El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar para analizar la actuación de la fiscal adjunta Soledad Machuca en el marco de una denuncia presentada en el año 2020 contra Hernán David Rivas Román por la presunta utilización de un título falso de abogado.

La decisión fue adoptada por el órgano extrapoder luego de evaluar los antecedentes relacionados con la intervención de la representante del Ministerio Público en la causa, que en su momento generó un amplio debate público debido a las dudas planteadas sobre la autenticidad de la formación académica atribuida al entonces legislador.

Como parte de las primeras diligencias, el Jurado dispuso el libramiento de oficios con el objetivo de obtener copias autenticadas e íntegras tanto del cuaderno de investigación fiscal como del expediente judicial vinculado al caso. La documentación será analizada para determinar si existieron actuaciones que ameriten una evaluación más profunda por parte del organismo disciplinario.

Asimismo, el JEM solicitó a la Fiscalía General del Estado la remisión de un informe detallado sobre los antecedentes del proceso y toda la información relacionada con la intervención de la fiscal adjunta en la investigación.

La apertura de esta pesquisa preliminar no implica la atribución de responsabilidad alguna a la agente fiscal, sino el inicio de una etapa destinada a reunir elementos y verificar si existen méritos suficientes para avanzar hacia un procedimiento formal dentro de las competencias del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El caso relacionado con el presunto título falso de Hernán Rivas tuvo amplia repercusión en la esfera pública y política, especialmente por las interrogantes surgidas en torno a la validez de su formación universitaria y las actuaciones desarrolladas por las instituciones encargadas de investigar los hechos denunciados.

Con las medidas adoptadas, el JEM busca esclarecer la actuación fiscal desplegada en aquella causa y determinar si el desempeño de la fiscal adjunta se ajustó a los deberes y obligaciones inherentes a su función. Mientras tanto, se aguarda la remisión de los informes y documentos requeridos para continuar con el análisis preliminar del expediente.

Hernán Rivas, está pronto a enfrentar juicio oral y público por el caso de su presunto título falso.

El fiscal Deny Yoon Pak presentó acusación formal y requirió la apertura de juicio oral y público contra Gianina García Troche, a quien atribuye los hechos punibles de lavado de activos, asociación criminal y transgresión de la Ley 1340 de prevención y represión del tráfico ilícito de drogas.

Según la acusación del Ministerio Público, García Troche habría desempeñado un rol fundamental dentro del esquema financiero que presuntamente permitió ocultar e introducir en el sistema económico recursos provenientes del narcotráfico, en el marco de la investigación derivada del operativo A Ultranza Py.

Los investigadores sostienen que entre los años 2020 y 2021 la procesada integró la estructura criminal liderada por su esposo, Sebastián Marset, y por Miguel Ángel Insfrán Galeano, organización señalada por las autoridades como responsable del envío de más de 17 toneladas de cocaína hacia mercados internacionales, principalmente en Europa y África.

La acusación describe que García Troche llegó oficialmente a Paraguay en mayo de 2018 junto con Marset, poco después de que este recuperara su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Tras varios desplazamientos entre Paraguay, Brasil y Uruguay, ambos fijaron residencia permanente en territorio paraguayo a finales de 2019.

Para la Fiscalía, fue a partir de ese periodo cuando la organización fortaleció sus operaciones de tráfico internacional de cocaína y desarrolló mecanismos destinados a legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente. Dentro de esa estructura, García Troche habría tenido participación en diversas operaciones financieras orientadas a insertar dichos recursos en el circuito económico formal.

Entre los elementos mencionados en la acusación figura la apertura de una cuenta bancaria en marzo de 2021, mediante la cual se realizaron varias transacciones económicas. El Ministerio Público sostiene que para concretar ese trámite se habría presentado documentación laboral sin respaldo real, con datos que la investigación posteriormente consideró inconsistentes respecto a la propiedad de un vehículo utilizado para justificar ingresos económicos.

Asimismo, la acusación hace referencia a la constitución de la empresa Grupo San Jorge S.A., identificada comercialmente como Total Cars, creada en mayo de 2021 junto con otra socia paraguaya. La firma fue registrada con un capital social de G. 1.000 millones y, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido utilizada para otorgar apariencia lícita a fondos provenientes del tráfico de drogas.

La representación fiscal sostiene que la sociedad comercial formaba parte de un mecanismo destinado a canalizar y reintegrar recursos de origen ilícito al sistema financiero nacional, permitiendo la circulación de capitales vinculados presuntamente a las actividades de la organización criminal.

