y apenas un 1% corresponde a personas desconocidas pero identificadas.

Dentro del grupo de agresores familiares, el análisis revela que el 33% son padres, el 26% padrastros, el 15% abuelos, otro 15% primos, mientras que los tíos, cuñados y otros familiares cercanos representan cada uno un 4% de los casos registrados en esta categoría.

En cuanto al perfil de las víctimas de abuso sexual infantil, el informe indica que el 82,2% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 17,8% son niños y adolescentes varones.

Respecto a las edades, el grupo más afectado es el de 10 a 13 años, que concentra el 45,2% de los casos. Le siguen los niños de 5 a 9 años, con el 32%; los menores de 0 a 4 años, con el 11,6%; y los adolescentes de 14 a 17 años, que representan el 11,2% de las víctimas.

Más de mil víctimas registradas en los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público reportó 1.184 víctimas de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.

La distribución por departamento muestra que Central concentra la mayor cantidad de casos, con 408 víctimas, seguido por Alto Paraná con 165 y Asunción con 106. También se registraron casos en Itapúa (81), San Pedro (69), Caaguazú (69), Cordillera (46), Guairá (40), Canindeyú (31), Caazapá (30), Amambay (30), Concepción (29), Presidente Hayes (27), Paraguarí (19), Misiones (18), Boquerón (8), Ñeembucú (6) y Alto Paraguay (2).

Coacción sexual: más de 3.100 víctimas menores de edad desde 2019

Los registros oficiales señalan además que entre 2019 y mayo de 2026 fueron atendidas 3.106 víctimas menores de 18 años por casos de coacción sexual.

Por año, las cifras reflejan 501 víctimas en 2019, 398 en 2020, 358 en 2021, 446 en 2022, 380 en 2023, 439 en 2024, 417 en 2025 y 167 víctimas entre enero y mayo de 2026.

Las zonas con mayor cantidad de denuncias corresponden a Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.

Más de 6.300 víctimas de estupro

Otro de los delitos registrados es el estupro, que afecta principalmente a adolescentes de entre 14 y 16 años de edad. Entre 2019 y mayo de 2026 se contabilizaron 6.334 víctimas en todo el país.

Los departamentos con mayor incidencia de este hecho punible son Central, Alto Paraná, San Pedro, Guairá y Asunción.

Investigaciones por pornografía relativa a niños

En el periodo comprendido entre 2019 y 2026 fueron investigados 13.884 casos de pornografía relativa a niños. Del total, aproximadamente el 75% de los registros se concentra en Asunción y el departamento Central, mientras que el 25% restante corresponde a otras regiones del interior del país.

Trata de personas y explotación de menores

Los datos también muestran que durante los últimos cinco años se registraron 139 víctimas menores de 18 años en casos de trata de personas.

De ese total, 40 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de explotación sexual, mientras que 99 fueron afectados por situaciones de explotación laboral.

Otros delitos investigados

El Ministerio Público reporta igualmente la existencia de entre cinco y diez casos anuales relacionados con abusos cometidos por medios tecnológicos, actos sexuales con menores y abusos contra personas bajo tutela.

La institución aclaró que este informe no incluye otros hechos punibles que también afectan a niños, niñas y adolescentes y que son objeto de investigación fiscal, entre ellos maltrato infantil y adolescente, violencia familiar, violación del deber de cuidado e incumplimiento del deber legal alimentario.

Las cifras reflejan la dimensión de los delitos que afectan a la niñez y adolescencia en Paraguay y evidencian la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención, denuncia, investigación y protección integral de las víctimas.

La condena impuesta a la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, y a su esposo José Costa Perdomo quedó firme, por lo que ambos deberán cumplir las penas de prisión establecidas por la Justicia en el marco de una causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, rechazó la casación presentada por los condenados por lo que el fallo ha quedado firme.

Samudio fue sentenciada a cuatro años de pena privativa de libertad, mientras que Costa Perdomo recibió una condena de tres años y nueve meses de cárcel, tras ser hallados culpables por su participación en un esquema irregular que permitió la obtención de beneficios económicos en plena crisis sanitaria.

La resolución pone fin al proceso judicial iniciado a raíz de las investigaciones sobre contrataciones realizadas durante la pandemia, un período marcado por la alta demanda de insumos médicos y las dificultades que enfrentaba el sistema de salud para responder a la emergencia. Con la decisión firme, ambos condenados deberán someterse al cumplimiento efectivo de las penas establecidas.

Durante la lectura de la sentencia condenatoria, la jueza Gloria Hermosa, presidenta del Tribunal de Sentencia que intervino en la causa, sostuvo que los hechos juzgados trascendían un caso ordinario de corrupción debido al contexto excepcional en el que ocurrieron.

La magistrada señaló entonces que los acusados obtuvieron un beneficio económico indebido aprovechando una situación de emergencia sanitaria que afectaba a todo el país. Asimismo, cuestionó la conducta de los condenados al considerar que las maniobras investigadas se desarrollaron mientras miles de paraguayos enfrentaban las consecuencias más graves de la pandemia.

En su argumentación, Hermosa recordó que la crisis sanitaria dejó más de 19.600 fallecidos en Paraguay y sostuvo que muchas personas atravesaban dificultades para acceder a insumos y recursos médicos esenciales, circunstancias que otorgaban una especial gravedad a los hechos analizados por el tribunal.

