La causa abierta contra un abogado por presuntos hechos de espionaje, violación de la privacidad y delitos informáticos avanzó a una nueva etapa judicial, luego de que el juez Yoan Paul López resolviera elevar el caso a juicio oral y público. El expediente, impulsado por la agente fiscal Irma Llano, expone una serie de graves vulneraciones a la intimidad que, según la investigación del Ministerio Público, se habrían prolongado durante años y afectan a una agente fiscal, expareja del acusado.

De acuerdo con la acusación, el hombre habría desplegado un esquema sistemático de control y vigilancia sobre la mujer con quien convivió durante 12 años de matrimonio. Entre los elementos reunidos por la Fiscalía figura la instalación de dispositivos GPS en el vehículo de la víctima, con los que supuestamente monitoreaba sus movimientos de manera permanente.

La investigación también sostiene que el acusado colocó cámaras ocultas dentro de la vivienda que compartían, incluyendo dispositivos dirigidos directamente hacia la cama matrimonial, dentro de la habitación principal. Para el Ministerio Público, estos hechos constituyen una invasión extrema a la intimidad y reflejan un patrón de conducta orientado al control absoluto de la vida privada de la víctima.

Pero las acusaciones no se limitan únicamente al espionaje físico. Según la carpeta fiscal, el abogado también habría utilizado herramientas informáticas para acceder de manera indebida a correos electrónicos, redes sociales, conversaciones privadas e incluso cuentas bancarias de su expareja, vulnerando sistemas de comunicación y datos personales sin autorización.

La Fiscalía acusó al procesado por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, además de pornografía infantil. Sobre este último punto, la investigación señala que el mismo modus operandi habría sido aplicado contra una adolescente, situación que amplió la gravedad del caso y derivó en nuevas imputaciones.

La decisión del juez Yoan Paul López de elevar la causa a juicio oral abre ahora la etapa en la que el Ministerio Público deberá probar con las evidencias recolectadas durante la investigación los hechos atribuidos al procesado. El proceso judicial se perfila como uno de los casos más sensibles relacionados con violencia digital, invasión a la privacidad y utilización de herramientas tecnológicas para el control y vigilancia de personas.

El expediente también deja al descubierto una problemática cada vez más frecuente: la vulnerabilidad a la que están expuestas las personas frente al uso indebido de tecnologías de rastreo y espionaje, incluso dentro del entorno más íntimo y de confianza. El hecho de que la principal víctima sea una agente del Ministerio Público evidencia, además, que este tipo de situaciones puede afectar a cualquier persona, sin distinción de cargo o función pública.

Con la elevación de la causa a juicio oral y público, será ahora un Tribunal de Sentencia el encargado de determinar la responsabilidad penal del acusado en los hechos denunciados.

El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Segunda Sala, rechazó uno de los últimos incidentes promovidos por la defensa del exsenador Erico Galeano condenado a 13 años de prisión por colaborar con la estructura criminal vinculada a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Con esta resolución, el tribunal confirmó una decisión previa del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado y dejó sin efecto el recurso de reposición planteado por la defensa, que buscaba frenar actuaciones relacionadas con la ejecución de la condena impulsada por el Ministerio Público.

La resolución ratifica el Auto Interlocutorio N° 455, dictado el 13 de mayo de 2026, mediante el cual el Tribunal de Sentencia había rechazado el recurso presentado contra una providencia judicial vinculada a la prosecución del proceso.

El colegiado de Apelación sostuvo que la providencia cuestionada corresponde a una medida de trámite dictada en ejercicio de las facultades ordenatorias de los jueces, con el objetivo de permitir el control de las pruebas ofrecidas y garantizar la continuidad del procedimiento judicial.

En su análisis, los camaristas señalaron además que tanto la sentencia condenatoria como el acuerdo y sentencia posteriores continúan recurridos mediante una acción extraordinaria de casación. No obstante, concluyeron que los argumentos expuestos por la defensa no resultan suficientes para revocar la providencia atacada.