Con la presentación de la acusación, el Ministerio Público considera concluida la etapa investigativa respecto de García Troche y solicita que un tribunal de sentencia analice las pruebas reunidas durante la pesquisa y determine su eventual responsabilidad penal en los hechos indagados.

El inicio del juicio oral y público contra el juez suspendido Amado Arsenio Yuruhan Díaz, acusado por el Ministerio Público por presunto acoso sexual, quedó nuevamente trabado este miércoles luego de que el magistrado recusara a la totalidad de los integrantes del Tribunal de Sentencia encargado de juzgar la causa, así como a la actuaria judicial.

Yuruhan Díaz compareció en tribunales para la apertura del debate oral, sin embargo, su defensa solicitó la suspensión de la audiencia alegando la existencia de recursos pendientes de resolución en instancias superiores. El planteamiento contó con el acompañamiento de la representación fiscal, que se allanó al pedido formulado por la defensa.

No obstante, el Tribunal de Sentencia consideró que no existían impedimentos para el inicio del juicio y resolvió continuar con el trámite. Ante esta decisión, el magistrado acusado promovió la recusación contra todos los miembros del colegiado y la actuaria, lo que derivó en una nueva interrupción de la diligencia.

Tras la audiencia, Yuruhan Díaz cuestionó duramente la actuación de sus colegas y aseguró que carece de garantías para enfrentar el proceso judicial.

“Quisieron llevar adelante el juicio a tambor batiente. Como última opción tuve que recusar al pleno y a la actuaria. No tengo seguridad jurídica; les dije que oportunamente aguardaré la sentencia en mi contra, que ya la tienen redactada. El juicio es solo una parodia”, manifestó.

El juez suspendido también reiteró que desde hace varios años es objeto de una persecución impulsada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay, a quien responsabiliza de haber promovido el proceso penal en su contra.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, existen elementos suficientes para sostener que Yuruhan Díaz habría acosado sexualmente a una funcionaria del juzgado donde se desempeñaba. La investigación señala que el magistrado presuntamente realizó conductas de connotación sexual sin consentimiento de la víctima, entre ellas abrazos y besos.

La Fiscalía sostiene que cuenta con un importante caudal probatorio para sustentar la acusación, incluyendo registros de circuito cerrado de televisión, informes periciales y documentales, además de la denuncia impulsada por el ministro César Garay y otros elementos incorporados a la causa.

Con base en esas evidencias, el órgano acusador solicitó la admisión de las pruebas para su producción en juicio oral, instancia en la que se encuentra el proceso y demostrar la responsabilidad penal del magistrado por el hecho punible atribuido.

Mientras tanto, la recusación presentada contra el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces: Carlos Alberto Lezcano, Myrian Graciela Núñez y Sirley Patricia Romero, deberá ser analizada por las instancias correspondientes antes de que pueda fijarse una nueva fecha para la continuidad del proceso.

La actividad de los Juzgados y Tribunales de la Niñez y la Adolescencia tuvo un activo movimiento en todo el territorio nacional, según los datos presentados ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia por la ministra Carolina Llanes, responsable de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero de la Niñez y la Adolescencia (OTANA).

El reporte, elaborado a partir de información suministrada por la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), evidencia el elevado volumen de trabajo desarrollado por magistrados y funcionarios judiciales entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, periodo en el que se registraron miles de actuaciones destinadas a dar respuesta a los conflictos y necesidades vinculados a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las cifras revelan una producción judicial altísima. En poco más de cuatro meses, los órganos jurisdiccionales del fuero dictaron 604 acuerdos y sentencias, además de 7.958 sentencias definitivas y 11.383 autos interlocutorios. A ello se suma la emisión de 86.258 providencias y 128.601 cédulas de notificación, lo que refleja una intensa dinámica procesal y un importante nivel de gestión en las distintas circunscripciones judiciales del país.

El informe también permite dimensionar la demanda ciudadana que atiende este fuero especializado. Durante el periodo analizado ingresaron 5.148 nuevos juicios, siendo los procesos de asistencia alimenticia los más frecuentes, con 3.346 expedientes. En segundo lugar se ubicaron las causas relacionadas con el régimen de relacionamiento, que alcanzaron 966 casos.

Asimismo, se registraron 571 acciones vinculadas al aumento de la prestación alimentaria y 265 solicitudes de disminución de dicho beneficio, evidenciando que las cuestiones relacionadas con la manutención y los vínculos familiares continúan concentrando gran parte de la actividad judicial en materia de niñez y adolescencia.

