El senador Erico Galeano Segovia presentó este martes su renuncia indeclinable al cargo de senador, en medio de un escenario judicial adverso, luego de que su condena a 13 años de prisión fuera recientemente confirmada en el marco de una causa vinculada a presuntos hechos de colaboración con una estructura criminal asociada a Sebastián Marset.
La dimisión fue dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Gustavo Núñez, y remitida también al Congreso Nacional, donde Galeano oficializó su decisión de dejar el cargo para el cual había sido electo para el periodo constitucional 2023–2028.
En su nota de renuncia, el legislador sostiene que la decisión responde a “motivos de carácter estrictamente personal” y afirma haberla tomado tras una “profunda reflexión”. Asimismo, expresa respeto hacia la investidura del cargo, el Parlamento y la ciudadanía paraguaya.
Galeano señala en el documento que, durante su gestión legislativa, procuró desempeñar sus funciones “con responsabilidad, compromiso institucional y apego a los principios republicanos” establecidos en la Constitución Nacional.
En paralelo, el Ministerio Público ha solicitado el cumplimiento de la sentencia que, según se informó, quedó firme tras su confirmación judicial, correspondiente a 13 años de pena privativa de libertad. La acusación está relacionada con presuntos vínculos y colaboración con una estructura criminal liderada por Marset, un caso que ha tenido amplia repercusión en el ámbito político y judicial del país.
Durante el juicio, el Tribunal consideró plenamente probado que Galeano mantuvo vínculos con la organización encabezada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, señalados como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína. La sentencia detalla una serie de operaciones que evidencian su participación en el esquema.
Entre los hechos más relevantes, se menciona la compra de un inmueble en el complejo Aqua Village por 210.599 dólares, operación que no fue incluida en su declaración jurada. Posteriormente, la propiedad fue vendida por un millón de dólares en efectivo en una transacción que, según los jueces, buscó ocultar al verdadero comprador, vinculado al narcotráfico. Años después, el entonces legislador rectificó su declaración patrimonial, consignando un valor significativamente superior al inicialmente declarado.
El colegiado también dio por acreditado que Galeano facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Insfrán y otros miembros de la organización dentro del país. Según lo expuesto en juicio, la aeronave habría sido utilizada en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.
Otro punto clave de la condena es la recepción de importantes sumas de dinero, que posteriormente fueron invertidas en el Club Deportivo Capiatá. Para el Tribunal, esta maniobra constituyó un mecanismo de lavado de activos, al introducir dinero de origen ilícito en una actividad formal para darle apariencia de legalidad.