La decisión representa un nuevo revés judicial para el exparlamentario, cuya defensa ha impulsado distintos incidentes y recursos en busca de evitar la ejecución de la pena privativa de libertad dictada en su contra.

El Ministerio Público sostiene que el condenado formó parte del esquema de apoyo a la organización criminal liderada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y por Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”, considerados piezas centrales dentro de una estructura investigada por lavado de dinero y narcotráfico en el marco del operativo A Ultranza Py.

La condena de 13 años de prisión fue dictada por un Tribunal Especializado en Crimen Organizado, que concluyó que el exsenador colaboró con la organización criminal mediante distintas operaciones y mecanismos que favorecieron las actividades del grupo investigado.

Pese a que la defensa mantiene abiertos recursos ante instancias superiores, la Fiscalía continúa promoviendo el cumplimiento efectivo de la condena, mientras avanzan las actuaciones judiciales relacionadas con la ejecución de la pena.

La elevada cantidad de causas elevadas a juicio oral volvió a poner en evidencia este lunes la fuerte recarga laboral que soportan los tribunales de Sentencia de la capital. Solo para la jornada de este 18 de mayo fueron fijados 32 juicios orales, una cifra que refleja la creciente presión sobre magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales.

Uno de los casos más llamativos se registra en el Tribunal de Sentencia Especializado integrado por los magistrados María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk. El colegiado tiene a su cargo siete juicios orales en un solo día, con audiencias programadas prácticamente de manera consecutiva, con intervalos de apenas 30 minutos o una hora entre cada convocatoria.

Incluso, el último juicio fijado para la fecha fue marcado para las 13:30, lo que vuelve a abrir el debate sobre la capacidad material y humana de los tribunales para desarrollar procesos complejos con el tiempo y la atención que requieren.

La situación no es nueva. Desde hace varios años, nuestro medio ha alertado sobre este hecho con distintos sectores del sistema judicial y las dificultades operativas que esto genera en la administración de justicia. La sobrecarga afecta no solamente a los jueces, sino también a fiscales, defensores públicos y abogados particulares, quienes en muchos casos deben dividirse entre varias audiencias simultáneas.

En el caso de los tribunales especializados, la problemática adquiere una dimensión aún más sensible. A diferencia de los tribunales ordinarios, estos órganos atienden causas consideradas de alta complejidad, vinculadas generalmente a crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y otros hechos punibles que requieren un análisis exhaustivo de pruebas documentales, periciales y testimoniales.

Pese a ello, la cantidad de procesos que llegan a etapa de juicio no ha disminuido y continúa incrementando la carga sobre los colegiados. La dinámica diaria obliga, en ocasiones, a que los magistrados salgan de una audiencia para ingresar inmediatamente a otra, con escaso margen para el análisis profundo de cada expediente.

Fuentes judiciales señalan que esta realidad compromete no solo el funcionamiento del sistema, sino también la calidad del debate oral, teniendo en cuenta que los jueces deben mantener el mismo nivel de concentración y valoración jurídica en cada causa antes de emitir una sentencia.

La acumulación de juicios también genera constantes reprogramaciones, suspensiones y extensas jornadas laborales dentro del Poder Judicial, una situación que hasta ahora no encuentra una solución estructural pese a los reiterados reclamos realizados desde distintos sectores vinculados al sistema penal.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado viernes, rechazó el Hábeas Corpus Preventivo promovido por la defensa de Erico Galeano Segovia al considerar que no se cumplen los requisitos constitucionales para la procedencia de esta garantía.

El principal argumento del máximo tribunal es que el hábeas corpus preventivo, previsto en el artículo 133 inciso 1 de la Constitución Nacional, solo puede ser admitido cuando exista una amenaza inminente de privación ilegal de libertad. Sin embargo, los ministros concluyeron que en este caso no existe tal situación.