Durante su exposición, la ministra destacó la productividad alcanzada por los juzgados y tribunales especializados, cuyos indicadores reflejan una respuesta constante ante el creciente volumen de causas que ingresan al sistema. Igualmente, planteó la necesidad de difundir estos datos a través del observatorio institucional del fuero, con el propósito de fortalecer la transparencia y facilitar el acceso público a la información estadística sobre la gestión judicial.

Los números presentados muestran no solo la magnitud del trabajo desarrollado por los órganos jurisdiccionales de la Niñez y la Adolescencia, sino también el rol fundamental que cumplen en la resolución de conflictos familiares y en la protección de derechos de sectores especialmente vulnerables de la población.

El agente fiscal Marcial Machado, logró una condena de 27 años de pena privativa de libertad para un hombre acusado por el Ministerio Público en el marco de un juicio oral y público por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. La víctima fue vulnerada desde la corta edad de cuatro años, incluso llegó al coito según los elementos de prueba recabados y exhibidos en la audiencia oral.

Durante el juicio, la Fiscalía logró probar que el acusado abusó sexualmente de su hijastra menor de edad de manera sistemática y continua desde que ella tenía solo cuatro años, incluyendo el coito en todas sus modalidades. Dichos hechos tuvieron lugar en el interior de la vivienda donde residía la niña junto con su madre, el agresor y sus hermanos menores.

En sus alegatos finales, el fiscal interviniente sostuvo que los abusos también ocurrieron posteriormente en otros lugares fuera del domicilio, específicamente en moteles mencionados por la víctima, donde los hechos se habrían repetido en múltiples ocasiones entre 2013 y 2017.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Rossana Maldonado, argumentó que durante el desarrollo del juicio oral y público se produjeron pruebas testimoniales, documentales y periciales que demostraron fehacientemente con grado de certeza positiva la participación del acusado en la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. En consecuencia, el tribunal lo condenó a cumplir la ejemplar condena de 27 años de prisión.

Recordemos que la pena en Paraguay por el hecho punible de abuso sexual infantil fue elevada a 30 años de cárcel, como pena máxima. Lo más grave es que el 87% de los casos ocurren en su propio entorno familiar, como fue este caso.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso hacia la modernización de sus procedimientos con la puesta en funcionamiento de una plataforma digital de gestión de expedientes que permitirá a abogados y demás profesionales realizar el seguimiento remoto de las causas tramitadas ante esta instancia, sin necesidad de acudir físicamente al tribunal para conocer el estado de sus presentaciones.

El sistema se encuentra plenamente operativo y fue concebido como una herramienta destinada a fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las acciones de inconstitucionalidad, excepciones y consultas sometidas a consideración de la Sala Constitucional. A través de la plataforma, los usuarios podrán acceder a información actualizada sobre el movimiento de los expedientes desde cualquier lugar, facilitando un monitoreo más ágil y transparente de los procesos.

Desde el máximo tribunal se aclaró que la iniciativa no constituye la implementación del Expediente Judicial Electrónico dentro de la Sala Constitucional. Se trata, específicamente, de una plataforma de gestión orientada al seguimiento administrativo de los expedientes y al conocimiento de las distintas actuaciones que se producen durante su tramitación.

La herramienta busca responder a una demanda histórica de los profesionales del derecho, quienes frecuentemente debían trasladarse hasta la sede judicial para verificar el avance de sus causas. Con el nuevo mecanismo, esa información podrá ser consultada de manera remota, reduciendo tiempos y facilitando el acceso a datos sobre el estado procesal de cada expediente.

La información fue confirmada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander Dans, quien ha impulsado diversas medidas orientadas a optimizar la gestión de los procesos constitucionales y fortalecer los controles internos dentro de esta dependencia judicial.

La digitalización del seguimiento de expedientes forma parte de una serie de acciones encaminadas a mejorar la eficiencia administrativa de la Sala Constitucional, una instancia que históricamente ha enfrentado desafíos relacionados con la acumulación de causas y los extensos tiempos de resolución. Con la incorporación de herramientas tecnológicas para el control de la tramitación, se busca dotar de mayor transparencia y previsibilidad al recorrido de los expedientes, permitiendo a las partes interesadas conocer en tiempo real los movimientos registrados en sus procesos.

La expectativa institucional es que esta modalidad contribuya a una gestión más ordenada y accesible, reforzando la trazabilidad de las actuaciones y facilitando el control permanente por parte de los profesionales que litigan ante la jurisdicción constitucional.

Los juzgados de garantías de la Capital registraron una semana de significativa actividad procesal, con la realización de 51 audiencias preliminares entre el 11 y el 13 de mayo, según el más reciente informe elaborado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. Los números reflejan un importante movimiento en los despachos judiciales y evidencian el avance de causas que se encuentran en una etapa decisiva dentro del proceso penal.

