El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Pablino Barreto rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa del exsenador Erico Galeano, lo que impidió el tratamiento inmediato del pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Con la decisión, el incidente será remitido ahora a un tribunal de alzada para su análisis.

La defensa del exlegislador había planteado previamente una acción de habeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia y, sobre esa base, promovió la reposición cuestionando la legalidad del requerimiento fiscal. Los abogados sostienen que el pedido de prisión no corresponde dentro de la vía procesal utilizada por la Fiscalía.

Mientras el incidente queda pendiente de resolución en segunda instancia, la máxima instancia judicial también deberá pronunciarse sobre el Habeas Corpus Preventivo impulsado por Galeano, con el que busca evitar el cumplimiento de la condena de 13 años de pena privativa de libertad que le fue impuesta por lavado de dinero y asociación criminal.

Durante el juicio oral, el Tribunal consideró plenamente acreditado que Galeano mantuvo vínculos con la estructura criminal encabezada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, señalados por la Fiscalía como líderes de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos.

La sentencia describe varias operaciones financieras y comerciales que, según los jueces, evidenciaron la participación del exparlamentario dentro del esquema criminal. Uno de los hechos resaltados fue la compra de un inmueble en el complejo Aqua Village por 210.599 dólares, monto que inicialmente no fue incluido en su declaración jurada patrimonial.

Posteriormente, esa propiedad fue vendida por un millón de dólares en efectivo en una operación que, de acuerdo con el fallo, habría tenido como finalidad ocultar la identidad del verdadero comprador, presuntamente vinculado al narcotráfico. Años más tarde, Galeano rectificó su declaración patrimonial consignando un valor considerablemente superior al declarado inicialmente.

El colegiado también concluyó que el entonces senador facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Insfrán y otros integrantes de la organización dentro del territorio nacional. Según las pruebas ventiladas en el juicio, la aeronave habría sido utilizada en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Otro de los puntos centrales de la condena fue la recepción de importantes sumas de dinero que posteriormente habrían sido canalizadas hacia el Club Deportivo Capiatá. Para el Tribunal, estas inversiones constituyeron maniobras de lavado de activos, al introducir dinero de origen ilícito dentro de una estructura formal para otorgarle apariencia de legalidad.

El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo integrado, además de Barreto, por los magistrados Juan Dávalos Bogarin e Inés Galarza.

Autoridades de la Corte Suprema de Justicia realizaron este martes una inspección técnica en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de avanzar en mejoras estructurales y operativas en esta dependencia que atiende casos urgentes fuera del horario habitual.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, junto con la ministra Carolina Llanes. Durante el recorrido analizaron las condiciones de funcionamiento del área, especialmente en lo relacionado con infraestructura, seguridad y distribución de espacios.

La Oficina de Atención Permanente cumple una función esencial en la recepción de denuncias y diligencias urgentes, principalmente en situaciones de violencia familiar y otros hechos que requieren intervención judicial inmediata.

Según informaron, el relevamiento permitió detectar puntos prioritarios para optimizar la atención al público y fortalecer las condiciones laborales de jueces y funcionarios. Entre las medidas evaluadas figuran una reorganización interna de los sectores, mejoras en los accesos y la adecuación de espacios cercanos para destinar la planta baja principalmente a la atención ciudadana.

Martínez Simón señaló que las conclusiones obtenidas servirán para implementar acciones concretas orientadas a reforzar la capacidad operativa de esta oficina, considerada clave para garantizar el acceso permanente a la justicia.

Por su parte, los jueces penales de garantías Lici Teresita Sánchez y Rolando Duarte coincidieron en la necesidad de una modernización integral de la dependencia, además de mayores medidas de seguridad y una mejor circulación dentro de la sede judicial.

También participaron de la actividad representantes de distintas áreas técnicas y administrativas de la institución, entre ellos el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez; el administrador de Fueros, Fernando Insaurralde; y la directora de Infraestructura Física, Bertha Pastore.

Estas acciones forman parte del proceso de fortalecimiento institucional impulsado por la Corte Suprema de Justicia para ofrecer un servicio más eficiente y accesible a la ciudadanía.

El senador Erico Galeano Segovia presentó este martes su renuncia indeclinable al cargo de senador, en medio de un escenario judicial adverso, luego de que su condena a 13 años de prisión fuera recientemente confirmada en el marco de una causa vinculada a presuntos hechos de colaboración con una estructura criminal asociada a Sebastián Marset.

La dimisión fue dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Gustavo Núñez, y remitida también al Congreso Nacional, donde Galeano oficializó su decisión de dejar el cargo para el cual había sido electo para el periodo constitucional 2023–2028.