La resolución sostiene que Galeano cuenta con una sentencia condenatoria de 13 años de prisión en la causa vinculada a crimen organizado, fallo que además ya fue confirmado en segunda instancia. A partir de ello, la Corte entiende que cualquier medida restrictiva de libertad que eventualmente pueda dictarse se encuentra respaldada por resoluciones judiciales y dentro del marco legal vigente.

Otro de los puntos centrales del rechazo es que el pedido de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público fue considerado una actuación legítima y dentro de las atribuciones de la Fiscalía. Según la Sala Penal, aun si el juzgado competente resolviera ordenar la prisión preventiva, esta decisión no constituiría una privación ilegítima de libertad.

De esta manera, los ministros concluyeron que no existe un peligro concreto ni arbitrario contra la libertad de Galeano, condición indispensable para habilitar un hábeas corpus preventivo.

“Al no existir una amenaza inminente de privación ilegal de libertad, corresponde no hacer lugar al Hábeas Corpus presentado”, señala la resolución.

La acción fue promovida por Erico Galeano Segovia con patrocinio de los abogados Luis Fernando Almada y Ricardo Raúl Estigarribia. La decisión fue acompañada por los ministros María Carolina Llanes Ocampos y Luis María Benítez Riera.

Un análisis realizado por el Observatorio del Ministerio Público revela que las mujeres continúan siendo las principales afectadas por hechos de violencia familiar en Paraguay. De acuerdo con el estudio, ocho de cada diez víctimas corresponden al sexo femenino.

La investigación fue desarrollada por el Departamento de Estadísticas de la institución mediante un método de muestreo que incluyó expedientes tramitados en Asunción durante los años 2024 y 2025. Para el estudio se examinaron 160 causas, de las cuales 80 pertenecen al año pasado y otras 80 al presente periodo.

En total, las unidades especializadas de la capital registraron 9.792 denuncias por violencia familiar entre ambos años. De esa cifra, 5.143 casos corresponden a 2024 y 4.649 a 2025, sin incluir las causas procesadas en otras zonas del país.

El informe señala que en el 90 % de las denuncias se identificó una sola víctima, mientras que el restante 10 % involucró a dos o más personas afectadas.

En cuanto al perfil de las víctimas, el grupo más afectado es el de mujeres de entre 30 y 44 años, que representa el 37 % de los casos analizados. Le siguen las jóvenes de 18 a 29 años, con el 31 %. El estudio destaca que muchas de ellas son madres, estudiantes o trabajadoras.

Respecto a las modalidades de agresión, la combinación de violencia física y psicológica es la más frecuente, presente en el 50 % de los hechos denunciados. Otro 26 % corresponde exclusivamente a agresiones verbales y psicológicas, como amenazas, hostigamientos, insultos e intimidaciones. En tanto, el 21 % se refiere únicamente a violencia física.

Dentro de las agresiones físicas se incluyen golpes, lesiones con armas blancas, ataques con objetos contundentes y heridas provocadas incluso con uñas o dientes, según detalla el reporte estadístico.

La mayoría de los episodios violentos ocurrió dentro de viviendas, escenario que concentra el 88 % de los casos. Además, el informe indica que en siete de cada diez denuncias el agresor convivía con la víctima en el mismo domicilio.

Aunque en menor medida, también se registraron hechos en espacios públicos, vehículos, lugares de trabajo y mediante llamadas telefónicas.

El estudio identifica a las parejas o convivientes actuales como los principales agresores denunciados. En segundo lugar aparecen exparejas y exconvivientes. También se reportan casos protagonizados por hijos, hermanos y madres.

En relación con los agresores, el grupo etario predominante es el de personas de entre 30 y 44 años, que representa el 45 % del total. Le siguen los jóvenes de 18 a 29 años, con el 34 %.

Otro aspecto señalado por el informe es que los fines de semana concentran la mayor cantidad de denuncias. Los domingos registraron 1.873 casos, mientras que los sábados alcanzaron 1.653 denuncias. Los lunes también figuran entre los días con mayor incidencia.

Por departamentos, las mayores cifras de denuncias se reportan en Asunción, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central.