El reporte abarca el seguimiento de audiencias programadas en los Juzgados Penales de Garantías de Capital, los especializados en Delitos Económicos y Crimen Organizado, así como en los Juzgados Penales de la Adolescencia. En total fueron agendadas 87 diligencias, de las cuales 51 pudieron desarrollarse efectivamente, lo que representa el 59 % del total previsto.

La cifra cobra relevancia considerando que la audiencia preliminar constituye una de las fases más importantes del procedimiento penal, ya que en ella se define si una causa será elevada a juicio oral, si corresponde la aplicación de una salida alternativa o si existen elementos para adoptar otras decisiones procesales.

No obstante, el informe también señala que 36 audiencias fueron suspendidas, equivalentes al 41 % de las convocatorias programadas. Entre los principales motivos figuran las incomparecencias de las partes involucradas, que motivaron 16 suspensiones. A ello se suman 12 casos en los que se presentaron solicitudes de postergación, una suspensión por planteamientos procesales, otra debido a inconvenientes con el traslado penitenciario y seis derivadas de la renuncia de la defensa técnica.

Los datos fueron relevados por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional como parte de su monitoreo permanente del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. El análisis comprende a los Juzgados Penales de Garantías de Capital y de Delitos Económicos, los juzgados especializados en Crimen Organizado de primer, segundo y tercer turno, además de los Juzgados Penales de la Adolescencia de primer y segundo turno.

El balance de la semana muestra una agenda judicial activa y un volumen considerable de audiencias efectivamente realizadas, permitiendo avanzar en la tramitación de expedientes de distintas materias y complejidades dentro del sistema de justicia penal de la Capital.

El Tribunal de Sentencia ordenó la prisión preventiva del exdiputado Erico Galeano, condenado a 13 años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal vinculados al narcotráfico. La medida fue adoptada a pedido del Ministerio Público.

El encausado pasa a formar parte de los reclusos del penal de Tacumbú desde martes con lo que la sentencia aplicada inicia su formal cumplimiento.

El colegiado, presidido por el magistrado Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, concluyó durante el juicio oral quedaron plenamente acreditados los vínculos de Galeano con la estructura criminal encabezada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, identificados por las autoridades como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína.

Entre los principales elementos valorados por el Tribunal figura la adquisición de un inmueble en el complejo Aqua Village por USD 210.599, operación que no fue incluida inicialmente en la declaración jurada patrimonial del entonces legislador. Según la sentencia, la propiedad fue posteriormente vendida por USD 1.000.000 en efectivo a Hugo González Ramos, en una transacción que, de acuerdo con los jueces, tuvo como objetivo ocultar al verdadero comprador, Miguel Ángel Insfrán.

La resolución también señala que Galeano presentó una rectificación de su declaración patrimonial en 2022, consignando para el inmueble un valor de 4.200 millones de guaraníes, monto considerablemente superior al declarado originalmente.
Otro de los puntos considerados por el Tribunal fue la utilización de una aeronave perteneciente al condenado.

Conforme a las pruebas expuestas durante el juicio, Galeano habría facilitado el avión para el traslado de Insfrán y otros integrantes de la organización dentro del territorio nacional. Los magistrados sostuvieron que la aeronave fue empleada en operaciones vinculadas al tráfico de cocaína. La sentencia igualmente refiere que Galeano recibió importantes sumas de dinero en el marco de su relación con miembros de la estructura criminal. De acuerdo con el fallo, esos fondos fueron invertidos posteriormente en el Club Deportivo Capiatá mediante registros contables presentados como créditos o cuentas a cobrar.

Al fundamentar la condena, el presidente del Tribunal, Pablino Barreto, afirmó que la introducción de esos recursos al circuito formal constituyó un mecanismo de lavado de activos. “El dinero ilícito, su introducción en el club deportivo y su posterior registro contable son indicativos de una simulación del origen de los fondos”, sostuvo el magistrado durante la lectura de la sentencia.

Por su parte, el Ministerio Público, representado en el proceso por el fiscal Deny Yoon Pak, argumentó que Galeano no solo participó en operaciones comerciales vinculadas a la organización, sino que además brindó apoyo logístico a sus integrantes, entre ellos Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, mediante la cesión de su aeronave y la recepción de pagos derivados de esa colaboración.

La sentencia concluye que entre los años 2020 y 2021 el legislador colaboró con la estructura criminal y obtuvo beneficios económicos provenientes de dicha relación, configurándose, según el Tribunal, los elementos necesarios para su condena por asociación criminal y lavado de activos.