En su nota de renuncia, el legislador sostiene que la decisión responde a “motivos de carácter estrictamente personal” y afirma haberla tomado tras una “profunda reflexión”. Asimismo, expresa respeto hacia la investidura del cargo, el Parlamento y la ciudadanía paraguaya.

Galeano señala en el documento que, durante su gestión legislativa, procuró desempeñar sus funciones “con responsabilidad, compromiso institucional y apego a los principios republicanos” establecidos en la Constitución Nacional.

En paralelo, el Ministerio Público ha solicitado el cumplimiento de la sentencia que, según se informó, quedó firme tras su confirmación judicial, correspondiente a 13 años de pena privativa de libertad. La acusación está relacionada con presuntos vínculos y colaboración con una estructura criminal liderada por Marset, un caso que ha tenido amplia repercusión en el ámbito político y judicial del país.

Durante el juicio, el Tribunal consideró plenamente probado que Galeano mantuvo vínculos con la organización encabezada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, señalados como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína. La sentencia detalla una serie de operaciones que evidencian su participación en el esquema.

Entre los hechos más relevantes, se menciona la compra de un inmueble en el complejo Aqua Village por 210.599 dólares, operación que no fue incluida en su declaración jurada. Posteriormente, la propiedad fue vendida por un millón de dólares en efectivo en una transacción que, según los jueces, buscó ocultar al verdadero comprador, vinculado al narcotráfico. Años después, el entonces legislador rectificó su declaración patrimonial, consignando un valor significativamente superior al inicialmente declarado.

El colegiado también dio por acreditado que Galeano facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Insfrán y otros miembros de la organización dentro del país. Según lo expuesto en juicio, la aeronave habría sido utilizada en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

Otro punto clave de la condena es la recepción de importantes sumas de dinero, que posteriormente fueron invertidas en el Club Deportivo Capiatá. Para el Tribunal, esta maniobra constituyó un mecanismo de lavado de activos, al introducir dinero de origen ilícito en una actividad formal para darle apariencia de legalidad.

La experta en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo cuestionó duramente la sentencia dictada por la jueza Lourdes Peña en el caso del periodista Alfredo Guachiré, condenado tras una querella por difamación y calumnia promovida por la empresaria Cristina Kress en relación con publicaciones vinculadas a Frutika.

Peralta Merlo señaló que analizó íntegramente el fallo y considera que la resolución presenta “errores graves” en materia de protección a la libertad de expresión y estándares internacionales de derechos humanos.

Según explicó, uno de los principales cuestionamientos apunta a que la magistrada habría aplicado el Código Penal “de forma literal y casi mecánica”, sin realizar “un análisis constitucional ni convencional serio” respecto al equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión.

“La jueza falla estrepitosamente en el balance entre libertad de expresión y honor”, sostuvo la especialista, al afirmar que la sentencia ignora disposiciones constitucionales y estándares internacionales, además de jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia.

La abogada remarcó que las publicaciones realizadas por Guachiré abordaban supuestas irregularidades vinculadas a exportaciones paraguayas, operaciones financieras y posibles hechos relacionados con narcotráfico, cuestiones que —a su criterio— constituyen un tema de evidente interés público.

“Paraguay es uno de los países con mayor riesgo de narcotráfico vía contenedores de exportación. Sin embargo, llamativamente la jueza lo reduce a un conflicto privado entre socios de una empresa”, expresó.

Peralta Merlo también cuestionó el análisis realizado sobre la actuación periodística de Guachiré. Indicó que la propia sentencia reconoce que el periodista accedió a documentos y antecedentes relacionados con el caso, además de haber intentado contactar a Kress para obtener su versión.

En ese sentido, afirmó que el fallo equipara “cualquier énfasis, omisión o interpretación con dolo y desprecio total a la verdad”, cuando según dijo, los estándares interamericanos no exigen demostrar una “verdad absoluta”, sino actuar con diligencia razonable y sin intención deliberada de difundir información falsa.

Otro de los puntos criticados por la experta fue la sanción impuesta al periodista, consistente en 300 días-multa, una composición económica de 20.000 dólares y la publicación obligatoria de la sentencia.

“Es una sanción muy pesada para un caso de expresión. Tiene un claro efecto disuasivo sobre el periodismo investigativo”, manifestó.

Finalmente, Peralta Merlo advirtió que, desde su perspectiva, la resolución judicial “está apartada de la lógica estructural del derecho y de la protección interamericana de la libertad de expresión”, y alertó que el caso podría derivar en futuras responsabilidades internacionales para el Estado paraguayo.