Un fallo que cierra una de las causas emblemáticas de la pandemia

El caso de Samudio y Costa Perdomo se convirtió en uno de los procesos judiciales más emblemáticos vinculados a presuntos hechos de corrupción durante la emergencia por COVID-19, debido a que involucró a una alta funcionaria estatal y a operaciones realizadas en un contexto de excepcional sensibilidad social.

Con la sentencia ya firme, la Justicia ratifica las responsabilidades determinadas en juicio y avanza hacia la ejecución de las condenas, cerrando así un expediente que estuvo bajo seguimiento público desde los primeros meses de la pandemia.

El exsenador enfrentará un juicio oral y público por supuestamente haber utilizado documentos académicos cuya autenticidad es cuestionada por el Ministerio Público. La causa gira en torno a la obtención y utilización de un título falso de abogado y un certificado de estudios que, según la acusación, carecen de respaldo académico válido.

El Tribunal de Sentencia integrado por las juezas María Fernanda García de Zúñiga, en carácter de presidenta, Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, convocó para el próximo 21 de julio el inicio del juicio oral y público al exsenador Hernán Rivas, procesado por la presunta utilización de documentos académicos falsos para acreditar su condición de abogado.

La causa impulsada por el Ministerio Público sostiene que Rivas habría obtenido un certificado de estudios y un título de abogado emitidos por la Universidad Sudamericana sin que existan documentos académicos que respalden de manera fehaciente que cursó y aprobó la carrera de Derecho entre los años 2010 y 2015.

Según la acusación fiscal, dichos documentos fueron posteriormente utilizados para diversos actos de relevancia institucional. Entre ellos, la solicitud de matrícula profesional ante la Corte Suprema de Justicia presentada en junio de 2020 y, semanas después, su designación como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargo para el cual la condición de abogado constituía un elemento central.

El Ministerio Público sostiene que los hechos encuadran en la figura penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso. La teoría acusatoria señala que, aunque Rivas no habría confeccionado personalmente los documentos cuestionados, habría inducido a terceros a emitirlos consignando datos que no se corresponderían con la realidad académica.

De acuerdo con la doctrina citada por la Fiscalía, la producción mediata se configura cuando una persona provoca o induce a otra a elaborar un documento público con información falsa, utilizando posteriormente ese instrumento para generar efectos jurídicos.

La fiscal interviniente argumenta que la relevancia del caso trasciende la situación particular del acusado debido a las funciones públicas que ejerció y al impacto institucional que tendría la eventual utilización de documentos académicos irregulares para acceder a espacios vinculados con la administración de justicia.

La investigación adquirió notoriedad pública debido a que Rivas integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano encargado de analizar la conducta de jueces, fiscales y defensores públicos.

Para el Ministerio Público, la eventual acreditación irregular de un título profesional utilizado para acceder a cargos públicos podría afectar la confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos de control del sistema judicial.

Por su parte, la defensa del exlegislador rechaza las acusaciones y sostiene que los documentos presentados son legítimos, posición que deberá ser debatida durante el juicio oral mediante la producción y valoración de pruebas documentales, testimoniales y periciales.

La etapa decisiva

Con la convocatoria fijada para el 21 de julio, el proceso ingresará en su fase decisiva. Durante las audiencias, el tribunal deberá determinar si existen elementos suficientes para concluir que los documentos académicos atribuidos a Rivas carecen efectivamente de respaldo universitario y si su utilización constituye o no el delito atribuido por la Fiscalía.

La declaración del funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arturo Benítez, constituyó uno de los puntos destacados de la jornada de juicio oral y público que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, de acuerdo con la valoración realizada por la agente fiscal Verónica Valdez.

Al término de la audiencia, la representante del Ministerio Público resaltó la relevancia del testimonio brindado por Benítez, quien compareció en calidad de testigo y relató las ocasiones en que mantuvo reuniones y conversaciones con el ciudadano brasileño Marcus Vinicius, mencionado en la causa contra el exalto funcionario.

Según explicó la fiscal, el funcionario refirió ante el Tribunal de Sentencia que tuvo varios encuentros con Marcus Vinicius y que, durante esas conversaciones, el ciudadano brasileño le habría manifestado su interés en participar en licitaciones y contrataciones promovidas por instituciones del Estado paraguayo.

Para el Ministerio Público, este tipo de testimonios permite reconstruir el contexto de las relaciones y contactos mantenidos entre los distintos protagonistas mencionados en la investigación, elementos que forman parte del conjunto probatorio que está siendo analizado durante el desarrollo del juicio oral.

Valdez sostuvo que la declaración fue relevante debido a que aportó información sobre las gestiones e intenciones expresadas por Marcus Vinicius respecto a posibles negocios con organismos públicos, aspecto que la Fiscalía considera importante para el esclarecimiento de los hechos sometidos a juzgamiento.

La representante fiscal indicó además que el debate oral continúa con la producción de otras pruebas testimoniales y documentales previstas por las partes, las cuales serán evaluadas por el Tribunal junto con el resto de las evidencias incorporadas al proceso.

El exministro Arnaldo Giuzzio enfrenta juicio oral en una causa que ha generado amplia atención pública debido a los vínculos investigados entre autoridades y personas posteriormente relacionadas con actividades ilícitas. La Fiscalía sostiene su acusación con base en diversas evidencias recolectadas durante la etapa investigativa, mientras que la defensa rechaza los cargos y busca demostrar la inexistencia de responsabilidad penal de su representado.

El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar el caso está integrado por los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel.